La jugada del gobernador Carlos Caicedo: recusa al fiscal y a sus delegados ante la Corte Suprema para evitar imputación por graves hechos

El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, está en la mira de la justicia. La Fiscalía ha anunciado que le imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El 1 de abril de 2015, fue suscrito un contrato para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta.

El valor definido en su momento fue de 6.954 millones de pesos; sin embargo, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de más de 979 millones de pesos, representado en sobrecostos.

Este contrato no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron suspendidas en 2018. En las verificaciones se conoció que se reanudaron a finales de diciembre de 2022. En este frente investigativo el exalcalde y actual gobernador de Magdalena será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.

La Fiscalía identificó presuntas inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato suscrito el 28 de octubre de 2015, por valor de 2.682 millones de pesos, y cuyo objeto era la adecuación del Coliseo de Gaira. En la investigación fue detectado un posible peculado de 690 millones de pesos, materializado en sobrecostos. Asimismo, se constató que, trascurridos más de siete años, el escenario no ha sido entregado en condiciones adecuadas, se encontraría en deterioro e inutilización.

La imputación tiene relación posibles falsedades documentales, y varias inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato de obra del 30 de diciembre de 2014, que contempló la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino.

En la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de 10.044 millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos. Asimismo, se estableció que el plazo previsto de cinco meses se amplió a tres años.

Por estos hechos, el entonces alcalde, Carlos Caicedo Omar, será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

En una jugada conocida en las últimas horas, Caicedo busca postergar la imputación por su vinculación al llamado caso del ‘Robo al Magdalena’. En dicho proceso también están enredados sus antecesores Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes, quienes habrían celebrado de manera irregular de cinco contratos avaluados en 457 mil millones de pesos durante su gestión.

En un documento conocido en exclusiva por SEMANA, Caicedo presentó una recusación contra el fiscal General Francisco Barbosa; la vicefiscal General, Martha Mancera y los fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes Durán, Andrés Alberto Palencia Fajardo, Leonardo Augusto Cabana Fonseca y Víctor Andrés Salcedo Fuentes.

Esto por considerar que ha existido un prejuzgamiento y un desconocimiento a sus derechos procesales y a la defensa por parte de la cúpula de la Fiscalía General. La base de su afirmación es la publicación del mismo comunicado de prensa, el lunes 13 de febrero, con el cual se le comunicó su vinculación con este escándalo de corrupción. Para Caicedo y su defensa, lo manifestado allí desconoce la presunción de inocencia.

La Fiscalía anunció también que iba a pedir una medida privativa de la libertad en su contra por considerarlo un peligro para la sociedad y el riesgo de fuga, esto pese a que los hechos que se le endilgan representan un “detrimento patrimonial” muchísimo más bajo por el que fueron vinculados los exgobernadores Cotes, quienes sí se podrán defender en libertad.

La defensa de Caicedo cita que un día después el jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán dio una entrevista en una emisora nacional en la que anunció, incluso, nuevas imputaciones en contra del actual Gobernador del Magdalena, lo que representa un prejuzgamiento y una amenaza. “No queda la más nimia duda de que la existencia de una división de trabajo bien definida y estructurada para entorpecer mi gestión, atacando mi integridad moral y con la firme intención de lograr mi destitución a través de cualquier mecanismo administrativo o judicial”.

“La mala fe de la Fiscalía es evidente, se cae por su propio peso el argumento contrario sobre que procede rectamente al afirmar Jaimes Durán que se han archivado más de 80 investigaciones, toda vez que ello lo único que refleja es utilización de la justicia y el abuso del derecho de denunciar”, precisa uno de los apartes de la extensa recusación que deberá ser resuelta, en primera medida, por la Corte Suprema de Justicia.

Caicedo recuerda que por las gestiones de Gabriel Jaimes estuvo privado de su libertad durante cinco años hasta que fue declarado inocente por el Tribunal Superior de Bogotá, situación que motivó que presentara una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la Fiscalía General de la Nación, que ahora preside Barbosa.

Esta nueva imputación de cargos, sostiene, busca acabar con su vida política, teniendo en cuenta que en los últimos años se le ha querido vincular con varios procesos penales relacionados con vínculos con grupos armados ilegales, homicidios, amenazas y ahora irregularidades en contratación cuando fue alcalde de Santa Marta.