La Jurisdicción de Paz llamará a versión a 1.750 militares en casos de falsos positivos

Aunque la Fiscalía General de la Nación ya envió su informe de falsos positivos, no perderá sus competencias para seguir investigando estos casos, según lo acaba de precisar la Jurisdicción Especial para la Paz en un comunicado. En la apertura del caso 003, que corresponde al de "muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado", la Sala de Reconocimiento aseguró que hasta que no tenga conclusiones y el expediente sea entregado al Tribunal de Paz, la justicia ordinaria podrá continuar con las pesquisas. 

Auto 005 - Apertura Caso 003 Muertes Ilegítimamente Presentadas Como Baja en Combate SRVR by Semana on Scribd

Para llegar a esta conclusión, el comunicado hace una interpretación del aparte 48 del punto 5 del Acuerdo Final, para determinar que la priorización de situaciones no implica la pérdida "automática e inmediata" de la competencia que tiene la Fiscalía ni las demás autoridades ordinarias. En este sentido, anunció que en los próximos días comenzará a llamar a los 1.750 militares que se presentaron voluntariamente a la JEP para que adelanten una versión libre. 

El auto le pide expresamente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que remita los expedientes que tenga en su poder relacionados con comparecientes que hubieran pertenecido a las Divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército Nacional.

Para priorizar este capítulo en el conflicto armado del país, la JEP se basó en el impacto por la vulnerabilidad de las víctimas; en la gravedad y magnitud del fenómeno; en su extensión en el territorio nacional, por el número y representatividad de los presuntos responsables, y en el criterio complementario de disponibilidad de información. También tuvo en cuenta el llamado de atención que hizo la Corte Penal Internacional a Colombia, teniendo en cuenta que en esta jurisdicción se adelanta un examen preliminar sobre la situación del país desde junio de 2004.

La Secretaría Ejecutiva de la JEP informó que recibió del Ministerio de Defensa 10 listados que en total incluyeron a 1.944 miembros de la fuerza pública que manifestaron expresamente su voluntad de comparecer ante la JEP. De estos, más del 90 por ciento lo hicieron por hechos relacionados con muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate, de acuerdo a las sentencias, acusaciones y otras piezas procesales relevantes que aportaron con su solicitud de acogimiento. 

Del total de voluntarios que tocó las puertas de la JEP, 1.750 comparecientes son integrantes del Ejército Nacional; a la fecha 965 miembros de la fuerza pública se han beneficiado con la libertad transitoria, anticipada y condicionada y otros 134 con la privación de la libertad en unidad militar o policial. Estas personas están involucradas en 2.586 casos relacionados en principio con hechos ocurridos en el marco del conflicto armado. 

Hace un par de semanas, la Fiscalía General entregó su informe número 5, que contiene información sobre 2.248 víctimas de falsos positivos en Colombia, ocurridos entre 1988 y 2014. De este universo, un 48 por ciento fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años; siendo los años del 2006 al 2008 la etapa más crítica. Esta época que coincide con la llegada del general (r.) Mario Montoya a la comandancia del Ejército. Luego de que la Fiscalía entregó su informe, el oficial del Ejército manifestó su sometimiento a la Justicia Especial para la Paz. 

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Días atrás también lo hizo el general Henry William Torres Escalante, quien es acusado de homicidio en persona protegida por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos campesinos identificados como Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas. Ambos fueron acribillados en marzo de 2007 en la finca El Triunfo en Aguazul, Casanare, y luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

Los perfiles de las víctimas incluyen defensores de los derechos humanos, sindicalistas, defensores de los derechos de las
mujeres, de las víctimas y las minorías; lesbianas, gais, bisexuales y transgénero; personas con discapacidad física o mental y adolescentes, entre otros. Entre las víctimas también se cuentan miembros de comunidades indígenas, especialmente kankuamos, wiwas y wayúus.

El de ejecuciones extrajudiciales es el tercer macrocaso que prioriza la JEP. El primero implica a las Farc y tiene que ver con los miles de secuestros perpetrados por esa guerrilla. El segundo, el 02, es relativo a la situación de Tumaco, en el que los habitantes nativos son los principales afectados y los responsables por igual son las Farc y miembros de la Fuerza Pública.