La JEP en su laberinto

La Jurisdicción Especial para la Paz es quizás la creación más sensible de los diálogos con las Farc. La idea de un tribunal especializado en resolver los grandes crímenes del conflicto constituía un hecho histórico no solo para Colombia, sino para el mundo, pues en otros países estos organismos apenas se han concentrado en juzgar al bando perdedor. Sin embargo, la puesta en marcha de ese sistema ha demostrado que la práctica del nuevo modelo es en extremo difícil.

Lleva apenas 12 meses de funcionamiento y ha recibido elogios de varios organismos internacionales, como la ONU. Pero quienes quieren eliminarla no le darán un compás de espera para que demuestre que puede cumplir las expectativas creadas en el acuerdo. En ese sentido, 2019 será para la JEP un año definitivo. Los magistrados de este nuevo tribunal arrancan con la presión de tomar la decisión más difícil de su corta historia: la extradición de Jesús Santrich. El organismo tiene hasta el 28 de enero para conceptuar si el expediente del exlíder guerrillero debe pasar o no a la Corte Suprema. Sea cual fuere la decisión, se da por descontado que medio país quedará inconforme.

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Si finalmente Colombia, con su aval, envía a Santrich a Estados Unidos, los demás líderes guerrilleros le perderían la confianza a ese sistema. En ese escenario, buena parte del país que cree en los acuerdos con las Farc sentirá que ganaron la pelea el uribismo y el fiscal Martínez, ambos muy escépticos y opositores de la justicia transicional. Pero si, por el contrario, la JEP argumenta que no existen las pruebas para adelantar el trámite de extradición, el nuevo organismo comenzaría 2019 con el rechazo de Estados Unidos, del gobierno, de la Fiscalía y el sector de la opinión pública que no cree que los guerrilleros deban tener un “trato más favorable” en términos penales. Por eso, gran parte del éxito de ese fallo estará no solo en la solidez de la argumentación, sino en la tranquilidad con que la JEP reciba la avalancha de críticas que se le viene.

Pero Santrich no es la única misión importante de la JEP. El expediente, como una papa caliente, ha distraído la atención de lo que además tiene a su cargo el nuevo organismo. Su primera gran tarea consiste en avanzar en los macroprocesos abiertos para investigar graves violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado. Este nuevo tribunal diseñó ese sistema para resolver los temas más importantes sin la avalancha que significaría estudiar uno a uno los miles de delitos cometidos en esas décadas.

En el primero de esos expedientes, la JEP investiga a 31 antiguos miembros del Estado Mayor de las Farc-EP por secuestro; en el segundo, los crímenes cometidos en el sur de Nariño; en el tercero, los falsos positivos; en el cuarto, los delitos cometidos en el Urabá, y en el quinto, los perpetrados en el Norte del Cauca. Hasta el momento ha hecho grandes avances en estos casos, lo que ha destacado la fiscalía de la Corte Penal Internacional en su Informe sobre Colombia.

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En apenas unos meses los magistrados han escuchado a cientos de víctimas de todo el país, incluyendo a Luis Eladio Pérez, Óscar Tulio Lizcano, Alan Jara, Sigifredo López, Íngrid Betancourt, Jorge Eduardo Gechem y Clara Rojas. Además, han llamado a versión libre a más de 40 comparecientes que han entregado información importante sobre los falsos positivos. En los casos territoriales han interrogado a algunos miembros clave de las Farc y han recibido informes sobre graves crímenes cometidos contra los pueblos indígenas.

En otro punto fundamental, la JEP deberá garantizar que quienes tienen que acudir a la justicia transicional contribuyan a satisfacer los derechos de las víctimas y, en especial, no volver a delinquir. Este elemento neurálgico de su funcionamiento le da razón de ser al sistema. Por ello, el año pasado la JEP pidió información a los 31 antiguos miembros del Estado Mayor de las Farc-EP y recibió respuesta de todos, salvo del Paisa, por lo que le inició un incidente de verificación del régimen de libertad condicional en el que se encuentra. El acuerdo de paz le da poderosos instrumentos que le permiten revocar beneficios de quienes reincidan o no digan toda la verdad necesaria para darle seriedad al sistema.

Al mismo tiempo, la JEP debe evitar que se cuelen personas que no hayan intervenido en el conflicto. La posibilidad de que terceros y agentes del Estado se acojan al sistema está generando una oleada de solicitudes de personas que quieren entrar en la JEP motivadas más por el ánimo de recibir beneficios que por un compromiso real de contribuir a la verdad y a la reparación de las víctimas. La Gata, el general Maza Márquez, los involucrados en la Yidispolítica y políticos condenados por paramilitarismo y muchas otras personas cuestionadas ya han tocado las puertas de una jurisdicción construida solamente para juzgar a quienes hayan cometido delitos en el conflicto.

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Algunos temas que en 2018 fueron una talanquera hoy parecen superados. El primero fue la indefinición de las reglas del juego. Finalmente, la Corte Constitucional emitió a finales de diciembre la esperada sentencia sobre la ley estatutaria que va a regular esa jurisdicción. En ese aspecto solo falta que el presidente Iván Duque sancione esa norma para que la JEP pueda arrancar en forma. Por otro lado, una de las peleas de fondo, la de los recursos de los bienes de las Farc, también se está disipando. En ese tema había una puja entre la Fiscalía y la JEP que podría resolver una fórmula intermedia. A finales del año pasado, el presidente Duque aseguró que la Fiscalía debería proceder con la extinción de dominio de estos, pero que esos recursos deberían servir para reparar a las víctimas.

Al final, el futuro de la JEP no solo depende de su capacidad de mostrar resultados, sino también de sobrevivir a los ataques de los sectores que quieren eliminarla. Apenas comenzado el año, varios congresistas la acusaron de solicitar incluir en el presupuesto recursos para una nómina paralela. El propio viceministro de Hacienda desmintió esa versión y reconoció que ese Ministerio había cometido un error al confundir la nómina ordinaria con un supuesto pago a funcionarios temporales.

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Ese episodio deja ver que el camino que tiene ese alto tribunal estará sembrado de espinas y que un sector político permanece a la espera de cualquier error que cometa el sistema. En un año electoral y en un país polarizado como Colombia, es imposible garantizar que la JEP sea ajena a esas presiones en su funcionamiento. Sin embargo, en ese nuevo tribunal hay mucho en juego. Al fin y al cabo ese nuevo organismo juzgará al menos a 6.000 colombianos, entre excombatientes y algunos terceros. La verdad que logre descubrir, las víctimas que pueda reparar y la justicia que imparta dependerán de lo que consolide la JEP en este año que comienza.