La justicia en Colombia: ¡Qué vergüenza!

Algo muy grave tiene que estar pasando en la Justicia para que los magistrados, no los acusados, estén en el banquillo. Este año tres presidentes de la Corte Suprema terminaron en el ojo del huracán. Luis Gabriel Miranda, quien ejerce el cargo actualmente, protagonizó toda una novela cuando un grupo de patrulleros encontró ‘mal parqueado’ a su hijo, usando indebidamente el carro oficial de la corte. A otros dos, Francisco Ricaurte y Pedro Munar, el Consejo de Estado les anuló su elección en el Consejo Superior de la Judicatura por haber utilizado ‘el yo te elijo, tú me eliges’ para hacerse nombrar. La Corte Constitucional, la más admirada de los colombianos, también sufrió un duro revés. Por primera vez en su historia un magistrado, Alberto Rojas Ríos tuvo que retirarse por un fallo judicial, en medio de la más agitada polémica.

La Justicia parece estar viviendo una transformación similar a la de El doctor Jekyll y el señor Hyde. La novela de Robert Louis Stevenson cuenta la historia de un abogado que sufre de un trastorno psiquiátrico de doble identidad que lo hace ser muy malo de noche y muy bueno de día. Muchos juristas comparan con esa trama lo que pasa en la rama judicial.

Las cortes, por ejemplo, han logrado ser un faro para el país. La Constitucional ha brillado con sus fallos sobre la reelección, el marco para la paz y las libertades individuales como el aborto. La Corte Suprema lideró las investigaciones de la parapolítica y el Consejo de Estado ha sido la primera corte en ponerles un tatequieto ético a sus colegas. Y lo mismo pasa con los jueces. Muchos de ellos arriesgan sus vidas en las condiciones más adversas para luchar contra el narcotráfico, las bandas criminales y la corrupción.

Pero a su vez, recientemente, la Justicia ha comenzado a tener un protagonismo también negativo. En las cortes, esa transformación ha sido muy clara. “Para cualquier jurista, ser magistrado era el mayor honor de su vida y la culminación de su carrera”, se lamenta el exmagistrado Hernando Yepes. Las peleas y los escándalos dentro del Palacio de Justicia se convirtieron en pan de cada día, tanto que los editoriales de El Tiempo y El Espectador pidieron la revocatoria de los magistrados. La rama judicial, además, este año se enfrascó en un paro que ha tenido en vilo al país por más de dos meses. Algunas de sus peticiones son justas, como la de formalizar a los funcionarios de descongestión, más de 8.000 personas (la tercera parte de la rama) que tienen contratos temporales con el Estado. Pero otras son simplemente imposibles, como frenar la reestructuración de la Fiscalía (que se hizo por ley y el gobierno no puede modificar).

Muchos magistrados han dado de qué hablar, pero hasta hace muy poco, los escándalos solo habían logrado permear el Consejo Superior de la Judicatura. El togado Henry Villarraga tuvo que renunciar cuando se hicieron públicos unos audios en los que hablaba de unos fallos con unos militares. Además, Angelino Lizcano, Julia Emma Garzón y el mismo Villarraga fueron acusados de manejar un carrusel de las pensiones en sus despachos, que le costaba millones de pesos al erario. Por eso, muchos juristas aseguran que ese historial ha hecho que no haya reforma a la Justicia que no elimine ese organismo.

Pero ese desprestigio se esparció en las otras cortes recientemente. El punto de quiebre fue el escándalo del crucero de la entonces presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz. Sus vacaciones hicieron público el escandaloso régimen de permisos (cinco días por mes) que se habían dado a sí mismas las altas cortes. Pero más grave aún, se reveló que Díaz se había ido con ocho magistrados del Tribunal de Bogotá, quienes supuestamente habían invitado a ese paseo, de los cuales dos aspiraban a lograr un cupo en la Corte Suprema y hoy están todavía en la lista de aspirantes. Díaz había recibido todo tipo de homenajes pues fue la primera mujer en ser presidenta de la Corte Suprema, sin embargo, ahora todos la conocen como ‘la magistrada viajera’.

Otros presidentes de esa corte, Francisco Ricaurte y Pedro Munar, también cayeron en desgracia. Ambos se convirtieron en el símbolo del ‘yo te elijo, tú me eliges’. En junio pasado el Consejo de Estado declaró nula, por esa causa, la elección de Ricaurte. Sin embargo, el togado se atornilló a su silla y a punta de recursos jurídicos se quedó cuatro meses más. Y como se diría coloquialmente, la Justicia ‘le salió a deber’. El magistrado se consideró víctima de una decisión ilegal y les echó la culpa a los periodistas. “Ojalá por el bien del país y la democracia la Justicia se imponga a la tiranía de la opinión”, dijo en una polémica carta en la que anunció también que demandará ante instancias internacionales.

Pero la cereza en el pastel de todos estos escándalos apareció cuando un grupo de patrulleros encontró al hijo del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda, supuestamente realizando “actos obscenos” en el vehículo oficial de la corte asignado a su papá. Las palabras del magistrado diciendo que había salido a defenderlo como lo hubiera hecho “cualquier padre preocupado por la integridad de los suyos”, generaron indignación. Al igual que Ricaurte, Miranda también culpó a los medios. En una entrevista en Semana.com dijo que lamentaba “que una trivialidad de estas hubiese sido convertida en un espectáculo mediático”. A eso se sumó que el columnista Ramiro Bejarano denunció que Miranda habría ayudado a una compañía a insolventarse para no pagar las prestaciones sociales de un trabajador.

La Corte Constitucional, que hasta hace unos años era una institución impoluta, sufrió por la llegada de un nuevo miembro, Alberto Rojas Ríos. El abogado entró a esa corte en medio de una dura polémica pues una viuda, Isabel Marín, aseguró que Rojas se había quedado con la indemnización que había recibido por la muerte de su esposo. Al nuevo magistrado lo acusaron también de haber evadido impuestos. Un fallo del Consejo de Estado lo sacó del cargo este año. No por alguno de esos escándalos sino por un vicio de forma, pues durante su elección el voto no fue secreto. En el Palacio de Justicia se dice que Rojas aspira a volver y por eso ni siquiera ha sacado sus pertenencias del despacho que ocupaba.

Estos episodios han hecho que cada vez más voces pidan que exista un régimen para juzgar a los magistrados. Como actualmente ellos gozan de fuero, sus casos van a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Ese organismo no ha sacado adelante ni un caso en los 20 años que existe, por lo que lo llaman ‘Comisión de Absoluciones’. No obstante, la propuesta del gobierno de que exista un tribunal de aforados para juzgarlos hizo estallar una guerra entre el Palacio de Justicia y la Casa de Nariño hace unos meses. El fiscal, en una salida sin antecedentes, pidió a los jueces que salieran a marchar para evitar ser juzgados.

La pelea fue tan álgida que enfrentó a las tres ramas del poder. Finalmente, ganaron los magistrados. En el acto legislativo de equilibrio de poderes se suprimió la propuesta de la senadora Claudia López que había generado la crisis, que era que a los magistrados los juzgara una corte y no el Congreso, que en 20 años no ha condenado a nadie. La discusión seguirá en 2015, pero muy pocos apuestan a que algo pueda cambiar.