La ley antidisturbios de Duque: ¿qué propone y por qué hay críticas?

El presidente Iván Duque presentará ante el Congreso un proyecto para diferenciar el vandalismo de la protesta pacífica, consagrada como un derecho en el artículo 37 de la Constitución. El solo anuncio ha desatado una polémica y algunos sectores han salido a criticarlo porque consideran que el proyecto podría afectar dicho derecho.

“Resulta inverosímil que el presidente Iván Duque anuncie un proyecto de ley ‘antidisturbios’, cuando el país ha vivido la mayor violación de derechos humanos por la brutalidad policial. Presidente, el país y el mundo le exigen es una reforma policial estructural que garantice los derechos humanos”, aseguró el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde.

El anuncio del presidente se da luego de que el ministro del Interior Daniel, Palacios, propusiera un ajuste similar. El Consejo de Estado se pronunció diciendo que ni las decisiones judiciales, ni el poder administrativo, tienen la facultad para poner límites a las manifestaciones. Dicha reforma solo puede hacerla el Congreso.

Por eso Duque no tuvo otro remedio que recurrir al Legislativo y presentar este proyecto que anunció en las últimas horas. Lo que se busca es evitar que puedan continuar los brotes de violencia y que los vándalos no salgan a las calles a destruir la infraestructura y afectar los derechos de los demás ciudadanos, amparándose en ese derecho a la protesta. Además, busca que la fuerza pública pueda intervenir en estos casos.

Al mandatario, y a las administraciones locales, varios sectores les piden mayor contundencia para hacer uso legítimo de la fuerza con el fin de garantizar el orden público.

El texto del proyecto ya está listo. Fue estructurado por la Consejería Presidencial para la Seguridad, revisado por el Ministerio de Justicia, y desde el 21 de junio está en manos del Ministerio de Defensa y del Interior para que surta su trámite en el Congreso a partir del 20 de julio cuando arranque la última legislatura del cuatrienio.

Duque aseguró que se buscarán adoptar medidas para que no haya ambigüedad entre lo que es una protesta legítima y lo que debe ser considerado vandalismo, para que pueda considerarse un delito y los responsables sean procesados y capturados. Los artículos 353 y 353a ya establecen que la perturbación al orden público y los bloqueos son delitos que pueden acarrear prisión de meses y hasta años.

“En nuestra Constitución está consagrado el poder para reclamar esos derechos, pero necesitamos también poner sobre la mesa y de manera irrestricta la discusión sobre los deberes humanos, no se pueden exigir derechos pisoteando los derechos de otros, no se pueden reivindicar derechos cercenando el de los otros”, aseguró el mandatario.

Ha trascendido también que el proyecto buscará “adoptar medidas para proteger el derecho ciudadano y garantizar la convivencia democrática y pacífica del territorio nacional, a través de la tipificación de conductas que atentan contra el derecho fundamental de la manifestación pública y pacífica, el orden público y el cumplimiento de funciones públicas, la seguridad y la convivencia ciudadana”. Además, que buscará establecer “medidas con fines disuasivos y preventivos de estas conductas”.