¿La línea de defensa del general Montoya lo podría dejar sin los beneficios de la JEP?

Un reconocimiento temprano de verdad plena, detallada y exhaustiva es lo que garantiza a los comparecientes de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) conservar los beneficios del sistema de justicia transicional. La ecuación consiste en sacrificar justicia a cambio de mayor verdad y reparación a las víctimas, con el propósito de superar el conflicto. 

Esas fueron algunas de las condiciones a las que se acogió el excomandante del Ejército Mario Montoya cuando decidió aceptar que los procesos que tenía abiertos en la justicia ordinaria terminaran siendo sancionados bajo los parámetros del modelo de justicia que nació fruto del acuerdo de paz con las Farc en La Habana. 

Aunque esa dinámica es clara para sus comparecientes y sus defensas, este miércoles, durante la entrega de su primera versión libre, el alto oficial optó por un camino inusual para las circunstancias que invocaban la diligencia, pero natural para quienes venían siguiendo su proceso en la justicia ordinaria. 

En contexto: 

Después de leer durante 40 minutos el texto que había preparado, Montoya manifestó que guardaría silencio. Ante 41 víctimas y 15 representantes judiciales, el oficial retirado relató que haría uso de su derecho a no autocriminarse. Por tanto, terminó respondiendo a su escogencia o optando por un "no sé" o "no respondo" para pasar a la siguiente pregunta. 

La JEP informó que durante casi cinco horas el compareciente respondió el interrogatorio que tenían preparado los magistrados de la Sala de Reconocimiento sobre los informes y las versiones que lo han mencionado con hechos relacionados con muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate dentro del caso 3. No obstante, SEMANA conoció que la sesión no fluyó como muchos esperaban. 

Si bien es cierto que aportar verdad no implica necesariamente la obligación de aceptar responsabilidad, para algunos de los asistentes consultados por este portal, el militar tampoco aplicó los parámetros del artículo 20 de la Ley 1957 de La Ley Estatutaria: “Relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición". 

La lista de lo que Montoya tiene por contar es larga. Su nombre no solo aparece en las versiones de al menos 11 militares involucrados en el mismo caso, sino que también tenía varios procesos abiertos por presuntos vínculos con los paramilitares, de haber propiciado la ocurrencia de las ejecuciones extrajudiciales y de haber permitido decenas de asesinatos y desapariciones durante la Operación Orión, en la comuna 13 de Medellín.

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Bajo ese contexto, organizaciones que representan a víctimas creen que Montoya está incumpliendo el régimen de condicionalidades y se expone a un juicio adversarial en el Tribunal de la JEP que llevará a cabo la Unidad de Investigación y Acusación o hasta una exclusión como solicitaron las víctimas después de haber presenciado su primer comparecencia. En caso de que los magistrados opten por lo segundo, de ser hallado responsable de graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones relacionadas con el Derecho Internacional Humanitario, podría ser condenados hasta con 20 años de cárcel.

"Solicitamos a la JEP que tome decisiones frente a la estrategia de dilación y a la negativa de hacer aportes reales a la verdad por parte del general (r) Montoya Uribe, teniendo en cuenta que este es el requisito de acceso y de cumplimiento del régimen de condicionalidad impuesto cuando se sometió voluntariamente. Es decir, la JEP debe analizar el cumplimiento de los requisitos de permanencia en el mecanismo, y avanzar hacia la investigación, acusación y juzgamiento de este compareciente, e incluso valorando su posible exclusión de la jurisdicción", le solicitaron a la JEP al menos 15 organizaciones este miércoles, al término de la primera audiencia.

Después de haber escuchado la exposición de lo que será la línea de defensa de Montoya, la Asociación Minga, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -COFB, la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, consideran que la diligencia "fue una burla y un desgaste del mecanismo de justicia transicional". 

La batalla que emprendieron decenas de familias para evitar que el caso del excomandante del Ejército terminara en manos de la JEP volvió a tomar forma. Por eso este miércoles, le exigieron a la Fiscalía continuar con las investigaciones que adelanta ante la Corte Suprema de Justicia, en relación con los casos que hay abiertos en su contra. Lo hacen porque creen que pasados cuatro años desde que el ente acusador anunció que le imputaría cargos por al menos 10 casos, su proceso se tiende a estancar. Este jueves y viernes, comparecerán nuevamente ante la Justicia de Paz para continuar con la diligencia, donde aprovecharan para pedir su expulsión en cuanto les den la palabra.