política
La mala hora del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina
El alcalde de Cali pasa por los días más turbulentos de su segunda administración. Al llamado de la Fiscalía a interrogatorio se suma una investigación en la Procuraduría y el proceso de revocatoria.
La segunda administración de Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, parece naufragar en medio de polémicas, señalamientos, escándalos de contratación y decisiones controversiales, junto con un mar de dudas sobre lo que realmente quiere para la capital del Valle.Todo eso le ha costado ser el alcalde con la menor aprobación a su gestión (24 por ciento) de las grandes ciudades de Colombia, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA.
A esto se suma un proceso de recolección de firmas para su revocatoria –que avanza a pasos agigantados–, una investigación preliminar de la Procuraduría y un llamado a interrogatorio de la Fiscalía para que explique si hubo omisión durante los 56 días de caos y destrucción en la ciudad en el marco del paro nacional.
Pero la mala hora de Ospina no comenzó con el paro. Se inició mucho antes del estallido social en esa ciudad. El primero de enero de 2020, cuando juró como nuevo alcalde de Cali, decidió declararles la guerra a algunos privados para desarrollar complejos proyectos urbanísticos en el sur de la urbe. Batalló algunos días en ese frente, pero llegó la pandemia y lo obligó a un cambio de planes. Hasta ese momento, su popularidad rondaba el 70 por ciento. Ospina y su discurso populista eran aplaudidos.
Sin embargo, durante el manejo de las medidas restrictivas para contener el avance del virus, su capital político se fue diezmando.La ambigüedad en el discurso y las decisiones finales le pasaron factura. En algunos momentos, prometió la apertura comercial de la ciudad, aunque luego castigaba a los comerciantes con toques de queda prolongados durante los fines de semana. No obstante, el rompimiento de la relación Ospina-ciudadanía, y que ocasionó un desplome sin precedentes en su imagen favorable, fueron los polémicos contratos de la feria virtual y el alumbrado público, que ascendieron a 23.000 millones de pesos.
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Al alcalde de Cali le pareció buena idea realizar esos eventos en medio del segundo pico de la pandemia con la mayoría del comercio quebrado por las medidas que él mismo impuso meses atrás. Algunos lo consideraron como una cachetada a los más necesitados.La jugada de pan y circo para el pueblo le salió mal a Ospina, sobre todo cuando en enero un grupo de veedores destaparon más de 167 contratos –incluidos los de la feria virtual– y denunciaron posibles irregularidades en su ejecución.
El abogado Élmer Montaña, que estudió la mayoría de estos contratos, define así la situación: “Donde hemos tocado sale pus”. Su análisis se centra en, al menos, cuatro convenios interadministrativos que Ospina firmó con entidades que presuntamente no tenían capacidad para ejecutar lo estipulado. Cita, por ejemplo, el contrato de alumbrado navideño móvil por 10.000 millones de pesos firmado con Emcali (Empresas Municipales de Cali), que, a su vez, subcontrató con otra compañía el montaje y desfile de caravanas con luces por toda la ciudad entre el 7 de diciembre y el 7 de enero, aunque finalmente este cronograma no se cumplió.
Otro de los contratos denunciados por Montaña y demás veedores ciudadanos se firmó a mediados de noviembre con Corfecali, entidad encargada de realizar la Feria de Cali, por 3.260 millones de pesos para apoyar a la Alcaldía en temas de comunicaciones y publicidad. “En ese contrato lo asombroso es que, en últimas, se convirtió en un cheque en blanco, una especie de caja menor para que el alcalde pudiera disponer de esos recursos como le diera la gana. Es que es aterrador, lo que hemos visto es asombroso: las irregularidades, la falta de planeación, de transparencia, los costos exorbitantes de los productos; el hecho de que no acuden a programas en los que ya están estandarizados los precios, sino que hacen la vuelta de los interadministrativos para que contraten esos artículos con otro tipo de proveedores que los venden a precios mucho más caros.
Hay todo tipo de maniobras malintencionadas para darles visos de legalidad a contratos completamente ilegales, que no son otra cosa sino la vía que han creado ellos para apropiarse de los dineros públicos. Esa es la realidad”, dijo en su momento Montaña.Pero no todo ha sido cuesta arriba para Ospina. Todavía cuenta con algunos aliados en el Concejo, aunque cada día son menos. En septiembre de 2020 logró que el cabildo aprobara el proyecto de acuerdo 025 que le permitió a su administración adquirir un préstamo por 650.000 millones de pesos, lo que deja a la ciudad endeudada hasta 2036. Lo curioso es que casi un año después no hay claridad sobre en qué se invertirá esa millonaria suma.
LOS DÍAS DEL PARO
La situación para Ospina se agravó desde el 28 de abril de 2021, pues la ciudad quedó inmersa en un ambiente de destrucción, terror, anarquía, bloqueos e inseguridad por casi dos meses. El mismo alcalde reconoció que por varios días perdió el control sobre la situación, y los caleños quedaron a la deriva de los vándalos.En Cali quemaron el 85 por ciento del MIO (principal transporte masivo público), sedes bancarias, centros comerciales completos, supermercados, y vandalizaron gran parte de la red semafórica, así como las cámaras de seguridad y fotomultas.
En esos primeros días el alcalde no apareció.Fue tanto el impacto de su desgobierno que la ciudadanía, desesperada por la situación, quiso tomar justicia por mano propia. “Cali estuvo al borde de una guerra civil”, dijo Ospina la semana pasada. Por eso, la Fiscalía lo citó a interrogatorio para que explique por qué la coyuntura escaló hasta esos niveles de violencia. “La situación que se vive en Cali parece de otra galaxia, ya que cumplimos dos meses con unas vulneraciones increíbles a los derechos de la mayoría de caleños, justificadas por las posturas de una minoría. El alcalde tiene que explicar por qué no hubo ninguna acción para reducir los bloqueos”, afirmó Gustavo Orozco, experto en seguridad y terrorismo.
Para Orozco, el llamado de la Fiscalía es pertinente, porque durante dos mesesel alcalde estuvo ausente, no dio instrucciones a la fuerza pública y dejó “que quienes querían hacerle daño a la ciudad lo hicieran a su antojo”.A fin de paliar la crisis, a Ospina se le ocurrió, vía decreto, darle reconocimiento a la Unión de Resistencias Primera Línea –grupo que representa a quienes bloquearon por varios días la ciudad– para comenzar sesiones de diálogo. Sin embargo, en ese mismo documento, el alcalde regulaba el actuar de la fuerza pública ante los manifestantes y, de alguna manera, legitimaba las barricadas. “Así no sean un grupo criminal, tienen conductas delictivas, y en ese sentido el alcalde no tiene nada que hacer reconociéndolos, lo que debió haber hecho fue lo que le toca: usar la autoridad y, entre otras cosas, judicializarlos por los delitos que cometieron”, subrayó Orozco.
A toda esa tormenta política, se suma la soledad de Ospina. Jesús Darío González, quien hasta el mes pasado estuvo al frente de la Secretaría de Bienestar Social y hacía las veces de vocero ante la Unión de Resistencias, decidió apartarse de su cargo no sin antes decir en una dura carta: “Cuando pienso en la persistencia del diálogo local y en el lugar institucional que he agenciado en estos días, debo decirle que me agota el lugar que hoy ocupo”.
El exfuncionario y mano derecha de Ospina se despachó y argumentó su renuncia en “la necesidad urgente de priorizar mi lugar de ciudadano para poder llamar las cosas por su nombre sin afectar las formas institucionales, para señalar y afrontar los obstáculos políticos que se presentan y asumir las acciones éticas que se necesitan en conciencia contra la lógica autoritaria y excluyente que causa esas muertes”. Del gabinete inicial poco queda.
Sus fichas de confianza dieron un paso al costado. Desde el Concejo, que Ospina manejaba por mayorías, también hay un descontento hacia la labor del alcalde en los días de paro. Roberto Ortiz, una de las voces más visibles del cabildo, le pidió al mandatario hacerse a un lado si no puede gobernar con autoridad.“Los ciudadanos de a pie vivimos un calvario para movernos de un lugar a otro y no hay autoridad que nos devuelva el orden.
Vale la pena preguntar, ¿dónde está el piloto?, ¿dónde está el alcalde, Jorge Iván Ospina? Aquí no podemos seguir resolviendo todo con el pago de recompensas; la ciudad va en picada y no es con recompensas como le vamos a dar un viraje social a lo que hoy reclaman esos sectores afectados con bloqueos”, dijo el concejal Ortiz.En días pasados, el alcalde generó una tormenta al decir en su cuenta en Twitter: “Bloquear es un derecho precioso”.
Luego, a raíz de las críticas, aseguró que hablaba de bloquear usuarios que lo critican en las redes sociales y no de los bloqueos que sufre la ciudad.Por ahora, el alcalde tendrá que estar listo para darles las explicaciones correspondientes a la Fiscalía. Toda esta crisis en la ciudad la tienen presente los colaboradores y antiguos aliados de Ospina. Por eso decidieron saltar a tiempo del barco que se hunde, mientras su capitán, Jorge Iván Ospina, navega en modo avión.