La masacre de Bogotá que nadie vio, por María Jimena Duzán

A la trágica muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de la Policía, siguieron 13 muertes más que todavía no se han esclarecido, entre el 9 y el 10 de septiembre. El presunto abuso policial quedó ampliamente documentado en un informe que entregó la alcaldesa Claudia López a la Presidencia y las autoridades. Son 119 casos entre los que hay agresiones físicas, presunto asesinato y violencia de género. Este documento deja serios interrogantes acerca del accionar de la Policía en las 48 horas de terror que vivió Bogotá.

Según el consolidado de pacientes atendidos durante las manifestaciones, en las Unidades de Servicios de Salud ingresaron 179 personas, de las cuales 159 tuvieron que ser hospitalizadas, mientras que en el Hospital Central de la Policía recibieron a 114 uniformados. De las personas hospitalizadas hay algunas que todavía se debatían entre la vida y la muerte, cuyo diagnóstico de ingreso fue crítico.

Es el caso de Fabián Peña, de 36 años, quien se encontraba en El Tintal y “recibió un disparo de arma de fuego por parte de un policía en su cabeza”, según la descripción. Su cuadro clínico era crítico: “Proyectil desconocido, fue trasladado, ingresa con compañía de paramédico, orificio de entrada zona dos de cuello, en la parte de nuca, salida de proyectil por labio superior, no tiene lesiones en cerebro ni columna. Sin embargo, están esperando a que se estabilice para realizar chequeos en clavícula, venas y arteria; manejo por cirugía general”.

También queda el interrogante de cuántas personas fueron detenidas esas dos noches, bajo qué cargos y cuál es su paradero. En el documento quedó consignado el caso de Iván Reyes, quien relató que un defensor de Derechos Humanos fue capturado y otros heridos: “Manifiesta hacer parte de un colectivo de defensa a los DD. HH. de Usaquén. Los hechos sucedieron en la calle 187 # 18B CAI Verbenal. Manifiesta que hay varios compañeros heridos, a uno de sus compañeros le dieron un tiro en el pecho, otro compañero fue asesinado con un tiro en la cabeza. Adicionalmente, indica que una persona que estaba mirando, al parecer una bala la alcanzó a impactar. Relata que iban a recoger el cuerpo de su compañero con otros compañeros, pero la policía empezó a hacer avanzada con las motos y seguían disparando; los alejaron del cuerpo y al parecer se lo llevaron (el cuerpo). También dice que hay una captura a un defensor de DD. HH. No sabe dónde está. Los policías estaban sin chaleco y no usaban aturdidoras, sino balas”.

Además, muchos de los relatos de presunto abuso policial indican que las víctimas no formaban parte de la protesta, solo se encontraban pasando por el lugar. Era el caso de César Fonseca, quien según el documento, estaba caminando con un grupo de amigos, después de ensayar en un grupo de música, cuando “siente un dolor en la rodilla” y ve que está herido. Fue trasladado al hospital El Tintal.

La alcaldesa Claudia López asegura que no autorizó el uso de la fuerza en las manifestaciones. “Es la ruptura de órdenes expresas de la Alcaldía de que no se usen armas de fuego en las manifestaciones sociales. Es evidente y hay pruebas suficientes de que no fue cumplida por algunos de los miembros de la Policía”, aseguró López en el acto de reconciliación.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, admitió que los policías mataron a Javier Ordóñez y aseguró que ya se están tomando correctivos. “Unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético, desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución”, dijo el jefe de la cartera ante el Congreso. Sin embargo, los casos de los 10 fallecidos en Bogotá y los 3 de Soacha todavía están en investigación. Según la AFP, al interior de la Policía hay 56 investigaciones a uniformados por disparar en las manifestaciones.