La metáfora del muelle

La madrugada del 6 de marzo pasado un viento frío que durante 20 días había azotado las costas del departamento del Atlántico rompió en dos el muelle de Puerto Colombia. El eco de la caída se alcanzó a sentir en todo el país porque no se trataba de un pedazo de acero y cemento cualquiera. Desde 1893 hasta 1950 fue el principal puerto del comercio para el país y por allí entraron miles de árabes y europeos que ayudaron a modernizarlo.

Hoy, el histórico municipio se ha convertido en el refugio de la elite barranquillera, que ha trasteado allí sus residencias, clubes, colegios y universidades. Pero, a pesar de ese renovado progreso, la caída del muelle fue interpretada por algunos de sus habitantes como una metáfora de que algo también está corroyendo las entrañas de su administración pública.

Una sola familia ha ejercido el control político del municipio en la última década. Todo comenzó en 2000, cuando fue elegido alcalde Camilo Torres Romero, hermano de Euclides Torres, uno de los grandes contratistas en las administraciones del padre Bernardo Hoyos en Barranquilla. Y desde entonces, la influencia no ha parado. Hoy, los esposos Camilo Torres y Martha Villalba Hodwalker se desempeñan como presidente de la Asamblea del Atlántico y alcaldesa de Puerto Colombia, respectivamente.

Esa práctica no es extraña en otros municipios del país. Pero lo que preocupa a los porteños y piden que las autoridades investiguen es que en este caso los Torres Villalba han montado un particular negocio al dar en concesión servicios que debe prestar el Estado, a sociedades que están relacionadas con familiares suyos.

Es el caso, por ejemplo, de la concesión del alumbrado público que tuvo Iluminamos Puerto Colombia hasta finales del año pasado. Esta sociedad reporta como dirección comercial y de notificación judicial la misma de otras sociedades de propiedad de Euclides Torres, el ya mencionado cuñado de la alcaldesa. Y otras dos firmas que recibían pagos por presunta contratación con esta concesión tienen como miembro de junta y gerente a una cuñada y a una hermana de los Torres.

En los 10 años que duró, la concesión de alumbrado público no cumplió el objeto del contrato. Los números sugieren jugosas ganancias: de los cerca de 1.400 millones de pesos que recauda cada año -que darían para construir un alumbrado público nuevo-, paga por energía consumida 460 millones, y buena parte del resto le queda al concesionario.

El municipio decidió acabar con el contrato a finales del año pasado y en el acta quedó registrado que la concesión habría "incumplido obligaciones laborales" e incurrido en "supuestos desvíos de dineros". Y a pesar de tales irregularidades y de lo beneficioso del contrato, nadie ha podido explicar bien por qué el nuevo concesionario tendrá que aceptar una deuda a favor del antiguo concesionario por 1.750 millones de pesos.

Como si el caso del alumbrado público fuera poco, el 31 de diciembre pasado la alcaldesa creó otra sociedad anónima para manejar el tránsito del municipio y llama poderosamente la atención que de la empresa mayoritaria en esa sociedad -Azca Colombia- hace parte un miembro de la junta de la hasta el año pasado concesionaria del alumbrado público.

En diálogo con SEMANA, la alcaldesa Marta Villalba dijo que en el pueblo todos dicen que ellos son los dueños de esas y más concesiones, pero que "no es cierto". Camilo Torres, por su parte, al preguntarle sobre la relación de Iluminamos Puerto Colombia con las sociedades de su hermano Euclides, que reportan la misma dirección en Bogotá, asegura que esas sociedades no son de su hermano. Lo que tal vez no sabe es que en los registros de la Cámara de Comercio su hermano figura como representante legal de las sociedades que tienen la misma sede de la mencionada concesionaria.