Investigación
La millonaria deuda en Corpocesar que investiga la Procuraduría General, para establecer si hay falta cometida por funcionarios
Los recursos provienen de la sobretasa ambiental en cinco municipios del departamento del Cesar.
Funcionarios de la Corporación Autónoma del Cesar, Corpocesar, están en la mira de la Procuraduría General de la Nación, entidad que está pendiente de las conductas de los funcionarios públicos.
El Ministerio Público anunció este domingo 23 de julio que abrió una indagación preliminar, luego de cotejar resultados de una auditoría financiera realizada por la Contraloría General, en la que concluyen que hay una millonaria deuda pendiente, la cual estaría relacionada con escasa gestión de cobro por parte de los funcionarios a quienes les corresponde la tarea.
La Procuraduría señala que tiene el lente puesto en posibles anomalías en el saldo de deuda pendiente, que corresponde a 1.352 millones de pesos, cifra que proviene de la sobretasa ambiental en cinco municipios del Cesar.
Se trata de Chiriguaná, donde los recursos de la mencionada deuda ascienden a 432 millones de pesos. Entre tanto, en El Copey, la plata que no se ha gestionado es de 28 millones de pesos, mientras que en el municipio de Pelaya la suma es de 16 millones de pesos. Para el caso de San Alberto, la suma involucrada es de 353 millones de pesos, y la capital del Cesar, Valledupar, los recursos corresponden a 528 millones de pesos.
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“La Procuraduría corrobora los funcionarios que habrían realizado las conductas denunciadas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria”, señaló la entidad.
En la auditoría financiera realizada por la Contraloría general se había puesto sobre el tapete el tema de las cuentas por cobrar que acumula Corpocesar, las cuales, al momento de concluir la revisión del ente fiscalizador, representaban 23 % del total de activos de la corporación. Sin embargo, lo más preocupante en esa oportunidad eran las cifras relacionadas con las cuentas de difícil recaudo y las que presentan un deterioro, es decir, se dejan quietas y no hay gestión para su recuperación.
En la investigación, que ahora será revisada por la Procuraduría, desde el ángulo de los funcionarios públicos, se estableció que en la vigencia 2022, la facturación por la Sobretasa Ambiental fue de 18.777 millones de pesos, de los cuales, se recaudaron 16.793 millones de pesos, es decir, el 89 % del total.
Cabe señalar que la sobretasa ambiental es una de las principales fuentes de ingresos de la Corporación Autónoma, y los recursos recaudados son invertidos en todos los proyectos de inversión del plan de Acción Institucional de la entidad.
La auditoría financiera realizada a Corpocesar, por la Contraloría General de la República, que ahora será el insumo para la Procuraduría, constituyó un total de 18 hallazgos administrativos, de los cuales 7 tienen presunta incidencia disciplinaria y 1 fue establecido con presunto alcance fiscal.
