La mina del contralor Zuluaga y sus protegidos en la rama judicial

Aún no termina la imputación de cargos en contra de los diez capturados por lo que sería un cartel de auditorías amañadas, al parecer lideradas por el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga y los detalles que se están conociendo de esa investigación tiene escandalizado a los paisas y al país.

Para empeorar, SEMANA pudo comprobar que el contralor sigue mintiendo, pues pese a que la Procuraduría lo destituyó durante diez meses por mentir en su hoja de vida, Zuluaga perpetúa dicha falsedad, pues en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) continúa afirmando que es doctor graduado en el extranjero, lo que es falso y no se condice con su versión de que este ítem en el formulario fue diligenciado en papel por un asistente que tenía mejor caligrafía que la de él.

La mina del contralor

Por otro lado, la Fiscalía parece tener pruebas contundentes. Noticias Uno reveló este domingo algunos audios en los que se escucha a Zuluaga ordenándole al subcontralor —hoy por fuera del país— Rubén Darío Naranjo que llame a algunos alcaldes para “organizarles cositas”. En uno de ellos se escucha: “Hay que tratar de citar a ese alcalde de Turbo para que conversemos con él, güevón, que ahí hay unas cositas que tenemos que organizarle, ¿listo?”, a lo que Naranjo le responde que ya cuadró el tema, pero el jefe le advierte que el alcalde tiene que viajar a Medellín. También hablan de rectores de instituciones públicas, funcionarios de hospitales y otros líderes políticos, todo en clave, con lo que parecen sugerir favores a cambio de conceptos favorables.

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Entre los audios hay uno que llama la atención de las autoridades, en él se refieren al alquiler de una retroexcavadora para una mina que, al parecer, Zuluaga estaba explotando en compañía de la alcaldesa de San Carlos, Luz Marina Marín Daza, esposa del exalcalde del mismo municipio, Juan Alberto García Duque, quien hace un par de años estuvo en la cárcel por hechos de corrupción. El contralor le dice a Naranjo: “Ah no, vamos a trabajar para él, sí que es güevón, 50 millones vale una puta máquina güevón…”. Al parecer, la relación de Zuluaga era directamente con García Duque, a quien llamaba “el primer damo”. A García Duque la Fiscalía le comprobó en 2008 haber firmado contratos con familiares de un concejal, sobrecostos en obras por más de 2 mil millones de pesos y hasta aceptó haber desviado más de 10 mil millones de pesos en coimas y contratos.

SEMANA pudo establecer que la mina del contralor está ubicada a tres horas del casco urbano de San Carlos, en la vereda Portugal del corregimiento El Jordán. Se trata de una explotación de calizas en límites con el municipio de Caracolí, cerca hay otras dos explotaciones que parecen estar a nombre de la misma persona. Allí, la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare (Cornare) abrió una indagación preliminar —que hasta el momento no ha arrojado una decisión— de carácter administrativa ambiental sancionatoria porque se realizó explotación “sin ningún tipo de autorización por parte de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia y la Corporación”.

Esta revista pudo establecer que la mina, además de ilegal, tiene varias denuncias ante la inspección de Policía y la alcaldía porque afectó una carretera de nivel terciario e hizo aprovechamiento de una zona protegida. Pese a las continuas quejas, los ciudadanos no han obtenido respuestas por parte de la administración municipal, y al parecer hoy las razones salen a la luz.

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Todas estas actividades ilegales, presuntamente le dieron bastantes réditos al contralor —para quien hoy el gobernador Luis Pérez pide “misericordia”, pues podría resultar inocente—, pues según el concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra, el dinero le alcanzó para vivir durante varios meses en la unidad residencial Caribbean, en Cartagena, donde se vende uno de los metros cuadrados más caros de la Heroica y tenía lujos como una cancha de golf.

¿Cartel de la toga regional?

En medio de todo este escándalo de corrupción, ha empezado a sonar el nombre de Juan Carlos Peláez Serna —con quien SEMANA se trató de contactar sin éxito—, director ejecutivo seccional del Consejo de Judicatura, quien en 2012 fue contralor de Medellín y le dio el cargo de contralor de responsabilidad fiscal a Sergio Zuluaga, hecho que hasta el momento no arrojaría muchas suspicacias. Sin embargo, cuando Zuluaga pasó a ser contralor de Antioquia, nombró como jefe de planeación de la entidad a Peláez Serna.

Ese salto mortal también lo dio Carmen Cecilia Escobar David, quien fue crucial para que Zuluaga llegara a la Contraloría de Antioquia. Y es que el 7 de enero de 2016, cuando fungía de contralora encargada de Medellín, “le ordenó a una subalterna que tomara un radicado de un documento anulado el 5 de enero de 2016 y lo usara para meter en el sistema electrónico Mercurio, con esta última fecha, la renuncia de Sergio Zuluaga Peña al cargo de contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal”, como publicó en diciembre de ese año el diario El Colombiano. Esto lo hizo para que el ahora contralor preso pudiera ser candidato sin ningún impedimento, pues ya había pasado el tiempo legal de su renuncia. Por ese chanchullo a la abogada Escobar David la nombraron asesora en la contraloría de Antioquia.

Pero el novelón no para aquí. De su cargo como jefe de planeación, Peláez Serna pasó a ser director administrativo de la rama judicial en Antioquia, donde tiene un presupuesto de más de 300.000 millones de pesos anuales y cargó con sus cuotas para su nuevo puesto. Se llevó de la Contraloría a Carmen Cecilia Escobar para el puesto de coordinadora de Asunto Laborales —cargo que nunca ha desempeñado—; a Adriana Gómez Murillo, a Gloria Jiménez Henao y a Jimmy Andrés Álzate. Esto ha sido calificado por el concejal Guerra como un carrusel de contratación, pues las personas de más confianza del contralor empiezan a rotar por puestos públicos donde podrían protegerse.

La caja de pandora del contralor Zuluaga apenas se abre y dicen en los pasillos de la Alpujarra que guarda secretos de poderosos y entre varias preguntas que siguen sin respuesta están: ¿por qué el gobernador Luis Pérez lo ha protegido pese a que ha recibido advertencias desde el concejo de Medellín, la asamblea de Antioquia y sindicatos de entidades públicas? ¿Por qué hace casi cuatro años Zuluaga ganó su cargo con 20 votos —de 26 posibles— en la Asamblea y hace poco 19 diputados votaron para que continuara en el cargo?

Las amenazas contra Guerra

El concejal Bernardo Alejandro Guerra denunció los actos de corrupción que se estaban cometiendo en la Contraloría de Antioquia desde el 11 de octubre de 2016, cuando Sergio Zuluaga apenas llevaba nueve meses en el cargo. Entonces mostró pruebas de las cirugías que el contralor se había hecho en el hospital La María por precios irrisorios usando salas y personal de la institución pública, beneficiando familiares, trastocando su vanidad. En ese momento empezó un largo tire y afloje que terminó con la captura de Zuluaga la semana pasada.

Al parecer, las denuncias terminaron poniendo en riesgo la vida de Guerra, que en la mañana de este lunes aseguró que Zuluaga había fraguado un plan para matarlo y en el que estarían inmiscuidos, supuestamente, Juan Carlos Mesa, alias Tom; Freyner Ramírez García, alias Carlos Pesebre, y John Jairo Velásquez, alias Popeye, los dos primeros pesos duros del crimen en el Valle de Aburrá; el segundo un exsicario con ínfulas de youtuber y hoy investigado por concierto para delinquir.

Según la información entregada por el concejal Guerra, el pedido de homicidio se habría hecho desde un teléfono de un local comercial del centro de Medellín y que las pruebas están en manos de la Fiscalía. Guerra aseguró que por estas denuncias puso en riesgo su vida y que ha sido víctima de todo un grupo colegiado de desprestigio.

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