La mitad de las tutelas en Colombia terminan en desacato

Este lunes, durante el conversatorio sobre derecho constitucional y acción de tutela, como parte de la programación de la Gran Cumbre de la Justicia 2021, organizada por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, presidente de la Corte Constitucional, manifestó su preocupación por el alto porcentaje de desacato a los fallos de las acciones de tutela interpuestas.

“Este año vemos cómo el altísimo porcentaje de acciones de tutela no atendidas por las autoridades administrativas es una situación que amerita la atención de las autoridades”, dijo Lizarazo.

“La Corte Constitucional logra advertir, mediante el mecanismo de la revisión de tutela, de múltiples falencias del Estado, lo cual se traduce en una creciente demanda de protección de los derechos ante los jueces de la República”, agregó.

En otro momento del evento, el magistrado Alberto Rojas Ríos expuso que en el año 2019 el desacato de las órdenes de tutela se elevó al 47 % y en el año 2020 el incumplimiento fue del 44 %.

“Evidenciamos que hay una tendencia al desacato por parte de los destinatarios de los mandatos judiciales, lo que entraña un desconocimiento del marco legal y prolonga la vulneración de los derechos, lesiona la seguridad jurídica y la prevalencia de un orden constitucional justo”, explicó Rojas.

Por su parte, la magistrada Gloria Ortiz Delgado dio a conocer que, en 29 años de ejercicio de la Corte Constitucional, han sido instauradas 8.372.384 tutelas. Según Ortiz, la acción de tutela “ha contribuido realmente a una modificación de los comportamientos sociales y a la manera como se interpretan las normas jurídicas”.

En la cumbre, intervino también la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, vicepresidenta de la Corte Constitucional, quien recordó que mediante la acción de tutela y otros mecanismos el Alto Tribunal ha protegido derechos fundamentales por conexidad, especialmente el derecho a la salud. Destacó varias sentencias, entre ellas la sentencia C-313 de 2014, que estudió el proyecto de la Ley Estatutaria de Salud.