LA MONA QUE TUMBO AL EJERCITO

DURANTE LOS ULTIMOS DOS AÑOS, ROLLA Jaller Jabbour, una hermosa mujer de larga cabellera rubia y grandes ojos negros, que vestía elegantemente, casi siempre de minifalda, y llegaba al Ministerio de Defensa a bordo de un Mercedes Benz negro último modelo, escoltada por cinco hombres armados, fue el centro de admiración de varios de los más importantes miembros del Ejército colombiano.
La hermosa mujer, nacida hace 36 años en el lejano Beirut, Líbano, sacó el mejor provecho de sus atributos: se ganó un contrato por cerca de 800 millones de pesos para venderle al Ejército Nacional equipo de campaña, cobró el dinero y jamás entregó la mercancía. Como si fuera poco, gracias al manejo de sus relaciones personales con algunos generales, por poco se alza con otros 400 millones en una segunda negociación y con cerca de 1.700 en otro contrato oportunamente detenido por el ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, (ver recuadro). Y aún hay más: logró todo eso utilizando una identidad falsa, porque en 1990, tres años antes de obtener el primer contrato, había sido condenada por un fraude por más de 120 millones de pesos a dos bancos, lo que le significó una condena a 51 meses de prisión, que gracias a su cambio de identidad, jamás cumplió. Hay además otra investigación en marcha porque al parecer consumó otra estafa por cerca de 900 millones de pesos contra una sucursal del Banco Ganadero.
Así, la dama es protagonista de un monumental escándalo que hoy involucra a una veintena de funcionarios del Ministerio de Defensa, del Ejército y del Comando General de las Fuerzas Militares. SEMANA logró obtener todos los detalles que rodearon la defraudación que supera el millón de dólares. La suma es considerada por casi todos los que conocen el caso, como absolutamente irrecuperable.

SUS PRIMEROS AMIGOS
Rolla Jaller Jabbour empezó a hacerse conocer en los círculos militares a comienzos de 1993, cuando se presentó ante tres oficiales de la Intendencia General del Ejército de quienes se hizo muy amiga merced a algunos regalos que les hacía y a sus evidentes encantos personales. Poco después y cuando el grado de confianza entre la mujer y los militares era evidente, les mostró una recomendación redactada en términos muy elogiosos por el general (r) José Guillermo Medina Sánchez, ex director de la Policía Nacional, procesado por enriquecimiento ilícito. Luego llegó con otro mensaje, esta vez firmado por el general Octavio Vargas Silva, quien a fines de ese año se convirtió en director de la Policía. La mujer obtuvo con facilidad las cartas de presentación porque su hoy ex esposo, Hernando Cano Castaño, es un capitán de la Policía muy allegado a los dos generales.
En virtud de su afable trato y su espíritu alegre, poco a poco la habilidosa mujer logró conocer de cerca los mecanismos de contratación del Ejército. En mayo de 1993 se presentó al Comando del Ejército dispuesta a participar en una licitación directa que buscaba el suministro de raciones de campaña para más de 100.000 soldados en todo el país. La mujer entregó documentos que la acreditaban como representante de la empresa española Hipercas. Su propuesta fue inobjetable porque licitó una ración de campaña con alto valor nutritivo, que contaba con el aval de la Organización del Tratado del Atlántico Norte -Otan-. Así, con un valor de 4.800 millones de pesos, Rolla Jaller ganó la licitación. Pocos meses después en los cuarteles militares los soldados empezaron a degustar, entre otros platos, unos deliciosos callos a la madrileña y dejaron de lado, durante un tiempo, las raciones de campaña compradas tradicionalmente a empresas de Estados Unidos.
Sin embargo, algunas fuentes militares consultadas por SEMANA se mostraron extrañadas porque la oferta no era la más barata ya que las raciones españolas fueron compradas a 5.000 pesos cada una y las anteriores habían sido adquiridas a 3.000. "Ella es seductora por naturaleza. Y, para qué negarlo, con su forma de vestir, de sentarse, de reírse, prácticamente sedujo a muchas personas aquí adentro. Por eso a ella todas las puertas se le abrían y todos los trámites se le agilizaban", dijo a SEMANA una fuente del Ejército que siguió de cerca todo lo que ocurría.

EL SEGUNDO NEGOCIO
Así las cosas, Rolla Jaller entró con pie derecho en el lucrativo mundo de los negocios con las Fuerzas Militares. Y con el antecedente de haber cumplido a cabalidad con la primera negociación, el 24 de agosto de 1993 se presentó a participar en otro proceso de contratación directa. Entonces apáreció en escena la empresa Inter Terra S. en C., de la que Jaller era representante legal y propietaria en compañía de su esposo y sus hijos. La entidad había sido registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 20 de abril de 1990, con un capital social de escasos tres millones de pesos.
De acuerdo con el pliego de condiciones, la licitación buscaba el suministro de 16.400 ponchos impermeables, 16.400 morrales de campaña y 16.400 arneses o tirantes de campaña. Para cubrir esta necesidad de las tropas, el Ejército informó a los oferentes que el gobierno había destinado 724 millones 880.000 pesos en el presupuesto del sector defensa.
Inter Terra compitió con otras 20 empresas nacionales y extranjeras y según la oferta de cotización presentada por Rolla Jaller, ese 24 de agosto, su compromiso, de ser aceptado su ofrecimiento, consistía en que el material militar sería entregado 90 días después a partir de la fecha de legalización del contrato, en la sede del Batallón de Abastecimientos del Ejército en Bogotá.
A la empresa de Rolla Jaller le fue muy bien. El 10 de septiembre de ese año la Junta de Adquisiciones y Licitaciones del Ejército expidió un documento en el que le recomendó al ministro de Defensa de la época, Rafael Pardo Rueda, que le otorgara el contrato a Inter Terra porque llenaba todos los requisitos y ofrecía el mejor precio. La Junta que hizo el análisis técnico de las ofertas estaba conformada por nueve altos oficiales, entre ellos el entonces segundo comandante del Ejército, mayor general Manuel Sanmiguel Buenaventura y el intendente de esa arma, general Fernando González Muñoz. El segundo comandante del Ejército es siempre quien, por norma, preside la Junta de Licitaciones.
De los documentos obtenidos por SEMANA en su investigación se desprende que el Comité Jurídico que estudió las ofertas elaboró el memorando interno número 58 en el que formuló algunas observaciones sobre las empresas quc aspiraban a ganar la licitación. Con respecto a Inter Terra, el informe dijo que "en el objeto social no hay claridad en lo relacionado a que dentro de su explotación económica se comercialisen los bienes que se ofrecen". Sin embargo, en el párrafo siguiente los miembros del Comité aclararon que "dada la flexibilidad de la contratación directa las irregularidades descritas anteriormente son susceptibles de saneamiento o aclaración (...)".
La Junta de Adquisiciones consideró entonces que Inter Terra podía superar esos inconvenientes y mantuvo su concepto. Por esa razón el 15 de octubre de 1993 el Ministro de Defensa acogió la recomendación y firmó la resolución número 11584 mediante la cual adjudicó la licitación a la empresa de Rolla Jaller. A partir de ese momento la negociación quedó radicada con el número 252-CEITE-93. El 31 de diciembre de ese año entró en vigencia el contrato. Y ese mismo día quedó aprobada la póliza de garantía que exigía la ley para que el ministerio efectuara el primer desembolso, es decir, el 50 por ciento del valor que Inter Terra recibiría un mes más tarde. Así, a finales de enero de 1994, Rolla Jaller recibió 362 millones de pesos.

EL CARAMELEO
Pero una vez recibido el dinero empezó a enredarse la pita. En los siguientes meses se produjo un forcejeo entre la Intendencia del Ejército e Inter Terra. Al menos en siete ocasiones la empresa de Rolla Jaller preparó de manera incorrecta la factura proforma exigida como requisito previo a la licencia de importación que debía expedir el Incomex para que se produjera el ingreso del equipo al país. Mientras esto ocurría, a finales de abril sobrevino el primer vencimiento del plazo otorgado a Inter Terra para la entrega del material militar. El problema de la proforma seguía sin solución, pero a Rolla Jaller sus contactos en el Ejército le seguían funcionando porque poco o nada pasaba.
El 9 de mayo de 1994, una semana después del incumplimiento, Inter Terra le envió un oficio al Ministerio de Defensa. En el documento, la mujer solicitó una ampliación del plazo de entrega porque "se presentaron circunstancias especiales relativas a hechos fuera del control del contratista, como fue la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender la producción para el extranjero de material militar de campaña, dada la eventualidad de una invasión a la República de Haití".
Pero un día después ocurrió un hecho que ayudó a Rolla Jaller: la Junta de Licitaciones, presidida por el entonces segundo comandante del Ejército y hoy comandante general de las Fuerzas Militares, general Camilo Zúñiga, conceptuó que los plazos de entrega no se habían empezado a contar debido a que Inter Terra tuvo algunos problemas con la factura proforma exigida por el Incomex. En mayo y junio continuaron los líos con la proforma, hasta que el 12 de julio el Ejército le dijo a Inter Terra que ya estaba aprobada la licencia de importación en el Incomex y que por lo tanto tenía plazo hasta el 10 de octubre para la entrega. Pero ésta tampoco ocurrió.

Cuatro días después del nuevo incumplimiento, es decir, el 14 de octubre de 1994 la Junta de Licitaciones, presidida de nuevo por Zúñiga, le sugirió al ministro de Defensa, Fernando Botero, que ampliara en 60 días más el plazo de entrega. En el memorando, Zúñiga explicó que Inter Terra había tenido problemas "de fuerza mayor" . Botero otorgó así la nueva prórroga que se vencería el 15 de diciembre. Pero Rolla Jaller volvió a incumplir: el 7 de diciembre del año pasado le dijo al ministerio que afrontaba serios problemas en el puerto de embarque y por esa razón el transporte hasta Colombia era imposible por esos días. Así, Inter Terra solicitó una nueva prórroga, esta vez hasta el 15 de enero de 1995.
La petición de Rolla Jaller, que por esos días seguía visitando a sus amigos en el ministerio, fue estudiada en el seno de la Junta de Licitaciones el 26 de diciembre. Esta vez la reunión fue presidida por el general Jesús María Vergara, quien acababa de reemplazar a Zúñiga en la segunda comandancia. Los miembros de la Junta encontraron un problema serio. No podía ser aceptada la nueva extensión del plazo porque debido al vencimiento del año fiscal, el contrato suscrito con Inter Terra debía ser ejecutado antes del 31 de diciembre de 1994. Según consta en el acta de la reunión, los asistentes coincidieron en afirmar que si no se cumplía el contrato antes de la vigencia fiscal señalada por la ley, el Ejército perdería esos recursos del presupuesto nacional. A pesar de los reiterados incumplimientos, nadie cuestionó las demoras ni se planteó la posibilidad de que el material no llegara y la plata se perdiera.
Terminada la discusión, la Junta de Licitaciones decidió recomendarle al ministro Botero que le otorgara una nueva prórroga a Inter Terra, esta vez por cuatro días más, hasta el 30 de diciembre. Y aunque no quedó consignado en el acta de esa reunión, las fuentes consultadas por SEMANA revelaron que la Junta accedió a una petición verbal de Rolla Jaller, que consistía en que el Ejército le recibiera el material en Los Angeles, Estados Unidos, antes de terminar el año, para evitar los problemas presupuestales. Así ocurrió.
En medio de los afanes del fin de año, dos días más tarde, el 28 de diciembre, día de los inocentes, el ministro Botero firmó la resolución 13393 mediante la cual ordenó que dos miembros del Ejército viajaran a Estados Unidos a recibir los ponchos impermeables, los sacos de campaña y los arnés. Así, al día siguiente tomaron un avión en Bogotá el mayor Freddy Idárraga Martín y Polo Hernando Romero Roa, experto en control de calidad de la Intendencia del Ejército. Esa misma noche llegaron a Los Angeles y los recibió Joseph Brice, representante de Rolla Jaller, quien los alojó en el hotel Holliday Inn.
Al día siguiente,30 de diciembre, los dos emisarios del Ejército visitaron unas bodegas en el sector de Long Beach y revisaron tres contenedores. "Personalmente escogó al azar unas cajas de cada uno de los elementos con el fin de confrontar la calidad del material de acuerdo con las especificaciones contenidas en el contrato -dijo en su informe el mayor Idárraga-. Una vez se comprobó que el material sí correspondía a las especificaciones descritas en el contrato, se efectuó un conteo de las cajas recepcionando el material como cuerpo cierto".
Acto seguido ocurrió un hécho que desencadenaría graves consecuencias para el Ejército. El mayor Idárraga firmó el acta 030 en la cual aceptó formalmente la entrega del material militar por parte de Inter Terra, con lo cual quedaba resuelto el problema fiscal con el Ministerio de Hacienda porque con ese documento el Ejército podría presentar, antes de terminar el año, el certificado de embarque y el acta de recepción del material. Sin embargo, en el acta suscrita por el mayor Idárraga quedaron planteados algunos vacíos. Primero, sostuvo que la recepción estaría sujeta al concepto técnico de laboratorio y la comparación con las contramuestras y muestras a su llegada a Bogotá. Y segundo, aceptó que el contratista situara el material en Bogotá "el 20 ó 30 de enero de 1995". Para los expertos consultados por SEMANA esto es una notoria contradicción porque quedaron planteadas unas condiciones de entrega pero al mismo tiempo el emisario del Ejército aceptó la entrega en Estados Unidos.
Pero como las cosas podían empeorar aún más, empeoraron. El 30 de diciembre, Rolla Jaller se presentó en el ministerio y con el acta 030 en la mano exigió el pago del saldo del contrato, es decir, 362 millones de pesos. Y como siempre, en pocas horas y antes de que expirara el año, logró que la pagaduría elaborara el cheque respectivo y lo pagara cinco dias después. Durante los días siguientes, el ministerio, quedó a la espera de que Rolla Jaller completara algunos papeles de la póliza que increíblemente seguían pendientes y que le fueron enviados a las oficinas de Inter Terra.
Pero pasaron los días y nada. Ni el material militar ni los papeles. El primero de marzo, nuevamente se reunió la Junta de Licitaciones, presidida por el general Vergara, y decidió convocar a la señora Jaller para exigirle cumplir el contrato. Pero Rolla Jaller empezó a perderse. Sólo hasta el 15 de marzo acudió a la Intendencia del Ejército y presentó múltiples excusas. Luego, el 20 de abril, envió una carta al ministerio con una nueva mentira. Según ella, el material que vieron los emisarios del Ejército en Los Angeles había sido cambiado cuando lo transportaron hasta Miami. El desconcierto en el Ejército fue total.
Y como si fuera poco, la mujer aseguró que no había recibido en su oficina los documentos relacionados con la prórroga y la póliza de garantía. La mujer agregó que la firma que aparecía en el recibido no pertenecía a ningún empleado de su empresa y que era muy posible que los documentos se hubieran perdido. Esto quería decir, ni más ni menos, que no sólo no había material, sino que ya ni siquiera había póliza de cumplimiento, con lo cual la plata, los 724 millones de pesos podían darse por perdidos.
Luego de un largo proceso iniciado el 6 de julio y que se prolongó por espacio de 15 días, expertos en documentología del Ejército y de la Policía determinaron que un empleado de Rolla Jaller sí había recibido los documentos y que ella los había ocultado para retardar la legalización de los desembolsos. El resultado de los análisis de la firma sirvieron para que el Ejército procediera a reconstruir los documentos para entablar la única acción legal posible contra la mujer: la declaratoria de incumplimiento que le acarrearía una multa de 72 millones de pesos. Lo que siguió fue la repetición de la repetidera. Rolla Jaller envió más cartas, pero no volvió a visitar a sus amigos del ministerio y finalmente desapareció a mediados de septiembre pasado.

LAS PREGUNTAS
El caso se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el ministro Esguerra, quien sin embargo prefirió no hacer comentarios pues espera que se desarrolle la investigación interna y se pueda concluir quién o quiénes son los responsables. Algo similar sucedió con los generales a quienes SEMANA consultó. Unos, como el general Zúñiga, no respondieron las llamadas de esta revista, Otros, como el general Vergara, respondieron que ese era un problema de años atrás y que ál no hizo ningún contrato con la señora Jaller.
Y mientras concluyen las investigaciones, el escándalo de la mona que tumbó al Ejército va a dar mucho de qué hablar. Por lo pronto hay una serie de preguntas que resulta inevitable plantear: ¿cómo es posible que el Ejército Nacional, que debería estar mejor informado que nadie sobre quién es quién, adjudique un contrato a una persona que actúa bajo una identidad falsa, tras la cual oculta una condena por estafa a entidades bancarias?, ¿cómo explicar que a pesar de los incumplimientos de Inter Terra, la Junta de Licitaciones le haya otorgado en el último año dos prórrogas y, como si fuera poco, le haya cancelado el saldo sin haber recibido el equipo?, ¿cómo entender que dicha Junta haya aceptado como válidas las ridículas excusas que presentaba Rolla Jaller para no entregar el material?, y finalmente, ¿cómo admitir que ante la evidencia de un año de incumplimientos, le hayan adjudicado un segundo contrato por 400 millones y hayan estado a punto de perfeccionar otro por cerca de 1.700 millones?
El sólo planteamiento de estas preguntas deja bastante mal ubicados a los tres oficiales que presidieron la Junta de Licitaciones desde la adjudicación del contrato hasta la configuración definitiva de la estafa. Se trata de los generales Sanmiguel Buenaventura -hoy en uso de buen retiro-, Camilo Zúñiga Chaparro, quien ocupa hoy el más alto cargo de las Fuerzas Militares, la comandancia general, y Jesús María Vergara Aragón, segundo comandante del Ejército en la actualidad. Aunque hasta ahora las investigaciones no han concluido en la definición de conductas ilegales por parte de los oficiales y funcionarios involucrados en el proceso, es evidente desde ya que la historia conocida permite deducir unas responsabilidades.
Una fuente del alto gobierno reconoció en charla con SEMANA el jueves que "es previsible que todo esto vaya a implicar algunas consecuencias en los cambios que se avecinan en la cúpula". El alto funcionario anotó que "a pesar del aprecio que el Presidente le tiene al general Zúñiga por la lealtad que le ha demostrado, es muy difícil que no se vea obligado a prescindir de él, pues el primer mandatario tiene la clara decisión de impedir que las Fuerzas Militares malgasten el dinero de los contribuyentes". Habrá que ver entonces qué manejo le da el alto gobierno a todo esto y en qué termina la increíble historia de Rolla Jaller Jabbour.

Giselle y los banqueros
GISELLE JALLER Jabbour, fue traída por sus padres a Colombia pocos meses después de su nacimiento en Líbano, en marzo de 1959. Cuando cumplió la mayoría de edad obtuvo su cédula de ciudadanía, con el número 41.779.195 de Bogotá. A comienzos de la década de lós 90 se convirtió en una prestigiosa ejecutiva que logró meterse en el exclusivo mundo bancario. Allí hizo grandes amigos y se ganó la confianza de muchos de ellos.
De acuerdo con la última edición de la revista Dinero, la vida de esta hermosa mujer transcurrió en medio de cocteles, comidas y selectas reuniones sociales. Giselle siempre aparentó ser una mujer de mucho mundo y de gran riqueza. En septiembre de 1988 ocupó el cargo de gerente de la sucursal El Chicó del Banco de Crédito y Comercio de Colombia -BCC-. Llegó allí por recomendación de los generales José Guillermo Medina y Octavio Vargas ex directores de la Policía. El paso de Giselle por el banco todavía hoy es muy recordado. La mujer aprovechó su belleza para atraer un buen número de clientes, quienes personalmente acudían a su oficina para reclamar sus saldos y realizar negocios con la gerente. Ella siempre tenía una sonrisa para todos.
Pero no sólo trajo nuevos clientes. Con Giselle también llegaron los problemas. Aprovechando su condición de gerente abrió 10 cuentas corrientes con nombres ficticios en las cuales consignó más de 60 millones de pesos. Esa plata de los depósitos salió de sus cuentahabientes, entre ellos, Incelt, Manufacturas Ajover, Pronaltex e Inaltex. Con esos dineros, Giselle cubrió una deuda que dejó pendiente cuando fue gerente de la sucursal del Banco de Caldas en la Avenida Pepe Sierra, tan solo unos días antes de haber llegado a la gerencia del BCC en El Chicó.
En diciembre de 1988, los gerentes de las empresas a las cuales Giselle les había sacado dinero se quejaron porque las cuentas que ellos llevaban internamente no cuadraban con los saldos que les entregaba el banco. Pero la sorpresa fue mayor cuando en los primeros días de enero del año siguiente la sucursal se quedó sin gerente. Giselle Jaller había desaparecido sin dejar rastro.
Con el paso de los meses los banqueros lograron desenredar la madeja y descubrieron que su amiga Giselle Jaller no era más que una estafadora profesional. Tumbó al Banco de Caldas en 60 millones de pesos. E igualmente lo hizo con el BCC al que estafó por 60 millones de pesos más.
En junio de 1990, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito la condenó a 51 meses de prisión como responsable de los delitos de hurto agravado, falsedad y estafa. Giselle nunca pagó la condena. Su cédula fue dada de baja en la Registraduría porque la condena le suspendió sus derechos civiles. Sin embargo, Giselle no se quedó quieta. Pocos días después la hábil mujer obtuvo un nuevo documento pero se cambió el nombre: Rolla. Su nueva cédula es la número 51.663.925 de Bogotá. Con esa identidad, tres años después de su condena, empezó a negociar con las Fuerzas Militares de Colombia.

Estafa inconclusa
ROLLA JALLER estuvo a punto de producirle un descalabro mayor al Ejército Nacional. Y en parte lo logró. SEMANA estableció que en agosto de 1993 y simultáneamente con el contrato de los pertrechos militares, Inter Terra ganó otra licitación, esta vez del Fondo Rotatorio del Ejército, por 400 millones de pesos para el suministro de sables con destino a los cadetes de la Escuela Militar. Tras el perfeccionamiento del contrato, la mujer obtuvo como anticipo la mitad de la suma pactada.
Sin embargo, Inter Terra también empezó a incumplir. Pero el Ministerio intervino y logró que la firma contratista entregara una buena parte del material negociado. Y como no cumplió con la entrega de la totalidad de los sables, hace un mes el Ministerio de Defensa le declaró la caducidad del contrato. "La verdad, aquí se perdió dinero, pero muy poco. Hubiera podido ser peor", le dijo una fuente militar a SEMANA.
Pero lo que sí es sorprendente es que Rolla Jaller logró que le otorgaran otro millonario contrato pese a que ya era un hecho la pérdida de los 732 millones de la contratación de agosto de 1993.
La Junta de Licitaciones del Ejército le adjudicó el suministro de 552.646 metros de dril camuflado por valor de 1.764.046.994 pesos. Sin embargo, el Ministerio de Defensa actuó rápidamente y procedió a subdividir en numerosas ocasiones el contrato original para que otras empresas proporcionaran el dril camuflado.
Por esa razón, el pasado 7 de septiembre, pocos días antes de esfumarse, Rolla Jaller le envió una carta al ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, en la que se quejó por el trato que estaba recibiendo y solicitó que se respetara "la conservación del principio legal de Igualdad de los Proponentes".