La ‘muerte política’ ronda a Eduardo Pulgar Daza

A los líos judiciales que tienen acorralado a Eduardo Pulgar Daza (Barranquilla, 1969), habrá que añadirles uno más, luego de que este jueves el Consejo de Estado admitió una demanda que pide decretar la pérdida de investidura contra quien fuera senador de la república por el Partido de la U.

La demanda, interpuesta por el abogado Camilo Araque, asegura que Pulgar Daza incurrió en una de las cinco causales que la Constitución establece para que un congresista sea despojado de su investidura. En el caso del dirigente político barranquillero, por haber incurrido, presuntamente, en el delito de tráfico de influencias.

Pulgar Daza, que en el 2018 fue elegido para ocupar una curul en el Senado con el respaldo de 81.698 votos, la sexta votación más alta del Partido de la U, afronta un proceso en la Corte Suprema de Justicia por tratar de sobornar al juez del municipio de Usiacurí (Atlántico), Andrés Rodríguez Cáez, para que favoreciera al excónsul Luis Fernando Acosta Osío en un pleito en el que buscaba quedarse con el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Tras meses de investigación, Pulgar decidió colaborar con la justicia al admitir los cargos en su contra, y el pasado 19 de marzo anunció que se sometería a sentencia anticipada, a la vez que prometió “prender el ventilador” a cambio de beneficios en su condena. Según la Corte, el exsenador de La U aceptó “parcialmente” su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y cohecho por dar u ofrecer.

Aunque Pulgar Daza trató de evadir su responsabilidad al cuestionar la legitimidad del audio, principal prueba del intento de soborno, optó por renunciar a su curul en el Senado (donde en 2018 fue vicepresidente de la corporación) para que fuera la Fiscalía quien adelantara la investigación en su contra, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia frenó el intento. Ahora espera que el alto tribunal lo cite a una audiencia de formulación de cargos, donde deberá o no aceptar las condiciones de la Corte.

Mientras ese proceso avanza, Pulgar deberá enfrentar el que le abrió este jueves el Consejo de Estado, quien tendrá un término de 20 días –por lo menos así lo establece la ley- para definir si le quita o no su investidura. La demanda está en el despacho del consejero Carmelo Perdomo Cuéter, y deberá ser resuelta, en primera instancia, por otros cuatro magistrados, y en segunda instancia por el pleno del máximo tribunal contencioso.

Pese a que Pulgar renunció al Senado, y de llegar a ser condenado no podría volver a aspirar al Capitolio, el proceso de pérdida de investidura tendría como consecuencia que el dirigente político barranquillero nunca podría a aspirar ni ocupar cargos públicos, lo que en la práctica se denomina la “muerte política”, y que ahora ronda sobre quien fuera uno de los políticos más poderosos del Atlántico en la reciente década.