La multinacional Gunvor se desmarca del escandaloso robo a Ecopetrol, “ningún directivo y empleado de la multinacional ha sido vinculado al proceso”

En la compleja investigación por el robo a Ecopetrol salió a relucir el nombre de Roger Arturo Gale Gutiérrez, quien por años trabajó en la firma Gunvor Colombia S. A. S. Sin embargo, el representante jurídico de la empresa aseguró que ninguno de los directivos o empleados ha sido imputado y ni siquiera vinculado por estos hechos de corrupción.

“No existe ningún elemento material probatorio que demuestre que Gunvor Colombia S. A. S. jamás ha adquirido un crudo o mezcla de origen cuestionable”, precisa la firma mediante un comunicado, en el que agregan que, “también afirmamos que Gunvor Colombia S. A. S. nunca ha realizado ninguna importación de crudo de Venezuela ni de cualquier otro país”.

En otro de los apartes se señala que la firma apareció en este caso después de una llamada telefónica al coordinador logístico, Roger Arturo Gale Gutiérrez, quien deberá dar las explicaciones pertinentes como es su derecho a la defensa.

“Gunvor Colombia S. A. S. reitera el respeto absoluto a la investigación a las autoridades colombianas y desde el inicio de aquella ha estado a disposición de todos los requerimientos, colaborando en el desarrollo de cada acto investigativo”, agrega.

La Fiscalía logró la ubicación e incautación con fines de extinción de dominio de los bienes que estaban vinculados a la organización criminal que desfalcó a Ecopetrol, a través del hurto de crudo que terminaba mezclado con hidrocarburos de Venezuela.

Más de 100 propiedades fueron ocupadas por la Fiscalía luego de una larga investigación que permitió la captura de los responsables del hurto, la identificación de las cabezas de esta red criminal y los millonarios lujos que se dieron en el mejor momento de su carrera de traficantes de hidrocarburos.

“De manera simultánea al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en coordinación con la Dijín de la Policía Nacional, ocupó 101 propiedades que harían parte del patrimonio ilícito de algunos de los presuntos integrantes del andamiaje ilegal de apoderamiento y comercialización de hidrocarburos”, explicó la Fiscalía.

Entre las propiedades incautadas se cuentan nueve inmuebles rurales y 15 urbanos; 37 vehículos, siete naves, 18 sociedades y 15 establecimientos de comercio, “los cuales fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión”, señaló el ente acusador.

Los bienes, muebles e inmuebles que fueron ocupados con fines de extinción de dominio, pasaron a la administración del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales que los podrá monetizar o entregar a depositarios para su manejo. De acuerdo con la misma Fiscalía, las propiedades estarían avaluadas en 1,3 billones de pesos.

“Están ubicados en Barranquilla y Galapa (Atlántico); Chivatá (Boyacá); Cartagena (Bolívar); Flandes, Espinal y Lérida (Tolima); Chía y Madrid (Cundinamarca); Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander), Buenaventura (Valle del Cauca), y Bogotá. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar estos bienes”, advirtió la Fiscalía.

El escrito de acusación

La investigación, que arrancó luego de unas denuncias de Ecopetrol sobre el presunto robo de hidrocarburos, que superó los 80 millones de dólares, derivó en un proceso que incluso enredó a reconocidas empresas del sector de los hidrocarburos. En la cima de los vínculos criminales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), está alias La Mona, cabecilla del entramado criminal.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, en articulación con la Policía Nacional, puso en evidencia a tres redes delictivas que harían parte de un entramado ilegal involucrado en la extracción, refinamiento, comercialización y transporte de hidrocarburos.

Alias La Mona fue identificada como Albaneris Pérez Garavis y, de acuerdo con la Fiscalía, era la encargada de financiar toda la red criminal, responsables de proveer los recursos al ELN con injerencia en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

“Alias La Patrona o La Mona sería la encargada de financiar toda la actividad ilegal y de proveer altas sumas de dinero a las estructuras del ELN que tienen injerencia en la región. Los demás son conductores que estarían involucrados en distintos eventos en los que llevaron combustible hurtado de Norte de Santander a Cundinamarca y otros departamentos del país”, señaló la Fiscalía.

En los operativos que adelantó la Fiscalía, con el apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, fueron capturados alias La Mona y cinco personas que estaban trabajando bajo sus órdenes, y que se encargan de transportar los hidrocarburos a los puntos de acopio para redistribuirlos con el resto de la red criminal.

Los capturados:

• Catalina Quintero, administradora de una planta de asfalto en Barrancabermeja (Santander), señalada de facilitar la adquisición y acopio del crudo.
• Flor Mary Triviño Yopasa, propietaria y administradora de un parqueadero donde se hacía el cargue del hidrocarburo hurtado.
• John Alejandro Acosta Chacón, presunto coordinador logístico.
• Luis Andelfo Contreras estaría involucrado en la obtención de manifiestos de carga falsos para amparar el transporte del combustible.
• José Javier Ocampo San Juan y Elkin Orlando Gómez Álvarez, conductores.

A alias La Mona le fue imputado el delito de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. Todos los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Estas cinco personas, según el posible rol ejercido, fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan, y receptación”, explicó Ricardo Romero, director contra el crimen organizado de la Fiscalía.

En audiencias de control de garantías, la Fiscalía logró demostrar los vínculos que tendría el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con las redes dedicadas a la extracción y el robo de hidrocarburos de Ecopetrol y cómo, a través de empresas fachada, lograban darle apariencia de legalidad a los recursos hurtados a la estatal petrolera.