¿LA NOCHE QUEDO ATRAS?

Dos generaciones de colombianos han tenido que pasar la mayor parte de sus vidas sometidos a las disposiciones de excepción emanadas del artículo 121 de la Constitución Nacional. La mayoría ni siquiera es consciente de ello, y aparte de que no se conocen sus implicaciones es muy poco lo que se sabe sobre las razones que han llevado a su aplicación. Lo único que todo el país parece conocer es que en Colombia se vive "desde hace 30 años" en estado de sitio.
Pero en realidad la aplicación casi permanente del artículo 121 viene desde antes. El 10 de julio de 1944, luego del intento de golpe de estado contra el presidente López Pumarejo, encabezado en Pasto por el coronel Diógenes Gil, el gobierno dictó el decreto 1632, mediante el cual declaró "turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional", fórmula que se volvería frecuente en años posteriores. En dicha ocasión el estado de sitio se prolongó más allá de la develación del intento de sublevación militar y permaneció vigente durante más de siete meses, siendo levantado finalmente el 21 de febrero de 1945.
Después de la renuncia de López, en julio de 1945, la presidencia es ocupada por Alberto Lleras, quien desarrolló un gobierno de coalición. En agosto de 1946 entregó la presidencia a Mariano Ospina Pérez, quién alcanzó el poder gracias a la división del partido liberal entre Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán. Ospina formó también un gobierno de coalición, la Unión Nacional, con paridad en el gabinete. No obstante, una situación económica crítica y una creciente violencia política se fueron apoderando del país en sus dos primeros años de gobierno.

EL 9 DE ABRIL
Ospina trató de combatir los brotes de violencia con la formación de fuerzas especiales de seguridad que, a la postre, no hicieron más que agudizar los conflictos. Norte de Santander se convirtió en un centro de violencia y por lo menos 200 familias tuvieron que cruzar la frontera hacia Venezuela huyendo de ella. El 17 de enero de 1948 el gobierno se vió precisado a decretar el estado de sitio en dicho departamento (decreto 147) y tres meses más tarde, con motivo del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, lo extendió a todo el territorio nacional, mediante el decreto 1239.
Después del 9 de abril el gobierno intentó desarrollar nuevamente la Unión Nacional, con la colaboración del partido liberal. Y en lo que restaba del año el panorama político fue llenado por un candente debate en torno a una posible reforma electoral. La discusión fue interrumpida varias veces por las crecientes disensiones entre los liberales. En noviembre del 48, sin embargo, se llegó a un acuerdo y al finalizar las sesiones del Congreso la tensión política había bajado notoriamente. El 16 de diciembre fue levantado el estado de sitio en todo el país y se fijó el mes de junio de 1949 como fecha para las siguientes elecciones para Cámara de Representantes.
En 1949 se agudizaron las tensiones políticas y el 21 de mayo se produjo la renuncia de todos los ministros liberales, quedando terminada la segunda Unión Nacional Conservadora. En las elecciones de junio, a pesar de ver disminuida su ventaja, el liberalismo conservó sus mayorías, viéndose el presidente Ospina sometido a una cada vez mayor oposición legislativa.
Al iniciarse las sesiones del Congreso, en julio, los liberales propusieron una nueva reforma electoral y un adelanto de las elecciones presidenciales para diciembre de 1949. Los conservadores se opusieron y la violencia llegó hasta los recintos del Congreso, donde fue asesinado el representante Gustavo Jiménez. A comienzos de noviembre los liberales, después de haber retirado el nombre de su candidato, Darío Echandía, por las condiciones de violencia política imperante, pidieron la presencia del Presidente en el Congreso, para que respondiera por su ineptitud para conservar el orden público.

EL CIERRE DEL CONGRESO
El día 9 del mismo mes, el presidente Ospina, como respuesta expidió el decreto 3518, declarando nuevamente turbado el órden público y en estado de sitio todo el territorio nacional. Ese mismo día se expidieron otros cinco decretos extraordinarios (cerrando el Congreso, reformando la Corte Suprema, estableciendo la censura de prensa, prohibiendo las manifestaciones públicas y dando poderes especiales a los gobernadores), sobre los cuales se acumularon, durante los siguientes ocho años, cerca de 10 mil decretos más. Hasta 1958, incluída por supuesto la dictadura de Rojas Pinilla, se legisló mediante decretos de estado de sitio, lo que alteró profundamente el ordenamiento legal del país.
El respaldo político con el cual contó el primer gobierno del Frente Nacional, de Alberto Lleras Camargo, fue tan amplio que llevó al gobierno a estudiar la posibilidad de levantar el estado de sitio. Pero fue tan copiosa la legislación de emergencia dictada desde 1949 que el gobierno tuvo que hacer aprobar una ley prorrogando su vigencia hasta diciembre de 1959, mientras estudiaba los decretos de excepción y tomaba alguna decisión sobre ellos. Tal estudio se tornó imposible (eran cerca de 10 mil decretos) y, finalmente, el gobierno tuvo que adoptar "como leyes los decretos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución desde el 9 de noviembre de 1949 hasta el 20 de julio de 1958", según reza en la ley 141 de 1961.
El 27 de agosto de 1958 (decreto 321) se levantó el estado de sitio en el país, con excepción de los departamentos de Caldas, Cauca, Huila, Tolima y Valle del Cauca, donde persistía la violencia política. En octubre regresó al país el exdictador Rojas Pinilla y se habló de que estaba preparando una nueva conspiración. Esto dio pie a una nueva extensión del estado de sitio a todo el país, lo cual hizo el gobierno el día 3 del mismo mes. Tal situación se mantuvo hasta el 12 de enero de 1959, cuando de nuevo se levanta, con excepción de los departamentos antes mencionados.

POR FIN SE LAVANTA
Dos años después, en octubre de 1961, se insubordina un teniente del ejército y en compañía de un puñado de soldados se dirige a los Llanos Orientales, declarando su oposición al gobierno. Otra vez el estado de sitio se extiende a todo el país y aunque los rebeldes son rápidamente interceptados, se mantiene hasta el 31 de diciembre de 1961, cuando es levantado totalmente por primera vez desde noviembre de 1949. Desde el 27 de agosto de 1958 hasta esa fecha se dictaron 50 decretos legislativos.
Entre 1962 y 1965, durante la administración de Guillermo León Valencia, se produce un auge sin precedentes de la protesta social del movimiento obrero, debido al rápido empeoramiento de la situación económica del país. Precisamente, a raíz de un paro realizado en 1963 por los obreros de Ecopetrol se decretó, el día 23 de mayo, el estado de sitio en cuatro municipios del departamento de Santander, pero ésta vez sólo se mantuvo vigente durante siete días, mientras se controlaba la situación.
La invasión de los Estados Unidos a Santo Domíngo en 1965 levantó una gran protesta en los sectores estudiantiles. Y fue precisamente una manifestación, realizada por los universitarios de Medellín, la que llevó al gobierno de Valencia a reimplantar el estado de sitio en todo el país el 21 de mayo, mediante decreto 1288. El gobierno aprovechó, sin embargo, para dictar una serie de decretos de carácter económico y laboral, tratando de encontrar correctivos para la crisis económica que estaba viviendo el país. Las medidas adoptadas buscaban racionalizar el uso de las divisas, incrementar los recursos del Estado, estimular el ahorro y la construcción de vivienda y promover la inversión en las sociedades anónimas que trabajaban con base en recursos nacionales.
En realidad el estado de sitio, decretado por causa de una manifestación universitaria se extendió a infinidad de campos al ser utilizado por el ejecutivo para solucionar el problema que le significaba tener un Congreso con mayoría de oposición. Antes de terminar su período, Valencia pidió al parlamento la aprobación de la legislación adoptada en virtud del artículo 121, para poder levantar el estado de sitio. Pero en dicha ocasión tampoco contó con la mayoría por lo cual tuvo que entregar la presidencia a su sucesor, Carlos Lleras, con el país bajo el estado de excepción.

LA UNIVERSIDAD DE ROCKEFELLER
Lleras tuvo que recurrir también a las atribuciones del 121, porque tampoco contaba con la mayoría del parlamento, para tratar de conjurar la crisis económica que cada día se manifestaba más aguda. Uno de los primeros decretos legislativos de su gobierno entregó al Banco de la República el monopolio en el manejo de las divisas, buscando solucionar el problema de la balanza comercial negativa. Pero no sólo dictó decretos económicos. En octubre de 1966 expidió tres drásticos decretos destinados a controlar la agitación universitaria desatada a raíz de la visita del Presidente de la República, en compañía de Rockefeller, a la Universidad Nacional.
En 1967 Lleras logra un acuerdo con el MRL, lo que le permite obtener en el Congreso la aprobación del llamado "Estatuto cambiario" que además de inaugurar un nuevo curso de la economía colombiana, permitía solucionar alguno de los problemas inmediatos que vivía el país en materia económica. El mismo acuerdo le permitió disminuir su apelación al artículo 121 (en 1968 sólo dictó un decreto legislativo).
El presidente anunció que levantaría el estado de sitio, pero antes presentó al Congreso un proyecto que buscaba convertir en leyes 27 decretos legislativos (esencialmente de carácter económico y laboral) que fue aprobado finalmente el 16 de diciembre, el mismo día en que fue aprobada la famosa Reforma Constitucional del 68. El país retornó a la normalidad constitucional después de tres años seis meses y veintiseis días de vivir bajo el estado de excepción, tiempo durante el cual se dictaron un total de 120 decretos legislativos relacionados con casi todos los dominios de la vida ciudadana.
Sin embargo el secuestro de dos ciudadanos suizos en el Valle del Cauca obligó al gobierno a reimplantar el estado de sitio el 9 de octubre de 1969, pero esta vez solamente en el mencionado departamento. Y seis meses después, con motivo de la agitación política que se produjo en torno a las elecciones presidenciales en las cuales Misael Pastrana derrotó por estrecho margen a Rojas Pinilla, el estado de sitio se extendió nuevamente a todo el país. Esta vez dura menos de un mes, y el 15 de mayo es restablecida la normalidad jurídica en el país, con excepción del departamento del Valle. Sin embargo, la agitación continúa y el gobierno recurre nuevamente al 121 a partir del 19 de julio del mismo año.

EL PLAN BASICO
Misael Pastrana se tiene que posesionar, entonces, con un país bajo el estado de excepción y sólo hasta el 13 de noviembre de 1970 devolverá la normalidad institucional al país. En los dos años siguientes, 1971 y 1972, el escenario político se caracteriza por una agitación estudiantil sin precedentes en Colombia.
Precisamente en febrero de 1971 cuando se realizaba en Cali un congreso nacional estudiantil, con el fin de organizar una respuesta conjunta de los estudiantes colombianos al llamado "Plan Básico", se produjo un enfrentamiento con la tropa que dejó varios estudiantes muertos. De nuevo se instaura el estado de sitio en todo el territorio nacional.
En 1973, controlada ya la agitación estudiantil y después de lanzar una gran ofensiva contra las guerrillas rurales, que desde 1965 actuaban en las regiones de Antioquia, Urabá, Córdoba y el Magdalena medio, conocida como "Operación Anorí", el gobierno de Pastrana decide levantar el estado de sitio, lo que ocurre el 29 de diciembre de 1973, cuatro meses antes de las elecciones que marcarían el final de la alternación de los partidos en el poder.
El gobierno de Alfonso López primer mandatario elegido en confrontación abierta entre los partidos desde el año de 1944, se inicia en medio de una gran recesión, acompañada de una fuerte agudización del proceso inflacionario. Y nuevamente las universidades se convierten en foco de protesta. El 12 de junio de 1975, el gobierno impone el estado de sitio en tres departamentos, Antioquia, Atlántico y Valle, en cuyas capitales se concentra la agitación estudiantil. Quince días más tarde, ante la continuidad de la agitación, el gobierno decide extender el estado de excepción a todo el territorio nacional, lo cual hace mediante decreto legislativo 1250 del 26 de junio.
En 1976, el gobierno manifestó su intención de levantar el estado de sitio antes de las elecciones de "mitaca". Pero el secuestro de José Raquel Mercado por el M-19 y su posterior asesinato, impidieron que tal cosa sucediera. No obstante, el gobierno decidió levantar el estado de sitio el 12 de junio del mismo año.
En septiembre un movimiento laboral de considerable magnitud sacude la propia administración estatal: una huelga en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. El gobierno decide, entonces reimplantar el estado de sitio en todo el territorio nacional. La medida se tomó también mediante el decreto 2131 del 7 de octubre de 1976. en el cual, aparte del conflicto en los Seguros Sociales, se señalaban como causales de su implantación "junto con los hechos anteriores... otros como frecuentes asesinatos, secuestros, colocación de explosivos e incendios".
Ese mismo decreto, en virtud del cual se dictó el estatuto de seguridad es el que está vigente en la actualidad y el que se propone revocar el Presidente Julio César Turbay en los próximos días para devolverle nuevamente la normalidad constitucional al país, después de cinco años, ocho meses y trece días de estado de excepción.