El novelón de las circunscripciones de paz, la balanza se inclina al lado del Gobierno

Una de las discusiones más cargadas de polémica que se han dado en los últimos años en el Congreso está relacionada con la decisión de si las víctimas del conflicto finalmente tendrán o no 16 curules especiales en el Capitolio. Este capítulo de la reglamentación del posconflicto tiene enfrentados, incluso, a la Secretaría del Senado y al Gobierno de Juan Manuel Santos, pero este miércoles podría ponérsele punto final y a favor del Ejecutivo.

En la plenaria del jueves 30 de noviembre -durante el último día del fast track- se certificó que la reforma constitucional que crea 16 circunscripciones especiales de paz no alcanzó la mayoría necesaria al obtener 50 votos positivos y requería 52, pero la Casa de Nariño refutó esa tesis y dijo que al haber 3 sillas vacías por igual número de senadores presos el quórum cambia y así le serviría la votación obtenida para ser aprobada.

Este enfrentamiento dejó abierta una dura polémica que motivó al Gobierno, a través del ministro del Interior, Guillermo Rivera, a pedirle al Senado que reversara su decisión inicial y admitiera que las mayorías cambiaron con el encarcelamientos de los 3 congresistas de la U (Miguel ‘ñoño’ Elías, Musa Besaile y Martín Emilio Morales).

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Incluso, el presidente Juan Manuel Santos intervino y dijo públicamente en dos oportunidades -con cierto halo de presión mediática- que el secretario del Senado, Gregorio Eljach, se equivocó al declarar no aprobado el proyecto por no lograr la mayoría absoluta de 52 votos (la mitad más uno de las 102 curules que tiene la cámara alta).

El Gobierno, además y con base en pronunciamientos de la Corte Constitucional, notificó que de no ser aceptada su tesis acudirá al Consejo de Estado a demandar el acta de aquella plenaria, la del 30 de noviembre, para presionar la aprobación de estas 16 curules para las víctimas del conflicto.

Hasta las víctimas decidieron aportar parte a esta novela política y comenzaron una tutelatón al acudir a diferentes despachos judiciales, durante los últimos días, para pedirles que mediante fallos presionen al Senado y, contrario a lo dicho el 30 de noviembre pasado, se den por aprobadas las curules que representarán a los habitantes de los 167 municipios más golpeados por el conflicto.

“No se requiere ser matemático para decir que de 99, 50 es más que la mitad. Pero lo importante es que las víctimas van a estar representadas en el Congreso y eso es una parte importante”, ha dicho el Jefe de Estado.

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No obstante, el Congreso ha decidido consultar varios juristas para determinar qué tan viable puede ser la postura del Gobierno. Claro está que, además, ha analizado con calma cuáles serían las consecuencias que podría tener el Legislativo, en especial el secretario Eljach, de admitir un posible error y echar para atrás la no aprobación de esa reforma constitucional.

Entre los consultados están el exmagistrado de la Corte Constitucional Gabriel Mendoza Martelo, la exfiscal y exprocuradora Magaly Romero y, entre otros, los juristas Pamela Lozano y Julio César Rojas. De sus posturas se han ventilado argumentos de respaldo para las dos partes, tanto para el Gobierno como para el Congreso, pero la decisión final recae sobre el presidente del Congreso, el conservador Efraín Cepeda.

Este senador, de origen barranquillero, votó en favor del proyecto -contradiciendo la postura mayoritaria de su colectividad- y se ha mostrado abierto a respaldar la tesis del Gobierno, pero ha dicho que debe escuchar a todas las partes y, sobre todo, llenarse de argumentos jurídicos para tomar la decisión final.

“Que las víctimas tengan voz y voto es un tema de justicia social, estoy a favor de ello y estamos buscando los caminos, pero en mi papel de juez debo escuchar a los abogados y tomar una decisión. Lástima por algunas bancadas y senadores que retiraron su apoyo a ese proyecto”, dijo Cepeda.

Algunos sectores del Partido Liberal, del Conservador, de Cambio Radical y del Centro Democrático han dicho que la tesis del Gobierno no tiene un asidero y que este tema de las circunscripciones ya está muerto en el Congreso, y que revivirlo a la fuerza, como califican la postura del Ejecutivo, es casi que un golpe de Estado.

“No sigan inventando cómo violar la Constitución, pues las 16 circunscripciones ya quedaron hundidas”, ha dicho el expresidente y senador Álvaro Uribe, líder máximo del Centro Democrático y principal figura de la oposición.

Todas estas posturas muestran que la novela de las circunscripciones especiales de paz, el último capítulo de lo que fue el fast track, generó una dura polarización en la clase política, por lo que la decisión que se tome este miércoles en la Presidencia del Senado no dejará contentos a todos. Eso sí, la balanza está inclinada en favor del Gobierno y en este sentido, si nada cambia a última hora, será el anuncio que haga Efraín Cepeda.