Cambio extremo: así es la nueva Justicia Penal Militar

En los próximos meses, el mayor reto para la Justicia Penal Militar será acomodarse a su propia reestructuración. SEMANA conoció los detalles de esa transformación que se pone en marcha por medio de un decreto presidencial. Los cambios no son solo de forma, el proceso implica todo un sistema judicial nuevo.

Dos leyes aprobadas por el Congreso, una hace 10 años, se convirtieron en el esqueleto de la naciente Justicia Penal Militar, a la que ahora esperan darle cuerpo. La Ley 1765 de 2015 finiquitó los detalles de esta implementación, que incluye un sistema más ágil y efectivo, no secreto, ignorado y criticado como era la percepción de los ciudadanos cuando de investigaciones contra policías y militares se trataba.

El objetivo es ofrecer más garantías a los miembros de la fuerza pública y las víctimas que se encuentren en procesos judiciales. Pasar de un sistema inquisitivo donde los jueces actuaban como todopoderoso, a un sistema que permitirá el debate judicial entre pruebas y argumentos de investigados e investigadores.

El origen

El compromiso que el año pasado pactó el entonces ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo (q. e. p. d.) por instrucciones del presidente Iván Duque, era poner en marcha la naciente Justicia Penal Militar independiente, un compromiso que había dejado pendiente el Gobierno pasado.

Lo que encontraron en esa jurisdicción fue motivo suficiente para entender la urgencia de esos cambios. “Los procesos y seguimiento en la Justicia Penal Militar se llevaban en libros, un atraso tecnológico de 50 años y un cúmulo de requerimientos que no tenían control ni revisión”, señaló el nuevo director de la Unidad Administrativa, Fabio Espitia, el encargado de actualizar esa jurisdicción y convertirla en un sistema moderno, eficiente y, sobre todo, confiable.

¿Qué modifica?

El cambio fundamental es implementar el Sistema Acusatorio a la Justicia Penal Militar; en otras palabras, se recibirán denuncias en línea, crearán el “único número de noticia criminal (NUNC)”, lo que permitirá evitar que en la Fiscalía y Jurisdicción Militar se adelanten las mismas investigaciones. Además, se van a sistematizar todos los despachos, que, entre otras cosas y en plena era digital, diligenciaban las bases de datos y reportes a mano, en libros o en cuadros de Excel.

Se trata del mismo escenario que actualmente se observa en las audiencias públicas con civiles, en las que los procesados se enfrentan a la Fiscalía frente a un juez y bajo la auditoría de la Procuraduría, en salas de audiencias, con acceso al público y con exposiciones orales de todas las partes en el proceso. Se elimina el veto, sobre los procesos, pues tanto la prensa como los ciudadanos podrán estar presentes o tendrán acceso virtual.

Como habrá una separación de funciones, la nueva Fiscalía Penal Militar tendrá Policía Judicial, algo así como un CTI penal militar, que estará integrado por investigadores designados o en comisión de la Policía Nacional, encargados de adelantar las labores de investigación, recuperar pruebas y recepción de denuncia.

El nuevo fiscal general penal militar será nombrado por el presidente de la República, mediante convocatoria y para un periodo constitucional de cuatro años. “El fiscal puede ser militar, policía o de los actuales magistrados militares, pero debe contar con ocho años de experiencia en asuntos relacionados con la función en justicia penal militar, e incluso puede ser activo o retirado”, explicó Camilo Burbano, exdirector del sistema penal acusatorio de la Fiscalía.

Más independencia

La herencia que esperan dejar con este decreto será, además de la modernización del sistema, la independencia judicial. Que los fiscales y jueces tengan autonomía en las decisiones que adopten y las mismas puedan someterse a debate, a través de los mecanismos legales establecidos como la segunda instancia, por ejemplo, ante el Tribunal Penal Militar.

Además de desprenderse del Ejecutivo, la nueva Justicia Penal Militar tendrá autonomía presupuestal y la orientación de un Consejo Directivo integrado por miembros de esa jurisdicción, con dos instancias adicionales en esa dirección: el ministro de Justicia y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, un valor agregado en ese objetivo de cubrir de independencia la “nueva” Justicia Penal Militar.

¿Qué pasará con los procesos?

La puesta en marcha del decreto se hará efectiva en las futuras investigaciones y el resto de procesos seguirán bajo la misma dinámica de juzgamiento. Espitia aseguró que muchos expedientes serán revisados por la Fiscalía Penal Militar, para evaluar su tránsito al sistema penal acusatorio, previa discusión con todas las partes en cada actuación.

Las garantías para procesados y víctimas se mantienen, no habrá interrupción en los términos ni diligencias que se tienen o están programadas. Los compromisos judiciales de los jueces y las decisiones que están pendientes no serán afectadas en proceso de implementación.