La oferta de los paras

Carlos Alonso Lucio es impredecible. Primero fue guerrillero del M-19. Después de desmovilizado, como representante a la Cámara, se convirtió en el escudero de Ernesto Samper en la crisis del proceso 8.000. Luego, huyendo de la justicia que lo buscaba por estafa y falsa denuncia, se refugió en Cuba, donde entabló una estrecha relación con el ELN, organización que le ayudó a entrar clandestinamente al país. Estando en el campamento central de esa guerrilla se ofreció como mediador para un acuerdo de paz entre los elenos y las autodefensas. Fue así como llegó al campamento de Carlos Castaño, quien, para sorpresa suya, decidió secuestrarlo. Después de versiones según las cuales habría sido asesinado, finalmente fue liberado y se entregó a la Corte Suprema de Justicia. En la cárcel se convirtió al cristianismo. Al recobrar la libertad, cuando parecía haberse sumido en el anonimato, regresó a la vida pública como el hombre que le habla al oído a los jefes paramilitares en Santa Fe de Ralito. Después de meses de contacto con las AUC, cuenta su visión sobre el futuro de la negociación con esa organización.

SEMANA: ¿Cuál es su papel en esta negociación?

Carlos Alonso Lucio: Soy asesor de las autodefensas en el proceso.

SEMANA: ¿Contratado por quién y en qué condiciones?

C.A.L.: Hace cuatro años Carlos Castaño me secuestró. En ese momento se regó el rumor de que me habían asesinado. Eso generó una presión que hizo que finalmente me liberara. Después de esto recibí una carta del Estado Mayor presentándome excusas por ese secuestro y reconociendo que yo podía ser un puente para iniciar un diálogo.

SEMANA: ¿Entonces en esta entrevista usted es el vocero de las autodefensas?

C.A.L.: No. Esta entrevista se hace a nombre de Carlos Alonso Lucio pero interpreta centenares de horas de conversaciones con ellos.

SEMANA: Entremos en materia: ¿qué opinión tiene usted del ofrecimiento de los paras de desmovilizar 3.000 hombres a partir de este 3 de noviembre?

C.A.L.: Es una oferta que se hizo para salvar el proceso de Santa Fe de Ralito y dotarlo de nueva confianza. Esta será la desmovilización más grande en la historia de Colombia, medida en hombres y fusiles. Y es excepcional porque ocurrirá no como fruto de una negociación sino como un gesto sin ningún tipo de contraprestación ni condicionamiento. Pero en el fondo es una oferta simbólica. Lo importante no es que haya proceso sino que éste tenga el rumbo correcto y un marco conceptual claro. Y esto no se consigue desmovilizando a 3.000 hombres.

SEMANA: ¿Qué significa simbólica?

C.A.L.: Mi preocupación es que usted puede tomar una foto de 3.000 hombres entregando unas armas por la puerta delantera, mientras que por la puerta trasera el narcotráfico puede estar comprando otras 3.000 armas para reclutar nuevamente a los desmovilizados. Lo único que no le falta a esa gente es plata.

SEMANA: ¿Qué se puede hacer para que esto no suceda?

C.A.L.: Que se aborde el problema en términos realistas. No en forma centralista y moralista como se ha hecho hasta ahora. La gente de la 72 con séptima de Bogotá no tiene ni idea de lo que ocurre en las regiones de Colombia. Y esa gente es la que está manejando la opinión en el país.

SEMANA: ¿Qué quiere decir que tienen un enfoque moralista?

C.A.L.: Pareciera que partimos del país que queremos y no del que tenemos. Mientras no se aterrice en el momento histórico que vive Colombia, no se podrá construir la paz. Esto no es entre Gandhi y la madre Teresa de Calcuta. Es una guerra entre poderosos ejércitos irregulares, por fuera de la ley, que hoy controlan la mitad del territorio nacional. Mientras en Bogotá consideran que la solución es desarmar a uno de estos ejércitos, en las regiones donde opera el problema es quién va a proteger a la población cuando la guerrilla intente retomar el control.

SEMANA: Pero el gobierno ha dicho que puede garantizar la seguridad en regiones.

C.A.L.: A corto plazo eso no es posible. No hay presupuesto. Hay escasez de pie de fuerza. El Estado tiene a sus hombres concentrados en la ofensiva contra las guerrillas y aun para eso se ve a gatas en la actualidad. Piense usted que el Plan Patriota es una ofensiva con 15.000 hombres en un territorio inexpugnable, frente a la guerrilla más curtida de América Latina. Para derrotar a la guerrilla en El Salvador, que es un territorio de praderas del tamaño de un solo departamento colombiano, se hizo una ofensiva parecida y se requirieron más de 40.000 hombres. ¿De dónde va entonces a sacar el Ejército colombiano 20.000 hombres para reemplazar a las autodefensas?

SEMANA: Suena apocalíptico ese panorama.

C.A.L.: Sería mucho más apocalíptico si se desmovilizan las autodefensas, abandonan las regiones y el Estado no cumple con una protección efectiva. De inmediato las guerrillas se tomarían esas zonas, con el agravante de una venganza generalizada que produciría ríos de sangre.

SEMANA: ¿Usted qué propone?

C.A.L.: Que los 20.000 hombres que están armados y uniformados sean entregados directamente a las Fuerzas Armadas para que, con mandos de la institucionalidad del país, asuman el control de esa fuerza y se les retire el control a los ilegales. Que los patrulleros de las autodefensas se conviertan en soldados.

SEMANA: ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas y la opinión pública aceptarán a tantos criminales en sus filas?

C.A.L.: Es necesario entender la diferencia entre un guerrillero y un patrullero de las autodefensas. El guerrillero dice "yo milito en las Farc". El patrullero dice "yo trabajo con las AUC". No es un convencido ideológico sino parte del mercado laboral de la violencia. Por eso es mejor recogerlos que dejarlos en ese mercado donde seguramente se venderán al mejor postor.

SEMANA: ¿Cómo se controlarían esos 20.000 mercenarios?

C.A.L.: Aclaro que mercenarios es una palabra de ustedes, no mía. Pero no quiero entrar en debates semánticos. En primer lugar hay que entender que no son 20.000 de un solo golpe. Serían desmovilizaciones graduales. En toda fuerza armada, legal o ilegal, los soldados, patrulleros o guerrilleros les cumplen órdenes a los jefes. Y esta vez los jefes serán los oficiales y suboficiales del Ejército. Ningún mando paramilitar heredará rango institucional militar. Los patrulleros serán distribuidos por todo el territorio nacional a discreción de las Fuerzas Militares.

SEMANA: ¿Serían reentrenados?

C.A.L.: Es indispensable que estas personas entren en un proceso de reentrenamiento bajo el mando de los militares y el apoyo profesional de sicólogos, sociólogos, expertos en derechos humanos. Como dije antes, estas personas no tienen compromiso ideológico. Tienen un problema de empleo y un conocimiento de las armas. Con todo realismo creo que el único camino para que ellos avancen hacia una reinserción social e institucional y no queden expuestos al reclutamiento del crimen organizado es que sigan ejerciendo su experiencia armada, esta vez bajo el mando de la Constitución, la ley y el Estado.

SEMANA: ¿Está el país preparado para ver a los paras como soldados?

C.A.L.: Sobre la decisión política se construye la carpintería jurídica. No necesariamente tienen que ser soldados si esto genera resistencia. Se puede pensar en la creación por ley de una guardia rural o cualquier otra fórmula que se ajuste a la decisión. Lo único importante es que sea bajo el mando de las Fuerzas Armadas.

SEMANA: ¿Y qué pasaría con Mancuso, 'Don Berna', Báez y los otros jefes?

C.A.L.: No nos engañemos: ellos no están en la mesa de Santa Fe de Ralito para que los extraditen. Si la meta es esa, no habrá negociación. Eso sería un escenario totalmente diferente.

SEMANA: ¿Estarían dispuestos a ir a la cárcel en Colombia?

C.A.L.: Ellos lo único que esperan es un tratamiento equiparable al que recibirían las guerrillas. Si 'Marulanda', el 'Mono Jojoy' y 'Gabino' van a terminar en la cárcel, los jefes de las autodefensas aceptan cárcel. Lo que no aceptan es que se esté pensando en un indulto para la guerrilla, mientras la oferta para ellos sería extradición y cárcel. O todos en la cama o todos en el suelo.

SEMANA: Deja usted claro que no cree en la cárcel para las AUC.

C.A.L.: Estoy convencido de que partiendo del presupuesto de la cárcel nunca empezará una negociación política con la guerrilla. ¿Por qué pensar entonces que los jefes paramilitares deben ir a prisión? No creo que la cárcel sea ni buena ni mala. Lo que pienso es que es inútil y que se pueden hacer cosas más productivas con los jefes de las AUC que tomarles una foto con pijama de rayas.

SEMANA: ¿Cómo qué?

C.A.L.: Por ejemplo, comprometerlos en las zonas que ellos controlan con la más grande y eficiente erradicación de cultivos ilícitos.

SEMANA: ¿Y usted cree que alguien se come ese cuento?

C.A.L.: Entonces invitemos a los norteamericanos para que ellos supervisen directamente ese compromiso con cifras, metas y medición de resultados. Así como los patrulleros rasos tendrían que rendirles cuentas a los oficiales de las Fuerzas Militares, los jefes de las AUC deberán rendírselas a la DEA o a quien el gobierno norteamericano decida.

SEMANA: Pero los gringos no van a levantar las solicitudes de extradición...

C.A.L.: Los norteamericanos no son tontos. Son prácticos y expertos en negociación. Ellos no quieren meter a Mancuso a la cárcel para que pague por sus pecados sino porque creen que con ello se combate el narcotráfico. Ellos tienen que entender que Mancuso, 'Jorge 40', 'Don Berna' y los otros jefes de las AUC son más útiles liderando el proceso de erradicación de cultivos ilícitos bajo la supervisión del gobierno de Estados Unidos, que en Miami presos, comiendo por cuenta del erario de ese país.

SEMANA: ¿Cómo sería esa erradicación?

C.A.L.: Primero lo harían desde el conocimiento absoluto de las zonas donde se produce la coca. Nadie más que ellos conoce esas regiones. Segundo, lo harían acompañados por los equipos designados por los gobiernos colombiano y norteamericano. Tercero, es imperioso hacerlo desde proyectos que sean verdaderas alternativas para quienes hoy viven de la coca.

SEMANA: Su propuesta sorprende. ¿Es un hecho que ellos están dispuestos a ponerse bajo las órdenes del gobierno de Estados Unidos para erradicar los cultivos ilícitos?

C.A.L.: Es un hecho que estos planteamientos son estudiables en Santa Fe de Ralito. Y se puede ir mucho más lejos. Existe la disposición de ellos de entregar grandes extensiones de tierras cultivables en distintas regiones del país. También están dispuestos a entregar los recursos necesarios para que estas tierras puedan ser explotadas. Ellos creen que en Colombia se pueden crear nuevas vocaciones económicas. Han estudiado el caucho, la palma, el cacao, los maderables y la producción de alimentos en general. También han estudiado formas asociativas en las que los habitantes de las regiones no serían solamente asalariados sino socios de estos proyectos.

SEMANA: Suena tan perfecta esa propuesta que deja de ser creíble.

C.A.L.: No. Lo que ocurre es que quienes se empeñan en un proceso desde el ángulo centralista y moralista en mi opinión incurren en una miopía. Este proceso de paz puede convertirse en un punto de quiebre para el desarrollo de las regiones en Colombia y beneficiar a más de un millón de personas. Para mí eso tiene mucho más valor que la fotografía de 10 tipos detrás de una reja.

SEMANA: Da la impresión de que estos señores están ofreciendo una utopía para que no los extraditen ni les extingan los bienes.

C.A.L.: Lo que es una utopía es pensar que es fácil la extinción de dominio en las zonas rurales de Colombia. Si con Pablo Escobar muerto ha tomado casi 20 años extinguir el dominio del edificio Mónaco, símbolo del poder del capo, en pleno centro de Medellín, imagínense ustedes lo que será determinar qué es de quién en Córdoba, el Magdalena Medio, sur de Bolívar, Cesar y hasta la Orinoquia. Mucho más realista es escucharles a ellos su propuesta de entregar enormes extensiones de tierras cultivables y cuantificar los recursos que estarían dispuestos a invertir. Como dije anteriormente, todo ese proceso sería bajo la supervisión del gobierno colombiano, del norteamericano y de la comunidad internacional.

SEMANA: Y asumiendo que se llegue a un acuerdo sobre todos los puntos mencionados por usted, ¿qué pasa si no se cumple con lo acordado?

C.A.L.: Si existe evidencia de mala fe, que los metan a la cárcel o que los extraditen. En otras palabras, si la erradicación es un engaño y alguien de las AUC sigue en el negocio, que le caiga todo el peso de la ley.

SEMANA: Pero su propuesta en el fondo es una apología a la impunidad de crímenes atroces.

C.A.L.: Lo único que yo sé es que en un proceso de paz debemos preocuparnos más por los vivos del presente y del futuro que por los muertos del pasado. Ustedes qué creen que le conviene más a Colombia: ¿lo que yo he planteado en esta entrevista, o tener a los jefes de las autodefensas en las cárceles norteamericanas, dejar 20.000 desempleados violentos a merced de cualquier contratista, y la guerrilla en guerra a muerte por reconquistar las regiones donde las AUC se desmovilizaron?

SEMANA: Pablo Escobar hizo propuestas similares y nunca fueron aceptadas.

C.A.L.: No confundamos. Pablo Escobar fue un narcotraficante que vivió para el dinero. Las autodefensas son el fruto de grandes ausencias del Estado en las regiones de Colombia y por lo tanto no son una organización narcotraficante sino un ejército irregular con razones políticas. Aunque también se haya financiado con dineros del narcotráfico. Es preciso tener meridiana claridad de que en Santa Fe de Ralito no se está ejerciendo ningún tipo de chantaje contra el Estado o la sociedad colombiana. Allí nunca se ha dicho que se atentaría contra la vida de ciudadanos, ministros, jueces o candidatos a cambio de beneficios. Santa Fe de Ralito no es una trinchera de amenazas sino un escenario donde se buscan sincera y afanosamente soluciones para Colombia.

SEMANA: ¿Usted ha hablado sobre esto con el comisionado Luis Carlos Restrepo?

C.A.L.: No, estos temas no los he conversado con él. Pero me parecería muy interesante que recibiera estos planteamientos como una contribución a la negociación que el Presidente y él conducen y lideran. Yo siento a Uribe y a Luis Carlos como personas serias y bien intencionadas que se tropiezan con el muro de la incomprensión y la estigmatización. Si nos cuesta trabajo interpretar los conflictos regionales a quienes llevamos más de 25 años viviéndolos, cómo será los que los miran desde la 72 con séptima en Bogotá o desde una oficina en Washington.

SEMANA: Asumiendo que se haga lo que usted propone, ¿cuál sería la posición de las Farc cuando los paras estén integrados al Ejército y los jefes, bajo la supervisión de la DEA?

C.A.L.: Así como el gobierno de Estados Unidos no es tonto, tampoco lo son las Farc. Acuérdense de que una de las principales razones por las cuales fracasó el proceso de paz de Andrés Pastrana fue porque las Farc y el ELN exigieron la liquidación del paramilitarismo antes de iniciar cualquier negociación en firme. El paramilitarismo siempre ha sido la obsesión de esas dos guerrillas, y en el fondo la propuesta que estoy presentando equivaldría a su desmonte. Obviamente, el Ejército quedaría enormemente fortalecido. Y a la guerrilla le quedaría muy difícil reconquistar esas regiones. En esas condiciones es más factible iniciar un proceso de paz con ellos, que en cualquier otra circunstancia. No se engañen, aquí todo el mundo quiere la paz, hasta las Farc.

SEMANA: Usted es un ex guerrillero del M-19 y hasta hace poco, un hombre de izquierda. Todo lo que está proponiendo es lo contrario de lo que reclama la izquierda en Colombia hoy. ¿Acaso las personas que critican un posible indulto a las AUC no conocen la realidad regional?

C.A.L.: La dignidad nacional es acabar con la guerra. Lo único que estoy haciendo es recoger las tesis de Jaime Bateman, quien fue el primero que propuso dialogar con todos los actores del conflicto. Y de Carlos Pizarro cuando propuso en Santo Domingo, Cauca, la negociación política con las autodefensas de Puerto Boyacá. Si este proceso otorga beneficios judiciales a cambio de la sola desmovilización de fusiles y hombres, a mi juicio es un proceso de impunidad. Le habría hecho un conejo social al pueblo colombiano. Lo importante es que se convierta en un proceso de desarrollo, con tierras para quienes han sufrido la guerra.

SEMANA: ¿Usted de corazón cree que esa propuesta puede ser aceptada?

C.A.L.: No sé si lo sea. Pero si lo es, podría ser el inicio de la verdadera paz en Colombia. Este proceso puede marcar un importante salto social en las regiones. La paz del Frente Nacional fue la del cogobierno. La de los 90 con el M-19 y los demás grupos fue la paz del pluralismo. Esta podría y debería ser la paz de las regiones.