ONU marca alerta por incremento de asesinato a líderes sociales

En las últimas 48 horas, en Colombia han asesinado a dos líderes sociales. En la tarde del lunes fue abaleado Jorge Luis Betancourt Ortega, reconocido líder de San Francisco del Rayo, corregimiento de Montelíbano (sur de Córdoba). Le disparó un hombre que entró a su casa y sin contemplaciones, al frente de su esposa y sus tres hijos, lo mató. 

En la tarde del martes, fue asesinado Jaiber Alexander Quitumbo, de 30 años, miembro de la guardia ancestral del norte del Cauca. El comunero fue interceptado por hombres armados mientras realizaba labores de control del territorio en una finca alejada del casco urbano. Los casos en esta región del país parecen sumar una lista de horror, pues el viernes pasado en el corregimiento El Palo, vía que comunica a los municipios Caloto y Corinto. En ese lugar fueron atacados con arma de fuego los indígenas Juan Pablo Dicué Guejía, de 18 años, y Amparo Guejía Mestizo, de 41 años.

Así las cosas, en Colombia se han asesinado en 2020 —en 15 días que lleva el año— a 18 líderes sociales. Esto sin contar con las continuas amenazas que viven los pueblos del Atrato chocoano, el Bajo Cauca antioqueño, el norte del Cauca y el norte de Nariño. 

El director de Indepaz, Camilo González Posso, llamó la atención de las autoridades para que implementen de manera decidida se implemente una política de paz que proteja a los líderes sociales: “Defendamos la Paz está llamando al relator especial de genocidio para que se haga presente en Colombia y hay un llamado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

Justo la ONU denunció este martes el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos en Colombia en 2019, más de un centenar, y pidió al gobierno de Bogotá que investigue todos los casos.

"Estamos profundamente preocupados por el significativo número de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia durante el año 2019", dijo en un comunicado Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra.

"De acuerdo a nuestros registros, 107 activistas fueron asesinados el año pasado, y nuestro equipo en Colombia sigue en proceso de verificación de 13 casos adicionales", añadió.

La oficina de la ONU destacó el aumento de este tipo de asesinatos desde 2018 (115 muertes), una tendencia que sigue en 2020 con diez activistas de derechos humanos asesinados en los primeros 13 día de enero.

La ONU pidió además al Gobierno colombiano un "extenuante esfuerzo" para prevenir estos ataques, para investigar "todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones", en lo que calificó de "ciclo vicioso y endémico de violencia e impunidad", indicó el comunicado.

Según los datos del Alto Comisionado, la mayoría de asesinatos de los 107 de 2019  tuvieron lugar en zonas rurales (98 %) donde operan grupos armados.

Más de la mitad de los asesinatos se concentraron en cuatro provincias (Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá) y muchas de las víctimas eran activistas del ámbito comunitario y de grupos étnicos, como los pueblos indígenas y los afrocolombianos.

El acuerdo de paz tambalea

El 2019 cerró como el año "más violento" contra los exguerrilleros de las Farc desde que se firmó la paz en Colombia, en 2016, tras el asesinato de 77 de ellos, denunció este martes la ONU.

El organismo, que verifica el acuerdo que terminó con la que fuera la organización rebelde más poderosa de América, publicó en Bogotá un informe en que subraya la alarma del secretario general, Antonio Guterres, frente a los crímenes contra los antiguos rebeldes.

En ese sentido, urgió "a que se adopten medidas más efectivas para proteger la vida de los y las excombatientes, teniendo en cuenta especialmente que 2019 ha sido el año más violento" para ellos. 

Según la misión de la ONU en Colombia, en 2019 hubo 77 asesinatos, 20 de ellos en el último trimestre. La cifra supera los 65 casos documentados en 2018 y los 31 en 2017. La ONU citó cifras de autoridades locales según las cuales el 80 % de los ataques están relacionados con grupos y organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico y otras actividades ilegales como la minería ilegal. 

"Sigue habiendo desafíos con respecto al desmantelamiento de las estructuras detrás de estos asesinatos, ya que solo nueve de 67 sospechosos arrestados son autores intelectuales", indicó en el informe.

La delegación internacional también da cuenta de la espiral de violencia que envuelve a activistas de derechos humanos y líderes sociales. Desde que se firmó la paz, en noviembre de 2016, son 303 asesinatos, 86 de los cuales corresponden a este año, incluidas 12 mujeres. 

El informe será presentado por Guterres al Consejo de Seguridad de la ONU. 

Aunque la disolución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, convertidas hoy en partido político tras el desarme de unos 7.000 combatientes, alivió la violencia política, aún persisten grupos armados que desafían al Estado en alejados puntos del país, gracias a los recursos del narcotráfico, principalmente.

Excombatientes y líderes sociales son vistos en muchos casos como enemigos por esas organizaciones, que buscan expandir los cultivos ilegales que son materia de la cocaína o asumir el control territorial, según investigaciones locales.

*Con información de AFP.