La oposición en el Congreso presentó una contrarreforma tributaria

A pesar de que el gobierno del presidente Duque ya presentó la reforma tributaria, o Ley de Inversión Social, como fue denominada, desde las bancadas de la oposición radicaron otro proyecto para proponer otras medidas. La denominaron Ley de Equidad Fiscal.

El proyecto está firmado por 14 congresistas, liderados por Wílmer Leal y León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde, pero se encuentra apoyado por otros parlamentarios como Gustavo Petro y María José Pizarro, entre otros.

“Hemos venido insistiendo en la necesidad de que este país construya una reforma tributaria, pero una progresiva y justa. Que quienes más tienen aporten más para atender la difícil crisis social y económica que vivimos en las regiones”, afirmó Leal.

El congresista de la Alianza Verde aseguró que el año pasado ya habían radicado una propuesta similar que denominaron “el impuesto para la vida”, el cual buscaba que los bancos aportaran un poco más.

Ahora, según dijo, “hemos radicado un nuevo proyecto que busca la equidad social a través de 11 puentes de financiación”.

Un primer punto de diferencia es que establecen que buscaría recaudar entre 11,7 billones y 14 billones de pesos, mientras que la del Gobierno habla de 15,2 billones de pesos. Algunos de los artículos que contempla son: un impuesto a los bancos, impuesto a los más ricos, impuestos saludables y una limitación o eliminación de los beneficios tributarios.

Dicen que la propuesta está dividida en tres ejes fundamentales. El primero es un aumento a la sobretasa del impuesto de renta a los bancos, entre otras entidades del sector financiero, del 6 % a partir del año 2022. “Es una medida que ya fue declarada constitucional, pues se consideró que el sector puede soportarla de forma permanente, lo que representa un billón de pesos anuales”, aseguran.

En el caso de que los más ricos del país aporten más recursos al Estado, proponen que haya un impuesto temporal a la riqueza, un gravamen que generaría entre 1 y 2 billones de pesos al año, sobre el cual aclaran que regiría entre 2022 y 2025.

El porcentaje en este caso se plantearía dependiendo del patrimonio natural o jurídico. Sería del 1 % anual para patrimonios entre los 5.000 millones y los 10.000 millones de pesos, del 1,5 % entre 10.000 millones y 20.000 millones de pesos, del 2 % para patrimonios superiores a 20.000 millones y hasta 50.000 millones de pesos, así como uno del 3 % anual para los superiores a 50.000 millones.

También habla de un “impuesto saludable”, con el que se buscaría gravar productos comestibles y bebidas ultraprocesadas. Esta es una idea que ya han venido sondeando algunos de este sector. Consideran que se podrían recaudar entre 1,5 y 2 billones de pesos anuales, a la vez que se promueve una política pública de prevención. Dicen que la “comida chatarra” se gravaría con un 20 %, mientras que los embutidos con un 10 %.

Otra propuesta que se contempla en el proyecto de la oposición es que haya una retención a las utilidades a dueños de plataformas digitales. En el caso de las empresas extranjeras, tendrían una retención del 20 % del impuesto sobre la renta, mientras que la de las nacionales sería de un 5 %.

Se menciona también un tributo territorial al turismo. Dicen que es una medida que ya se ha aplicado en otros países y que contempla un cobro adicional al hospedaje de 2 dólares por noche para extranjeros, y que si son latinoamericanos sería de 1 dólar.

Habla de eliminación de beneficios tributarios “para que todas las empresas contribuyan en igualdad de condiciones”, afirman. Proponen un aumento de tarifa de zonas francas del 20 % al 25 %; que se elimine el descuento tributario al impuesto de industria y comercio, y quede como deducible; que haya una limitación al descuento del IVA pagado en bienes de capital al 35 % anual, y que en 2024 quede como deducible; que se eliminen las deducciones especiales y las rentas exentas, así como que se prohíba la deducción de regalías pagadas por explotación a recursos no renovables. Dicen que este paquete lograría recaudar entre 5 y 6 billones de pesos que servirían para el gasto social del país.