La otra condena para ‘el abogado del diablo’

En Bojayá se escribió una de las páginas más tristes de la historia de la violencia en Colombia. Hace un poco más de una década, un 2 de mayo, las FARC y los paramilitares se transaron en una batalla en el centro del pueblo.

Ante el acoso, algunos miembros de las bandas criminales de extrema derecha decidieron guarecerse en la propia iglesia ante el espanto de los feligreses. Los combatientes de extrema izquierda sin importar las consecuencias les lanzaron varios cilindros de gas. Fueron 117 los civiles inocentes que murieron, entre ellos 47 niños, de una población de 1.100 habitantes. Es decir, le habían quitado la vida al 10 % de un pueblo humilde y olvidado.

Bojayá entonces cayó en el olvido. En algunas ocasiones, uno que otro funcionario del Estado acude para llevar su ayuda a cuentagotas. Los que si no han tenido piedad son los maleantes. Es el caso de Winston Leonel Torres más conocido en Chocó y Antioquia como el ‘abogado del diablo’. Este hombre pasó por aquí para, increíblemente, robar a sus marginados profesores.

¿Cómo es la historia? El 16 de marzo pasado SEMANA publicó un extenso artículo sobre la historia del abogado Winston Leonel Torres más conocido en Chocó y Antioquia como el ‘abogado del diablo’, aquel hombre que se ha enriquecido torciendo el cuello a la Justicia.

Torres, según la investigación, está condenado a cuatro años de prisión por una sentencia anticipada, después de que se probó que, a través de una serie de artimañas, Torres se quedó con 2.900 millones de pesos de las ‘quebradas’ arcas de la educación del departamento de Chocó.

El abogado obtuvo, también con argucias, la casa por cárcel y desde entonces goza de grandes espacios, de fiestas y reuniones con mariachis incluidos en un lujoso edificio del barrio El Poblado de Medellín. El tema revelado por SEMANA causó indignación en la administración de Justicia porque pocos entendían cómo este hombre había esquivado la cárcel con el débil argumento y con registros médicos donde se registraba una ‘grave enfermedad’: “elevados niveles de hemoglobina y albúmina”.

Y es aquí donde Torres y Bojayá se cruzan. En efecto, en su lujosa mansión recibió este lunes una nueva notificación. La Fiscalía General informó que el Tribunal Superior de Quibdó le ratificó una nueva condena a cinco años de prisión por el delito de estafa agravada que profirió el juzgado penal de descongestión de penas.

Según la Fiscalía Torres se apropió de más de 1.400 millones de pesos de una deuda que el municipio de Bojayá le debía a 37 docentes por concepto de cesantías y los intereses moratorios de 16 años de deuda. Torres, según han informado, a través de un contrato de cesión de derechos compró las demandas a los maestros y solo pagó una parte de la millonaria demanda.

Los educadores interpusieron las denuncias por estafa agravada en 2005 y después de varios años, por fin, vieron la luz. En un caso que estaba a punto de prescribir el Tribunal Superior les dio la razón a los demandantes y ahora deberá pasar cinco años más tras las rejas. Mientras tanto cumple la otra condena por defraudar a la educación del departamento.

En el fallo queda claro que Torres no puede acceder a los beneficios de suspensión condicional de la pena y mucho menos de la prisión domiciliaria.

El caso de este abogado llegó a los despachos de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, en especial al del presidente de la Sala Disciplinaria, Wilson Ruíz, quien ordenó una investigación para establecer por qué Torres goza de la casa por cárcel, por una supuesta enfermedad, aun cuando en su página de Facebook él mismo ha publicado fotografías donde se le ve con grupo musicales y licor en mano.
    
Las investigaciones avanzan por estos días y el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dijo este lunes a Semana.com que en los próximos días habrá noticias.

Torres, desde su casa en Medellín, ha realizado algunas otras actividades poco claras que también escandalizaron a los magistrados. El 22 de agosto del año pasado, una abogada que trabaja en la Gobernación del Chocó denunció ante la Fiscalía a por extorsión y amenazas de muerte contra ella y sus dos hijos menores de edad.

En un extenso relato, la funcionaria les contó a las autoridades cómo inicialmente accedió a servir de cómplice para realizar un nuevo desfalco a las finanzas del departamento por 632 millones de pesos, algo que finalmente no se consolidó debido a que un acucioso funcionario descubrió el ilícito y logró evitar el desembolso del dinero. Según la denuncia de la funcionaria, Torres decidió cobrarle entonces a ella el monto del fallido desfalco y empezó a extorsionarla y a amedrentarla.

Desde su casa también administra lujosas discotecas en Medellín y Quibdó. Así va el caso de este hombre que se ha convertido en un dolor de cabeza para los chocoanos.