La pandemia agudizó la violencia contra mujeres y población con orientación e identidad de género diversas

Durante el año de la pandemia, la Defensoría del Pueblo hizo un seguimiento específico a la situación de la población migrante en Arauca, La Guajira, Norte de Santander, Putumayo y Santander, comprobando que, durante los meses del coronavirus, la violencia contra las mujeres y las personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD).

La entidad atendió 1.617 casos de violencias basadas en género, a través de las duplas de género de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género en esos departamentos. Del total, 515 (31 %) de los casos ocurrieron contra población refugiada, migrante y solicitante de asilo. De esa población, 12 % corresponde a personas OSIGD.

La violencia psicológica es la más frecuente (42 %) y “la violencia psicológica constituye el mayor porcentaje dentro de los tipos de violencia expuestos, y es transversal a todos estos, ya que, cualquier hecho que cause daño a la persona en cualquiera de sus formas, desencadena también un daño y sufrimiento psicológico. Este tipo de violencia hace referencia a comentarios intimidatorios, acoso, amenazas, aislamiento, desprecio y humillación, entre otras”.

De todas formas, las violencias económica (27 %), la física (18 %), sexual (6 %) y patrimonial (6 %) también se evidenciaron.

Entre las problemáticas identificadas, la Defensoría halló que muchas de las mujeres migrantes y refugiadas, víctimas de violencia intrafamiliar, se ven forzadas a seguir conviviendo con sus agresores para poder suplir económicamente las necesidades propias de sus hijos.

Como en la mayoría de los casos los ingresos económicos de esa población vienen de la economía informal, al no poder desempeñar sus labores por cuenta de las medidas implementadas para la contención del virus, los migrantes se ven expuestas a la escasez alimentaria y la habitabilidad de calle, por cuenta de los desalojos por incumplimiento en el pago de arrendamiento. Según la entidad, “esta última situación desencadenando en algunas ocasiones en que los propietarios de inmuebles cometieran hechos de violencia sexual hacia mujeres como forma de cobrar el valor del canon de arrendamiento”.

Debido a las normas implementadas para evitar contagios del virus, las mujeres y personas OSIGD que ejercen trabajo sexual o sexo para sobrevivir, vieron sus ingresos reducidos, mayor discriminación, amenazas, lo cual favoreció ambientes de clandestinidad y abuso de proxenetas.

Entre otros problemas, el acceso a los servicios de salud y a métodos de planificación familiar se redujo, porque las medidas implementadas para mitigar la propagación del virus privilegiaron la atención de la emergencia, minimizando la prioridad de acceso a otros servicios de salud, como la salud sexual y reproductiva.

Además, fueron identificadas barreras de todo tipo. Por ejemplo, los alojamientos temporales y el acompañamiento psicosocial para mujeres víctimas de violencia de género, no contemplan a las personas refugiadas y migrantes en Colombia, por lo que las autoridades competentes tienen que acudir a organismos de cooperación internacional para ordenar las medidas de atención.

“De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, las autoridades competentes no pueden ordenar medidas de protección, para personas víctimas de violencia, en las zonas donde la Policía Nacional no tiene presencia”, dice el informe, que también resalta que en los municipios de sexta categoría las autoridades competentes no tienen recursos ni condiciones tecnológicas para atender los casos de violencia de género.

Asimismo, en muchos de los casos de alto riesgo de feminicidio, las medidas de protección de la Policía son insuficientes, añadiendo que en muchos municipios las estaciones de dicha institución no brindan atención durante la noche.

La Defensoría del Pueblo asegura que todas las barreras mencionadas, entre otras que aparecen en el informe, constituyen una vulneración de los derechos de las mujeres y de la población OSIGD. Por esa razón, hace un llamado a los gobiernos departamentales para que convoquen a las instituciones encargadas de atender y acompañar los casos de violencias basadas en género y así crear estrategias que permitan una atención oportuna desde un enfoque de género y diferencial, ya que los hechos de violencia contra mujeres y personas OSIGD.

En lo que tiene que ver con las medidas de atención en casos de violencia y el riesgo de habitabilidad de calle de las mujeres y personas OSIGD, las duplas de género de la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género sugieren ampliar la cobertura y tener presente que a todas las personas se les deben respetar y garantizar sus derechos, sin importar su nacionalidad y estado migratorio, que no deberían representar una barrera para acceder a derechos vitales.