LA PAPA CALIENTE DEL INDULTO

Se decía que el indulto a los alzados en armas era una pieza clave en el proceso de pacificación, pues sin él difícilmente podrían participar en la vida política civil. Y sin embargo parece que no le importa mucho a nadie. La Comisión Primera de la Cámara, que se reunió para discutirlo el jueves 25 de abril, decidió posponer el debate hasta el jueves que viene, 2 de mayo, (o aun después, si se toman el puente) porque a la reunión casi nadie se tomó el trabajo de asistir. Faltó la mayoría de los miembros de la Comisión, y de los tres ministros convocados sólo acudieron dos: el de Gobierno y el de Justicia. El de Defensa, general Vega Uribe, no fue porque tenía "compromisos impostergables". Y a juzgar por una fotografía publicada en El Tiempo, envió únicamente su cachucha.
Lo que iba a debatirse era la ampliación del iridulto. El proyecto del gobierno lo restringe a los delitos de rebelión, sedición y asonada, y delitos conexos, pero excluyendo taxativamente de éstos los de secuestro, extorsión, homicidio fuera de combate, terrorismo y narcotráfico. Las corrientes políticas dominantes en el Congreso apoyan la propuesta del gobierno tal cual, sin ampliáciones. El presidente de la Dirección Libera Nacional, Víctor Mosquera Chaux declaró que su partido sólo respaldará un indulto del que estén excluidos los llamados "delitos atroces". El ex presidente Turbay Ayala dice otro tanto. El Nuevo Liberalismo también se opone a ampliarlo, y la misma actitud asumen los conservadores. Fernando Sanclemente Molina, hasta hace pocos días presidente del Directorio Nacional Conservador, lo plantea con tono prosopopéyico: indultar lo delitos atroces sería "una contradicción política, una claudicación intelectual y una abjuración moral".
Pese a todo esto, está muy claro para todos que el indulto, tal como está concebido actualmente, no sirve prácticamente para nada porque no cobija casi a nadie. Los alzados en arma han sido muy claros al respecto:el EPL plantea al gobierno casi un ultimátúm: o amnistía, o nada. La FARC, algo más matizadas, son sin embargo escépticas. Y el M-19 lo calfica de "medida demagógica y no real". Hasta el senador conservador Héctor Polanía, muy crítico de las excesivas concesiones a la guerrilla, ha señalado que un indulto que no cubre a los principales dirigentes guerrillros no tiene ningún sentido. El jurista Eduardo Umaña Mendoza aclaró el tema durante una reunión de los parlamentarios con la Subcomisión de Justicia del Diálogo Nacional: no hay una sola sentencia ejecutoriada por los delitos que contempla el proyecto de indulto, y en lo que toca a la cesación de procedimiento, sólo hay dos casos: la toma del tren de la Sabana y un caso de homicidio. En cambio, dice Umaña, hay en las cárceles del país más de trescientos presos políticos acusados no de rebelión, de sedición ni de asonada, sino de asociación para delinquir, extorsión, secuestro, homicidio, terrorismo y porte ilegal de armas.
Frente a eso, y como indica el ponente del proyecto, el conservado boyacense Carlos Pineda Chillán, las modificaciones propuestas por el Ejecutivo no añaden "nada nuevo". Se trata de crear un Tribunal de Gracia integrado por cinco miembros con calidades para ser magistrados de la Corte Suprema, que dirima las dudas sobre delitos comunes o políticos en cada caso particular y le dé al Presidente de la República su concepto, no vinculante, al respecto. Los guerrilleros piden que sea el Congreso quien redefina, por ley, cuáles delitos son comunes y cuáles son políticos, y no quede en el aire la ambiguedad de los "conexos". La exclusión del secuestro, dice Oscar William Calvo del EPL, vuelve inocuo el indulto para todos y cada uno de los miembros de su grupo, empezando por él, que declaró en la puerta del Palacio de Nariño, y ante la televisión, que e EPL mantenía secuestrados. "Yo tendría que arreglar mi mochila e irme p'al monte": dice Calvo. Tal como está, el indulto no tiene "ningún efecto": dicen las FARC. Y Antonio Navarro Wolf, del M-19, señala a SEMANA que es "muy grave" la exclusión del terrorismo: "mucha gente está acusada de eso bajo la "ley Gaitán Mahecha que codifica como actos de terrorismo cosas que antes eran rebelión, y que en realidad son rebelión. Tal como está, el indulto no es solución real para ningún problema real."
Todo el mundo sabe, pues, que el indulto no sirve para nada, pero nadie quiere asumir la responsabilidad de modificarlo. Eso "causaría horror en la nación", para usar la frase del liberal oficialista José Guerra Tulena. El ministro de Gobierno Jaime Castro ha declarado que el ampliarlo es cosa que está "en manos del Congreso". Los parlamentarios reviran diciendo que al contrario, está en manos del Ejecutivo. Y Jorge Mario Eastman, connotado jefe turbayista, acusa al gobierno de querer simplemente "lavarse las manos".
Quieren lavárselas ambos: el Congreso y el gobierno. Navarro Wolff, escéptico, piensa que es un ejemplo más de la táctica del gobierno de "empezar las cosas y quedarse en la mitad del camino, y luego retroceder. Este "indulto" es una propuesta más en la rutina belisarista de decir: "vean: ya cumplimos que es sólo demagogia". Pero del otro lado se apunta también que los guerrilleros siguen en su propia rutina, que es la de considerar que nada les sirve: "No les sirvió la amnistía, ahora tampoco les sirve el indulto", decía a SEMANA el ministro de Gobierno.
Es que también los guerrilleros, por no ser menos que el gobierno y que el Congreso, quieren lavarse las manos.--