El martes pasado, el contratista Emilio Tapia fue citado al búnker de la Fiscalía. Hasta allá llegó, como lo ha hecho cientos de veces en los últimos dos años y medio, para colaborar con la Justicia en el destape del cartel de la contratación de Bogotá. Pero en realidad lo esperaban para capturarlo por un nuevo delito. Él dijo que se sentía traicionado.

JUSTICIA

La parábola de Emilio Tapia

Si la investigación se ratifica daría una importante lección: que quien le robe al Estado no puede simplemente colaborar con la Justicia, obtener una pena leve y seguir disfrutando del producto del saqueo.

1 de marzo de 2014

El caso de Emilio Tapia, el contratista que con los hermanos Iván y Samuel Moreno saqueó las arcas de Bogotá, podría dar para una cátedra en una facultad de Derecho.

Durante más de dos años estuvo construyendo toda una estrategia jurídica que se ajustaba a las necesidades del sistema penal acusatorio: él ayudaba a destapar todo el cartel de la contratación de Bogotá, con documentos y otras pruebas, y a cambio recibía beneficios que podrían evitar que pisara la cárcel. En el acuerdo que tenía con la Fiscalía estaba claro que la condena podía ser de diez años, o más o menos, pero domiciliaria.

Todo iba a la perfección. Cuando Emilio Tapia comenzó a hablar, empezaron a caer uno por uno otros implicados en el saqueo como si fuera un castillo de naipes. Cayó el secretario de Salud, el jefe de la unidad de malla vial, al menos cinco concejales y cuatro peces gordos de la contratación de Bogotá. Pero además, lo más importante, es que también su testimonio se convirtió en pieza clave para los procesos de las dos cabezas del saqueo, el alcalde Samuel Moreno y su hermano el senador Iván Moreno.

Y así mismo, los otros que iban confesando, ante la contundencia de las pruebas entregadas por Tapia, también daban más elementos probatorios a la Fiscalía para seguir armando el rompecabezas del cartel de la contratación.

A esta altura, Emilio Tapia ya había logrado un principio de oportunidad de la Fiscalía por el delito de peculado y ya tenía un acuerdo por otros delitos que aún, extrañamente y a pesar de haber insistido por más de un año, no había sido avalado por el juez. Era fácil pensar que había gente muy poderosa que no quería que Tapia siguiera hablando.

A pesar de lo perfecta que parecía su estrategia, Emilio Tapia cometió dos errores. El primero, exhibir su riqueza como si nada hubiera pasado. Pagar un lujoso palco privado en un concierto de fin de año en Cartagena fue apenas la más reciente de sus salidas en falso. La opinión pública tal vez habría podido entender que siguiera libre por su colaboración con la Justicia, si lo hubiera hecho calladamente. Pero cada vez esa opinión se sentía más indignada de ver que uno de los protagonistas del mayor escándalo de corrupción del país siguiera gastando a manos llenas un dinero que, así no lo fuera, todos consideraban producto de ese saqueo.

Y su segundo error, si la investigación de la Fiscalía prospera, es haber vuelto a delinquir. Las evidencias que tiene la Unidad de Lavado de Activos al parecer son lo suficientemente serias para que un juez de garantías le haya dictado medida de aseguramiento a Emilio Tapia y lo haya mandado a la cárcel La Picota. Desde hace seis meses interceptaron sus teléfonos y a partir de esas conversaciones, y de los testimonios de los contratistas Julio Gómez y Mauricio Galofre (este último, el socio de los tres primos Nule) la Fiscalía sostiene que Tapia volvió de nuevo a los contratos amañados como subcontratista en la Ruta del Sol y en otros contratos en Córdoba y Sucre.

A los investigadores les ha llamado la atención el hecho de que 15 días antes de la imputación de cargos, Emilio Tapia vendió dos aeronaves. ¿Cómo puede un contratista cualquiera tener dos aviones? ¿Acaso no devolvió todo el dinero del cartel de la contratación?

Lo ocurrido tiene dos efectos: uno bueno y otro malo. El bueno es que quienes negocian con la Justicia y creen que tendrán una pena laxa para disfrutar del producto del ilícito al parecer no les es tan fácil como creen. El malo es que tal vez Emilio Tapia no seguirá colaborando con la Justicia. Y eso puede tener contentos a personajes como Samuel e Iván Moreno, para quienes Tapia era la principal piedra en el zapato. Y también a contratistas como los Ríos Velilla, a quienes él señaló públicamente de estar detrás del contrato de recaudo del SITP. Un contrato que, según se ha dicho, puede estar produciendo cada día la mayor mordida en la historia del país.

El vicefiscal Jorge Perdomo dice que no se necesita de Tapia para avanzar en la investigación del cartel. Ojalá así sea.