LA PAZ DE LOS FUSILES

"DEBEMOS SEGUIR INStrucciones del gobierno naciona. La comisión tiene que operar sin populismo. No en forma clandestina, pero sí muy discreta. La meta es preparar la llegada del gobierno, con los alzados en armas, a una mesa eficaz de diálogo". Estas explicaciones del gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez, definen claramente el perfil de la denominada Comisión Facilitadora de Paz, creada la semana anterior en esta región del país con autorización expresa del presidente Ernesto Samper.
Y el experimento va en serio porque el mandatario seccional ya escogió a cuatro de los integrantes del grupo que se acercará a la docena de frentes guerrilleros que tienen su centro de operaciones en Antioquia. Al mismo tiempo el gobernador decidió que la comisión empiece a deliberar en la última semana de abril próximo.
No obstante, el escenario para la búsqueda de la paz en Antioquia no parece ser el más favorable por ahora. A juzgar por documentos que hoy están en manos del alto gobierno y de la Fiscalía, existen evidentes nexos de funcionarios de algunas administraciones del norte antioqueño con la guerrilla. Este hecho, dicen fuentes de entero crédito, haría que la iniciativa encaminada a "escuchar a mucha gente que tiene ideas y que sugiere caminos" -como dijo Uribe Vélez- se convierta en una especie de trampa mortal.
En tal sentido, SEMANA conoció dos cartas que el alcalde de Peque, Omar Oswaldo Valle Guerra y el inspector de Policía de El Cedral, Jaime León Palacio Palacio -en el norte antioqueño- le enviaron a 'Rafael Reyes Malagón', comandante del 18 frente de las Farc. En sus mensajes, los mandatarios locales le dan a conocer al jefe guerrillero algunas actividades que se desarrollan en sus poblaciones y le solicitan audiencia para dialogar sobre los problemas de orden público de la región (ver facsímiles).
Fuentes oficiales consideraron que estas pruebas sobre la cercanía de autoridades civiles con los alzados en armas, le restan credibilidad al proceso de diálogo y contribuyen a radicalizar a los grupos que actúan al margen de la ley en esas apartadas regiones.

IVAN EL TERRIBLE
Desde hace año y medio el norte de Antioquia, el Urabá antioqueño y el sur de Córdova, se convirtieron en epicentro de las acciones políticas y militares de las Farc. La historia se remonta a abril de 1993, cuando la VIII cumbre de la organización subversiva ordenó retomar el control de la rica zona minera antioqueña y ampliar su influencia en las extensas plantaciones bananeras de Urabá.
Y para cumplir esa misión, el secretariado de las Farc eligió a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien fácilmente llenó todos los requisitos. Es un hombre culto, hábil en el manejo de la población y tiene a su favor el haber participado como negociador en los diálogos de paz en Caracas y Tlaxcala, durante el pasado gobierno. Al mismo tiempo, ha acumulado una vasta experiencia militar, producto de comandar varios frentes guerrilleros encargados de la seguridad de Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, en el sur del país.
Así, Márquez se dio a la tarea de organizar el denominado Bloque Noroccidental de las Farc, que reúne a los frentes 5, 18, 34, 35, 36, 57 y 58, con un número cercano a los 600 hombres. Desde su llegada al norte antioqueño, el jefe guerrillero diseñó un complejo esquema encaminado a consolidar la influencia de la organización en ese territorio.
En lo político, Márquez creó las Uniones Solidarias Bolivarianas -USB-, pequeñas células guerrilleras encargadas de hacer proselitismo político entre el campesinado. Fuentes de los servicios de inteligencia afirmaron que hasta ahora han sido detectadas 28 USB en poblaciones del norte de Antioquia y el sur de Córdova. Un documento que reposa en la Fiscalía indica que esas USB están compuestas por cerca de 250 personas.
En lo militar, el Bloque Noroccidental de las Farc es muy activo. Bajo la dirección de Iván Márquez, se le atribuye la ocupación de al menos seis poblaciones antioqueñas en este año, entre ellas la cruenta toma de Ituango, ocurrida el domingo 5 de marzo. En esa acción guerrillera participaron 380 hombres que virtualmente destruyeron el pueblo. Al término del ataque los alzados en armas secuestraron al alcalde, José Milagros López y al personero municipal, Jairo Correa, y los liberaron el jueves de la semana pasada. De regreso a su casa, contaron que los captores los trataron de una manera aceptable. "Nos alojaban en las casas de los campesinos, a quienes obligaban a prepararnos alimentos", sostuvo Correa.
La retención de los dos funcionarios sirvió para comprobar que los ingenieros suecos Danny Applegate y Tommy Tyrving, secuestrados por las Farc desde diciembre de 1994 están en manos de las columnas comandadas por Márquez. El alcalde de Ituango dijo que vio a los dos suecos en un campamento de la guerrilla en un lugar conocido como Sinusito, a orillas del río Sinú. "A duras penas pudimos hablar con ellos porque los tenían en una carpa y a nosotros en una casa campesina. Apenas nos saludamos y nos dijeron que estaban muy cansados de caminar, que estaban soportando el martirio de trajinar por una zona inhóspita para ellos", dijo el funcionario.

¿LA SEGUNDA CASA VERDE?
El poder que Iván Márquez y el Bloque Noroccidental han adquirido en la región les ha hecho pensar seriamente a los organismos de seguridad que las Farc pretenden establecer una especie de segunda Casa Verde en esa inhóspita región con el fin de proponer que se realicen allí los eventuales diálogos de paz con los negociadores del gobierno. "Todo indica que quieren establecerse allí. Ellos han creado las que denominan retaguardia estratégica y retaguardia revolucionaria, que son estructuras diseñadas para cubrir toda la zona y protegerse de la llegada del Ejército", le dijo a SEMANA una fuente del Ministerio de Defensa.
De acuerdo con los informes de que disponen las autoridades, Márquez se desplaza con facilidad por toda la región, pero todo indica que estableció su refugio en las márgenes del río Verde, en los límites de los departamentos de Córdova y Antioquia, entre las serranías de Abibe y San Jerónimo.
Este desalentador panorama fue el que obligó al gobernador de Antioquia a plantearle al gobierno la posibilidad de crear la Comisión Facilitadora de Paz. "Es tan grave la situación que vive nuestro departamento que necesitaríamos que el Alto Comisionado para la Paz estuviera permanentemente en Antioquia atendiendo toda la región. Por eso pedimos la conformación de la comisión que manejará con un sentido de jerarquía y respeto las órdenes del gobierno nacional. Con la gran claridad de no llegar al terreno de los diálogos regionales", dijo Uribe.
La comprobación de los vínculos entre autoridades regionales y la guerrilla, indica que este camino hacia la paz estará plagado de obstáculos. Y del control que el gobierno tenga sobre el trabajo de la nueva comisión, muy seguramente dependerá el futuro del proceso de diálogo que se adelante en todo el país.