“La paz no se construye sobre mentiras”: Defensoría del Pueblo alerta que el ELN ha reclutado a 24 menores de edad desde 2020

La Defensoría del Pueblo advirtió este martes que entre 2020 y en lo que va corrido del año ha conocido sobre reclutamiento forzado de 24 menores de edad atribuibles al ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Luego de rechazar las declaraciones del máximo comandante de esa organización armada ilegal, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, el titular de ese despacho, Carlos Camargo entregó cifras preocupantes sobre los casos de vinculación de niños, niñas y adolescentes a las filas de esas agrupaciones.

“Negar que el ELN ha reclutado niñas, niños y adolescentes es negar una realidad evidente y preocupante para quienes habitan en los territorios. Se trata de la misma práctica repetida por grupos armados organizados”, dijo el funcionario al responder las declaraciones del jefe guerrillero.

Antonio García señaló que esa organización armada no hace reclutamientos, no vincula menores de edad y que quienes se suman a sus filas, lo hacen por su propia voluntad.

En ese sentido, el defensor del Pueblo señaló que “esta guerrilla ha cometido múltiples y sistemáticos hechos de reclutamiento forzado de menores de edad en el país”.

Camargo Assis indicó que a través del ‘botón de registro de casos’ activado en el marco de la estrategia contra el reclutamiento de menores de edad, entre el 2020 y lo que va del 2023 se han conocido 199 casos de reclutamiento en todo el territorio nacional.

Aseguró que 24 de ellos tienen como presunto responsable al ELN: 6 ocurrieron en 2020, 3 en 2021 y 15 en 2022, siendo Arauca el departamento en el que más casos se han presentado, con 9, le sigue Nariño 5, luego Norte de Santander 3, Antioquia 2 y Valle del Cauca 2 cada uno, mientras que Bolívar, Boyacá y Caldas registraron 1, en cada una de esas regiones.

Igualmente, advirtió que existe un subregistro muy grande de estos hechos, debido a que la mayor parte de las familias que son afectadas les cuentan a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo en los territorios que no denuncian por el temor a ser objeto de represalias por parte de los actores armados.

“Más preocupante aún es, que esta afirmación hecha en el marco de un proceso de diálogo para la paz, da muestras de que no existe una voluntad clara y sincera de decir la verdad y buscar la justicia y la reparación para las víctimas”, indicó.

Señaló que tratándose de menores de edad que “fueron involucrados en actividades relacionadas con las hostilidades a todas luces va en contravía del Derecho Internacional Humanitario”.

“Las afirmaciones hechas por el comandante del ELN desconocen la existencia de las víctimas del flagelo del reclutamiento, lo que tiende a excluirlas de cualquier proceso de investigación, justicia y reparación”, enfatizó.

Alertas por reclutamiento

Frente a estos casos, la Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha advertido en reiteradas ocasiones el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en todas las regiones del país, particularmente en aquellas zonas donde opera el ELN y se disputa el control territorial con otros actores armados ilegales.

En ese sentido, el organismo señaló que desde 2018 hasta la fecha se han emitido un total de 131 alertas tempranas que advierten sobre esta situación en el país.

En lo corrido del 2023, se han expedido 8 de estas alertas que advierten sobre el riesgo de reclutamiento ejercido por el ELN, en los departamentos del Cauca 2, Arauca, Chocó, Guainía, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, una en cada una de esas regiones.

Entre tanto, a través del Comité para la Dejación de las Armas (CODA), en el que la Defensoría del Pueblo participa, se estudiaron 9 casos durante el 2022, en los que el ELN habría sido el grupo responsable de su reclutamiento, y en lo corrido del 2023 se han analizado 2 casos con este grupo como presunto responsable de esta conducta victimizante.

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se entiende como un acto en el que se obliga a pertenecer a un grupo ilegal, “con ofertas engañosas, por medio del ofrecimiento de dádivas y hasta con manipulación sentimental”.

Estas prácticas constituyen un crimen de guerra y una grave vulneración de los derechos humanos de la infancia, especialmente en regiones blanco de la violencia y en los que los grupos armados ejercen autoridad y control sobre la población civil.

“La paz no se construye sobre mentiras, y el futuro del país depende de que las niñas y los niños que fueron víctimas de este delito sean atendidos y reparados. De otra manera, no vamos a poder salir del círculo vicioso de la guerra”, puntualizó el defensor del Pueblo.