La ‘paz total’ del Gobierno Petro pasará al tablero en la Corte Constitucional, donde se revisará si hubo vicios de trámite

La política de ‘paz total’ del Gobierno nacional tiene defensores y detractores. Dentro de este último grupo se encuentran políticos de la oposición que ha señalado que dicho proyecto es el que ha generado graves problemas de orden público, pues aseguran se le ha dado ventaja a las organizaciones criminales para que estas se fortalezcan.

Tras la lluvia de críticas que ha recibido la iniciativa de ‘paz total’, el alto tribunal constitucional hará el estudio de varias demandas presentadas por senadores opositores al Gobierno, como la congresista María Fernanda Cabal y José Uscátegui, quienes han señalado que el proyecto está viciado. Entre los argumentos que han esgrimido los políticos, es que la ‘paz total’ no cuenta concepto del Consejo de Política Criminal.

Además, han indicado en diferentes escenarios los políticos, que la ‘paz total’ ha disminuido la capacidad de la Fuerza Pública, limitando su accionar tras los ceses al fuego bilaterales que ha ordenado el Gobierno nacional, como ocurrió con el ELN, en donde el Gobierno tuvo que suspender el decreto luego de que la guerrilla asegurara que no se había pactado nada referente a ese tema en hechos a principio de este 2023.

También los políticos de oposición han cuestionado que se estén haciendo suspensiones de órdenes de captura de criminales de alto impacto que integran agrupaciones como el ELN y las disidencias de las Farc. Para Uscátegui y Cabal, la ley que dio trámite a la ‘paz total’ en el Congreso tiene varios vicios y se debe revisar por parte de la Corte Constitucional.

Y es que para el Gobierno nacional la ‘paz total’ “es una política de Estado y será prioritaria y transversal en los asuntos del Estado, participativa, amplia, incluyente e integral tanto en lo referente a la implementación de acuerdos como con relación a procesos de negociación de diálogo y sometimiento a la justicia; los instrumentos de la ‘paz total’ tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera con garantías de no repetición y seguridad para todos los colombianos, estándares que eviten la impunidad y garanticen el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”.

De igual manera, señala la ‘paz total’ del gobierno que “se establecen acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”.

“Además, se entenderá por estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto aquellas organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas organizadas en una estructura jerárquica y en red, que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificaciones en la convención de Palermo, que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen y cumplan funciones en una o más economías ilícitas”, dice la ley de ‘paz total’.

Para algunos sectores políticos contrarios al Gobierno, la ‘paz total’ ha permitido el fortalecimiento de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, y que se presenten casos como los registrados en los últimos días, en donde se ha dado el secuestro de cuatro militares, incluso algunos de ellos mientras se encontraban de permiso, siendo sacados a la fuerza de sus casas.

Por esta razón, la Corte Constitucional escuchará por parte del Gobierno al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para que entregue sus argumentos de defensa sobre la política de ‘paz total’ del Gobierno y a los sectores políticos que señalan que este proyecto es lesivo para la seguridad del país.