La pelea en la Corte Constitucional por los “archivos secretos” de la Iglesia

Juan Pablo Barrientos, autor del libro Dejad que los niños vengan a mi, es conocido por sus trabajos periodísticos sobre casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes cometidos por integrantes de la Iglesia católica colombiana. 

El pasado 2 de mayo de 2019, a través de un derecho de petición, Barrientos solicitó a la Arquidiócesis de Medellín acceso a los archivos privados de la institución en donde podría encontrarse información acerca de ochenta y tres sacerdotes que supuestamente estarían involucrados en casos de pederastia y abuso sexual. 

Quince días después, Barrientos recibió una respuesta negativa por parte de la Arquidiócesis de Medellín, la cual negó el acceso al archivo de la organización religiosa amparada en las leyes de protección de datos personales y en el carácter privado del archivo. Además, según el Derecho Canónico por el cual se rigen estas instituciones, la información allí contenida no puede ser consultada, fotocopiada ni reproducida digitalmente sin permiso expreso del respectivo arzobispo. 

Debido a esta negativa, el periodista interpuso una acción de tutela solicitando la protección de su derecho a acceder a la información contenida en este archivo que, dice el accionante, “si bien pertenece a un privado, contiene información que es de interés público para toda la sociedad”.

Un juez de primera instancia tuteló el derecho de Barrientos a acceder a estos archivos, pero la Arquidiócesis de Medellín impugnó el fallo, motivo por el cual la Corte Constitucional seleccionó el expediente para su estudio. 

De acuerdo con Barrientos, el derecho al acceso a archivos en los que, comunidades e instituciones religiosas depositan información sobre posibles delitos cometidos por personas que hacen parte de estas congregaciones, debe ser protegido por la Corte, pues la información allí depositada podría estar relacionada con violaciones a derechos fundamentales de niños y niñas. Además, podría demostrar la existencia de abusos sexuales sufridos por menores víctimas de miembros de una o varias congregaciones religiosas, explica Barrientos. 

El caso fue asignado al despacho del magistrado Carlos Bernal Pulido, quien hasta ahora es el encargado de pronunciarse de fondo sobre la acción de tutela. No obstante, Bernal Pulido es conocido por sus posturas conservadoras al interior de la corporación, razón por la que Juan Pablo Barrientos y el colectivo Dejusticia, han solicitado a este magistrado, y a los demás miembros de la corporación, que por la gravedad del tema tratado y las consecuencias que pueda llegar a tener, este sea resuelto por la sala plena de la corporación.