El pulso entre Fedegán y el Gobierno

En la noche del pasado 29 de diciembre, el Gobierno, a través del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, firmó un polémico decreto (el 2537) en el que despojó a la Federación Colombiana de Ganaderos -Fedegán- la administración del Fondo Nacional del Ganado (FNG), encargado del manejo de los parafiscales del sector ganadero y lechero del país, la cual había manejado durante 22 años.

No se trata de un asunto menor pues, después del Fondo Nacional del Café, el FNG es el segundo que más ingresos percibe. Son cerca de 90.000 millones de pesos al año de recursos parafiscales provenientes de la cuota de fomento que pagan más de 400.000 ganaderos por vender leche o sacrificar ganado.

Las razones de la decisión son controvertidas. Sin embargo, el ministro Iragorri asegura que el contrato de administración del FNG con Fedegán contenía “cláusulas inaceptables” para el Gobierno, así como la ocurrencia de presuntas irregularidades por parte del gremio en la administración de los recursos del Fondo.

Esta decisión tomó por sorpresa a Fedegán a pesar de que el Gobierno la venía cocinando meses atrás. Quizá, lo que impulso al Ministerio de Agricultura a no renovar el contrato (que se vencía el pasado 31 de diciembre), fue un informe de la Contraloría que cuestionó la utilización de los recursos parafiscales del Fondo Nacional del Ganado para salvar de la quiebra a la empresa Friogán. Según el ministro Iragorri, es  la primera vez en la historia del país que un fondo parafiscal se acogía al régimen de insolvencia.

En el informe, el contralor Edgardo Maya Villazón censuró la decisión de FNG de acogerse a la ley de insolvencia o reorganización empresarial (Ley 1116de 2006) “para garantizar y avalar con recursos de la parafiscalidad deudas de un tercero como es el caso de Friogán.

Para la Contraloría “el sometimiento del Fondo Nacional del Ganado al régimen de la Ley 1116 de 2006, genera riesgos para la conservación e integridad de su  patrimonio, por considerar que dicha situación administrativa es ajena a la naturaleza de la parafiscalidad, a la cual, en todo caso, nunca debió llegar el FNG”.

La sorpresa para José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán fue mayúscula. Aseguró que, a pesar de ese informe, el ministro Iragorri había asegurado que no existían razones para no renovar el contrato para la administración del FNG.  “El ministro, en su despacho, nos dijo que le había dicho al Contralor General que no había una sola razón, ni técnica, ni legal, ni de transparencia, para que Fedegán no siguiera manejando los recursos parafiscales de los ganaderos que, durante 22 años, se han manejado de manera impecable. Incluso, le oí en varias emisoras decir: “¿y si no es Fedegán, quién?”.

Es por eso que Lafaurie no duda en señalar que las verdaderas razones para que el Gobierno adoptara esta decisión no son otras que las posturas críticas de Fedegán frente al proceso de paz de La Habana. Incluso califica estas decisiones como una “persecución”.  “No hay la menor duda. Hay una persecución contra el gremio (los ganaderos) que ha sido el muro de contención en la intención del Gobierno de entregarle el campo a las FARC. Reprimir un gremio, porque el gremio no es instrumento dócil de los intereses del Gobierno, me parece un mal antecedente”.

Incluso, Lafaurie dice que ni en las más difíciles situaciones del Ejecutivo de Ernesto Samper, a quien el Consejo Gremial pidió su renuncia, “jamás intentó un atropello contra ninguno de los gremios que en su momento salieron a protestar contra el Gobierno”.

Esa persecución, según Lafaurie, viene desde enero de 2013, cuando se negó a participar del foro de la Universidad Nacional sobre el tema de tierras, el cual tenía como propósito suministrar insumos a la Mesa de Negociación de La Habana. “Desde ese momento fue blanco de las más duras críticas del presidente Santos y del guerrillero (Iván) Márquez”, recuerda.

Lafaurie asegura que no hubo irregularidades en la administración del FNG, y que los parafiscales del gremio son propiedad de los ganaderos, por lo que anunció que demandará el decreto ante el contencioso administrativo. “No vamos permitir la politización del Fondo Nacional del Ganado, estaremos vigilantes, si el Gobierno va administrar esos recursos tendrá que hacerlo con la misma honestidad, eficacia para que cuando se lo regresen a los ganaderos se lo regresen en los mismos términos en los que lo hemos entregado”.

Una vieja confrontación

Para el presidente de Fedegán, el “propiciador de la persecución” es el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, no solo por la posición del gremio frente al acuerdo en el primer punto de la agenda de La Habana, sino por un fuerte rifirrafe que protagonizaron ante las cámaras de un noticiero de televisión.
Para entender el origen de este nuevo pulso entre el gobierno y Fedegán hay que remontarse al año 1991, cuando el presidente del gremio era Jorge Visbal Martelo. Fedegán hizo millonarias inversiones en plantas de frío en varios departamentos del país, con el fin de garantizar una mejor calidad de la carne.

Cuando asumió José Félix Lafaurie, en 2004, decidió darle un nuevo impulso y fusionar las plantas bajo una misma razón social, Friogán. De la compañía hacen parte actualmente Frigosabanas, de Sucre; Frigomedio, de Caldas; Frigoriente, del Meta; Fricolsa, de Antioquia; y Frigonorte, de Norte de Santander.

Pero los resultados no fueron los esperados. Lafaurie dice que cuando llegó al gremio las plantas arrojaban pérdidas porque competían entre sí y traían deudas contraídas desde su creación.

Pero el principal motivo que señala el actual presidente de Fedegán fue la demora en la puesta en marcha del Decreto 1500 de 2007, que obligaba a todos los frigoríficos del país a hacer millonarias inversiones para un manejo más eficiente de la carne y para combatir el mercado informal, que según Fedegán es del 70 %.

Ese decreto acababa con la informalidad y los mataderos ilegales y obligaba a vender carne madurada con lo cual los frigoríficos legalmente establecidos aumentarían sus ingresos por el mayor sacrificio del ganado, el corte de carnes, su empaquetamiento y la cadena de frío. Pero esto no ocurrió porque el Gobierno se tardó en poner en marcha las medidas –el nuevo plazo se fijó para agosto de 2016–.

Friogán, entonces, invirtió 40.000 millones de pesos para mejorar su cadena de frío, recursos que sumados a las deudas que ya tenían algunos de los frigoríficos fusionados, posteriormente, llevaron a la empresa a presentar problemas financieros.

Juan Camilo Restrepo fue quien denunció inadecuados manejos de recursos en este frigorífico y en el Fondo Nacional del Ganado. Y en su momento aseguró que la demora en el decreto es una excusa inexacta porque Fedegán pretendía que se cerraran de un tajo 300 o 400 mataderos municipales para quedar con el monopolio del mercado doméstico, con lo cual se fomentaría el contrabando y el abigeato. Según Restrepo, el Gobierno, al aplazar la entrada en vigencia de la norma, dio un tiempo adicional para que el mercado se organizara y se hicieran las inversiones necesarias.

Antes de salir del ministerio en 2013, Restrepo contrató una auditoría externa para analizar el comportamiento de varios fondos, entre ellos el FNG en cabeza de Fedegán. Dicha auditoría mostró la falta de transparencia en el manejo de esos recursos.

Lafaurie controvirtió dicha auditoría porque, por primera vez, se pagaban 1.000 millones a un particular para una auditoría sobre recursos públicos. Esta fue realizada en el 2014 por el señor Andrés Bernal Morales, actual contralor delegado, y que en el pasado había sido secretario jurídico del ministro Juan Camilo Restrepo y participó en la negociación del primer punto de la agenda, el de reforma rural, en La Habana. “El mismo que fue su secretario jurídico (de Restrepo), no tuvo ningún inconveniente, en aceptar el cargo de contralor delegado para perseguirme”.

A la luz del informe el contralor Edgardo Maya Villazón sobre el FNG, y por la decisión del ministro Iragorri, parecen haberle dado la razón al exministro Restrepo en ese viejo pulso con Lafaurie.