La pelea por la autoridad ambiental en el Atlántico

La disputa por la decisión de crear una nueva autoridad ambiental tomada por los cinco alcaldes de los cinco municipios que conforman el área metropolitana de Barranquilla despertó el mundillo político local y sacó del silencio a muchos de los congresistas del departamento a quienes no se les sintió la voz durante los días más críticos de la pandemia del coronavirus.

Desde hace un par de días la discusión sobre el hecho de que sea el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), que reúne a Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, quien se encargue desde el 2021 de los procesos y proyectos ambientales de la zona, desbancando buena parte de la potestad y el presupuesto que hasta hoy tiene la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) ha desatado un remolino de fuerzas y pequeños rifirrafes entre los líderes políticos. Lo que en análisis de algunos demuestra todo el peso burocrático que tienen estas entidades ambientales.

El tema se activó luego del anuncio del director del AMB, Libardo García, quien solicitó acompañamiento a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios para promover una transición armónica ajustada con la Política Nacional de Gestión Ambiental Urbana, expedida por el Minambiente, con base en la decisión de la junta del AMB de constituir una entidad como autoridad ambiental en el territorio de su jurisdicción.

García Guerrero invitó a la cartera de ambiente y a la Procuraduría a ser parte de una mesa de trabajo conjunta con la CRA para garantizar total transparencia “en esta nueva realidad que garantiza una nueva visión distrital, metropolitana y departamental de la gestión ambiental sostenible en la jurisdicción que ejercen de forma conjunta ambas entidades”.

La propuesta del AMB se ampara en las leyes 99 de 1993 y 1625 de 2013, que establecen que las áreas metropolitanas pueden “ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano”. La idea es que el MinAmbiente, como ente rector del Sistema Nacional Ambiental (Sina) defina las competencias entre autoridades ambientales urbanas y rurales, es decir, que defina los límites de acción entre la CRA y el Área Metropolitana de Barranquilla.

El anuncio se puede interpretar como una muestra más del crecimiento y la concentración del poder local en la casa política de la familia Char, que parece querer tener el control de todo en el departamento. El anucio de la nueva entidad ha puesto a opinar a muchos. Como era de esperarse la gran mayoría de los representantes y senadores del Atlántico aliados del grupo Char han respaldado la decisión, pero miembros de otros partidos ya alzaron su vos de protesta.

En el mundo político local es una verdad de pasillo que durante los últimos 12 años un peso político importante en la CRA lo ha tenido la casa Name, liderada públicamente por el senador José David Name Cardozo. De hecho, fue este último uno de los que alzó la voz esta semana contra la creación de la nueva autoridad ambiental y con nombre propio señaló a Pedro Lemus, ex secretario privado de la Gobernación del Atlántico, de estar detrás de la decisión.

Name dijo que ante los hechos evidentes recolectará información sobre las actuaciones irregulares de Lemus para denunciarlo ante la Fiscalía General de la Nación. Además, el actual senador por el Partido de la U, dijo que esta decisión del AMB es inconveniente e ilegal frente a la ley que constituyó los Distritos, entre ellos el de Barranquilla.

“La creación de una nueva autoridad afectará a los otros 18 municipios y el Plan de Desarrollo de la gobernadora Elsa Noguera, porque buena parte de las grandes obras que se tienen planeado ejecutar se van a hacer con plata que le debería entrar a la CRA”, declaró Name, quien aprovecho para recordar que un gran porcentaje de la canalización de arroyos que se ha hecho en Barranquilla, de las que el grupo Char saca pecho, también se hicieron gracias al dinero de la CRA.

Name Cardozo fue más allá y, en diálogo con Emisora Atlántico, llamó “forastero” a García, director del AMB, y que dijo había llegado al cargo solo por ser “cuñado de los Cotes”, quienes realizaron una terrible gestión en el Magdalena.

Jaime Pumarejo Heins, alcalde de Barranquilla y ahijado político de la casa Char, terció diplomáticamente en la controversia, dijo que lo ideal sería un trabajo coordinado entre la nueva autoridad y la CRA, y una distribución de competencias.

“La nueva autoridad ambiental urbana es una gran apuesta por la sostenibilidad del territorio metropolitano, que tendrá como prioridades fenómenos ambientales como la calidad del aire, gestión del riesgo y el control de emisiones contaminantes”, dijo el alcalde.

El peso de la decisión de los alcaldes del área metropolitana es de alto impacto, según Alberto Borelly, representante del Gobierno Nacional en la CRA, porque esta afectaría en más del 70 por ciento el presupuesto actual de la entidad y dejaría en el limbo el Plan de Acción estipulado para el periodo 2020-2023.

Para el delegado de presidente Duque la decisión del AMB es inconstitucional y va en contra del derecho a un ambiente sano de los otros 18 municipios del departamento.

"En el Plan aprobado por el Consejo Directivo de la CRA están proyectadas inversiones por $190 mil millones y hay compromisos por vigencias futuras hasta el año 2035 de más de $700 mil millones de pesos. Los más afectados serían los cuerpos de agua del departamento y las acciones de conservación de flora y fauna.

SEMANA intentó comunicarse con Pedro Lemus para conocer sus respuestas a los señalamientos hechos por el senador Name Cardozo, pero este respondió que se encontraba en ocupaciones personales y en cuanto se desocupara se comunicaría con la revista.

A la decisión del AMB de crear su propia entidad, sin embargo, le han salido críticos legales, quienes afirman que la decisión no es constitucional y se caería pronto. La discusión está planteada y con ella el choque de fuerzas políticas.