La pelea por Santurbán

La idea de que un fenómeno de esa magnitud sucediera en ese páramo aterró a los santandereanos. Fueron tantas y tan multitudinarias las marchas en Bucaramanga y las alarmas de los ambientalistas, que la empresa tuvo que retirar la solicitud de licencia ambiental en el Ministerio de Ambiente y cambiarse el nombre a Eco-Oro.

El problema radica en que en las montañas de Santurbán se encuentra otro tesoro. Los páramos son las fábricas de agua del país. Allí nace el 70 por ciento del líquido que consumen los colombianos y se cree que de Santurbán puede depender el abastecimiento de 2 millones de santandereanos. Por esta razón, el Plan de Desarrollo y la Corte Constitucional prohibieron que se haga minería en ellos. En teoría, esto haría imposible que cualquier proyecto aurífero tuviera lugar en Santurbán, pero el problema es mucho más complejo.

El primer obstáculo para prohibir la minería en Santurbán es que hoy hay una discusión enorme sobre los linderos de los páramos. El plan de desarrollo estableció que estos ecosistemas deben estar delimitados a una escala de 1 sobre 25.000 y el Instituto Alexander von Humboldt tenía hecho ese proceso a una mucho mayor, de 1 sobre 100.000. 

Y a esto se le suma otra complejidad: la misma norma señala que la delimitación debe hacerse no solo con criterios ambientales sino también económicos y sociales. Es decir, que la decisión de qué es un páramo no la puede tomar un científico con base en lo que pueda leer en la naturaleza, como diría la lógica, sino que también pesa lo que piensen quienes viven en ellos.

Esto, que parece un tema meramente técnico, es el eje de la discusión que tendrá que resolverse este mes. La ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, señaló hace unos días que, aunque los límites del páramo ya están definidos, se harán unas mesas para concertar los alcances de la declaratoria desde el próximo 12 de diciembre. El anuncio de Sarmiento cayó muy mal entre los ambientalistas. Para ellos la protección del páramo no debe negociarse, mucho menos cuando hay tantos intereses de la megaminería de por medio.

Si Santurbán fuera un paraje desolado, hacer esa delimitación no tendría mayor complique. Sin embargo, Santurbán no solo es un páramo, también son ocho pueblos. Para quienes viven en ellos la posibilidad de ser declarados como el ecosistema sagrado para el agua no es una bendición sino un infierno. En plata blanca, ser páramo significa tener prohibida cualquier actividad económica. No solo la minería, sino también la agricultura y la ganadería. Por eso, esa victoria verde les aterra.

“Desde que se habla del páramo, la gente dejó de pagar impuestos”, se queja el alcalde de Tona, Francisco González. Asegura que ha perdido cerca del 70 por ciento de los recursos del municipio, pues como una de las consecuencias de ser una reserva natural es no tener que pagar impuesto predial, sus habitantes han preferido esperar a ver qué pasa. 

En la región hay muchos temores, sobre todo de que al irse las empresas legales puedan venir los ilegales. Ese es un lugar estratégico para el conflicto armado en donde el ELN, las AUC, el EPL y las Farc han tenido una presencia histórica. “Fuimos un territorio olvidado. Cuando aquí hubo masacres y secuestros, nadie hizo una marcha por nosotros”, dice Henry Delgado, personero de Suratá.

El caso que mejor explica la situación de lo que puede venir es Vetas. Si la delimitación sale como han dicho los ambientalistas, un 95 por ciento del municipio quedaría dentro del páramo. Es tanto el miedo que hay entre los pobladores que en los últimos meses el municipio vivió tres asonadas. Como su nombre lo indica, en Vetas son mineros de pura cepa. Le rezan a la Virgen del Carmen –la patrona de esta actividad–, no tienen tiendas ni mercado y, en lugar de tener en la plaza un prócer de la independencia, tienen un minero como estatua. Como dijo Adonay Guerrero, un campesino, “aquí simplemente no sabemos hacer nada más”.

Su alcalde, David González, dice que se siente peor que el presidente Santos cuando perdió 75.000 kilómetros de mar por el fallo de La Haya. “¿Qué puede hacer un alcalde sin recursos y sin territorio?”, se pregunta. Agrega que en enero se declaró en la región un parque natural regional para proteger el páramo que abarcó el 60 por ciento del municipio y que no están dispuestos “a perder un centímetro más”. El gobernador de Santander, Richard Aguilar, los ha apoyado en esa posición. El mandatario le envió una carta a Santos en la que le pide “hacer coincidir, en lo posible, el proceso de delimitación del parque y el páramo de Santurbán”.

Por eso, la delimitación es una papa caliente para la ministra de Ambiente, de la que difícilmente saldrá bien parada. Ella dijo hace unos días que “trazar la línea no es la solución automática para proteger un páramo”. La ministra Sarmiento aseguró que se buscará un mecanismo que pueda hacer más rentable para los pobladores cuidar ese ecosistema que explotarlo. 

Esa ilusión se conoce en el mundo verde como el pago de servicios ambientales y funciona en varios países en donde los Estados o el sector privado les pagan a campesinos por no deforestar ni dañar la naturaleza. Estudios de la Organización de Estados Americanos sostienen que cada dólar invertido para proteger el agua puede significarle a un país ingresos entre 3 y 34 dólares después. Colombia tiene una excelente oportunidad para probar ese mecanismo en Santurbán, pero hoy pocos le apuestan a que este pueda ganarle a la fiebre del oro que ha vivido históricamente esa región.

La decisión que tiene Sarmiento no es fácil. Y seguramente por eso llamó a unas mesas para validarla. Si el páramo es delimitado según los intereses de las grandes mineras y los pobladores, la ministra no le haría honor a su cartera, que está precisamente para lo contrario, y es muy probable que al otro día la defensa del agua vuelva a retumbar multitudinariamente en Bucaramanga. Pero si sigue al pie de la letra la delimitación científica, podría generar una crisis en esos ocho municipios que luego puede ser muy difícil de manejar y se convertiría en un mal precedente para el debate ambiental que en últimas no puede definirse desde un escritorio en Bogotá.