La peligrosa ‘reforma laboral’ que se cocina en el Congreso

Un peligroso camino viene tomando el Congreso para reformar el régimen laboral colombiano. Con proyectos de corte populistas, cambios parciales y soluciones con cuentagotas que podrían terminar en una reforma a retazos, la cura está saliendo peor que la enfermedad.

Sin duda el país requiere cambios profundos en materia laboral, que han resultado más evidentes en medio de la pandemia. Sin embargo, si estos no se articulan y atacan de lleno problemas como la informalidad y el alto desempleo, de nada servirán. Y aunque el Legislativo insiste en presentar proyectos que a primera vista lucen positivos, de fondo generan nuevas dificultades y terminan siendo perjudiciales cantos de sirena.

Es el caso del proyecto que presentó el Centro Democrático para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Esta semana, la plenaria del Senado le dio luz verde, lo que encendió las alarmas en más de un sector. Su avance preocupa a empresarios y Gobierno. Curiosamente, ni los partidos de oposición ni el propio Gobierno le caminan a la propuesta. El Ministerio de Hacienda incluso emitió un duro concepto en contra. Aseguró que, de aprobarse, sería necesario que las empresas contraten más trabajadores, lo que automáticamente incrementaría sus costos.

También explicó que por cada ocho horas de jornada laboral que se pierden en un trimestre, la economía deja de producir cerca de un billón de pesos. Así las cosas, la pérdida total por esta iniciativa equivaldría a 12 billones de pesos trimestrales y 48 billones al año. En un contexto tan difícil como el que atraviesan los empresarios del país, aprobar este proyecto implicaría ponerle zancadilla al proceso de recuperación que aún es incierto. Y lo seguirá siendo hasta que llegue la vacuna contra el coronavirus.

Populismo

La idea, cuyo cerebro es el expresidente Álvaro Uribe, suena atractiva y muy popular. Pero le daría una estocada a la recuperación del mercado laboral. El exsenador la presentó antes de la pandemia, junto con otras iniciativas como la prima adicional, en el marco de la denominada “economía fraterna”. Y su bancada, con algunas excepciones, la ha defendido a capa y espada. Por un lado, aseguran que las empresas han tenido una reducción de impuestos, con lo cual podrían mitigar un futuro efecto del menor tiempo trabajado. Además, invocan el hecho de que en países desarrollados la jornada laboral es de 40 horas. Pero una cosa es allá y otra acá.

En el proyecto han dejado por fuera una variable clave: la productividad. Y Colombia tiene serios problemas en este frente. Según un estudio de Fedesarrollo, el país tiene grandes rezagos si se compara con sus pares latinoamericanos. De hecho, se ubica por debajo de Uruguay, Chile, Argentina, México y Brasil. Y ni qué decir si se compara con economías como la de Estados Unidos. Un trabajador norteamericano es 4,5 veces más productivo que uno colombiano.

Esta realidad, sumada a la pandemia, tiene al país en una crisis sin precedentes. El palo no está para cucharas y una propuesta como la de Uribe podría afectar gravemente la reactivación y la reducción del desempleo. Incluso aunque su fin sea loable: que los colombianos tengan más tiempo para compartir con su familia.

La aprobación de esta iniciativa cayó como un balde de agua fría. El problema es que no es la única iniciativa de este tipo. A paso lento avanzan regulaciones laborales para el trabajo en casa y plataformas digitales, propuestas por el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. La primera busca reglas claras para personas que laboren desde sus hogares, incluyendo flexibilidad horaria, alternancia y derecho a desconexión. La segunda crea normas para trabajadores de economía colaborativa, es decir, aplicaciones como Uber o Rappi.

Además, hay proyectos de equidad salarial, incentivos para contratar jóvenes, protección laboral a personas vulnerables y hasta un articulado que crearía una licencia de trabajo por contraer matrimonio. Los autores son legisladores, pero también miembros del Gobierno que están en una descoordinación histórica. Nadie se pone de acuerdo y el Gobierno sigue sin dar luces sobre su propuesta de reforma laboral, más allá de convocar a sesiones de la Misión de Empleo. Esta tampoco tendría muchos dientes, pues no cuenta con la presencia de los sindicatos, que deben dar su visto bueno a cualquier cambio. Esta situación se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para la aprobación de iniciativas populistas, que tienen impacto negativo en la actividad productiva y en los ciudadanos.

Fuerte pulso

En medio de este panorama los gremios de la producción propusieron esta semana que el salario mínimo suba 2 por ciento el próximo año. Con esto, el salario aumentaría 17.556 pesos y llegaría a 895.359. La cifra considera que la inflación cerraría el año en 1,9 por ciento, mientras que la productividad sería negativa (-0,6 por ciento). Las centrales obreras, por su parte, siguen firmes en que el mínimo llegue a un millón de pesos. También piden que se discutan temas como la renta básica, la derogatoria del decreto que creó el Piso Mínimo de Protección y que las mesadas de los pensionados suban con el salario mínimo y no con la inflación.

Estaba cantado que las propuestas de ambas partes estarían alejadas, más cuando el país atraviesa una dura recesión. Sin embargo, la brecha entre una y otra hace prever que lograr un acuerdo será misión imposible. En este punto, el presidente Iván Duque entraría en acción y podría dar una nueva sorpresa al decretar un aumento mayor al propuesto por los empresarios.

Lo cierto del caso es que los empresarios presentaron un argumento de peso que va más allá de las negociaciones tripartitas. Sustentaron que el aumento debería ser de la inflación más 0,1 puntos, teniendo en cuenta la necesidad de crear puestos de trabajo y reducir la informalidad. “Lo que más le conviene al país es crear empleos, así como recuperar los que se perdieron, mantener los existentes y lograr crecimientos sostenidos de la inversión para seguir generando trabajo”, aseguraron en un comunicado. Todos los esfuerzos del sector privado y el Gobierno deben estar enfocados en recuperar y crear puestos de trabajo.

Flaco favor le hacen al país proyectos como reducir la jornada laboral y aprobar reformas a retazos, a pesar de sus buenas intenciones. El Ejecutivo tendrá que presentar de una vez por todas una reforma laboral, so pena de que el Congreso le salga adelante y complique aún más las cosas. La Misión de Empleo está a pocas sesiones de terminar, pero sus resultados deberán pasar a la Mesa de Concertación Laboral. Con un desempleo que supera el 14 por ciento, congresistas, funcionarios y sindicatos tendrán que dejar de lado sus diferencias y ponerle el pecho a la situación. A nadie le sirve una reforma a retazos que no ataque el problema de fondo: generar más empleo.