La petición de Sergio Fajardo a la Fiscalía para que solicite la preclusión de investigación en su contra. Pruebas de su inocencia son contundentes

El exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y su equipo económico, del que formaba parte la exsecretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar, esperan que se escriba el capítulo final de la investigación que fue abierta por cuenta de un contrato de sustitución de deuda por 77 mil millones de dólares, que se incrementó por el aumento en el valor de la moneda extranjera y en el cual se indaga si no tomaron las medidas o previsiones necesarias ante una eventual fluctuación de la moneda, si se trató de un nuevo crédito o si se cometieron irregularidades.

Tal como lo había revelado SEMANA, la defensa del Fajardo y de su equipo económico, en cabeza del abogado Mauricio Pava, le solicitó formalmente a la Fiscalía que pida la preclusión de este caso, con base en que han recibido nuevas y recientes pruebas de las que entidades que participaron del negocio como Findeter, el Ministerio de Hacienda, el IDEA y la misma Gobernación de Antioquia, en las que señalaron que el negocio se hizo ajustado a la norma, a lo que se suma el fallo disciplinario de la Procuraduría que los absolvió.

Entre los argumentos para solicitar la preclusión de las investigaciones está que “en el marco de la acción penal, existe el instituto de la preclusión como instrumento de terminación anticipada del proceso penal inclusive en la etapa de juzgamiento. Así las cosas, ante la existencia de pruebas sobrevinientes que indiquen la inexistencia de un delito, o la imposibilidad razonable de desvirtuar la presunción de inocencia, la decisión de precluir una investigación por parte de la Fiscalía es una manifestación clara de transparencia, independencia y objetividad en el ejercicio de sus funciones”, señala la solicitud radicada ante la Fiscalía.

La petición del exgobernador Fajardo y de su exsecretaria Escobar no busca ir en contravía del fiscal Francisco Barbosa, que fue quien en su momento anunció la imputación de cargos, por el contrario, advierten que lo que esperan es que sea valorado ese nuevo material probatorio, que no se conocía al momento de iniciar el juicio, y con estos nuevos argumentos pedir la preclusión y evitar un desgaste innecesario del aparato judicial y, por esta vía, terminar este proceso.

“Le solicitamos respetuosamente con base en los criterios de justicia material y razonabilidad, promover la finalización de los procesos que cursan, lo cual además de permitir la reorientación de los recursos técnicos y operativos de la Fiscalía en asuntos que así lo requieran, es un mensaje legítimo de independencia y objetividad en el ejercicio de funciones que guía la gestión de la Fiscalía”, se lee en la solicitud.

Y es que, así como lo plantea esta petición, estos argumentos fueron el factor determinante para que la Procuraduría cerrara la investigación contra Fajardo, Escobar y Álvarez. Las entidades involucradas en el millonario contrato certificaron, con documentos, que la actuación de los funcionarios estuvo acorde con la ley y no fue una decisión acelerada que afectó las finanzas del departamento.

Así lo certificó el Ministerio de Hacienda, en un documento firmado por la coordinadora del grupo de asuntos legales, Claudia Marcela Gómez, y entregado el 12 de diciembre del año pasado. En él, reiteran que se trató de un crédito público interno en dólares y descartan de tajo la necesidad de celebrar una operación de cobertura cambiaria. También lo hizo la Gobernación de Antioquia en un concepto de la subsecretaria de Hacienda, Diana Patricia Salazar, entregado en noviembre pasado, en el que ratifican que el pago del crédito fue debitado en pesos y que se tomaron todas las precauciones.

La financiera estatal Findeter, que fue la que en principio asesoró y aprobó el negocio a la secretaria de Hacienda María Eugenia Escobar, también aclaró que no se trató de un acto deliberado para afectar las finanzas de Antioquia, por el contrario, fue una operación en la que se cumplieron los requisitos y se estudiaron los riesgos. Aclaran que, en este negocio, el banco CorpBanca era el intermediario y el deudor de Findeter.

Para la defensa de Fajardo y su equipo económico de la Secretaría de Hacienda es importante que se tengan en cuenta las nuevas pruebas y afirman que de ser acogida la petición para que la Fiscalía petición la preclusión del caso, esto daría “contenido y materialidad a las medidas de garantía y protección solicitadas al Gobierno nacional por parte del relator de Naciones Unidas para este caso, puesto que investigar rigurosamente y pedir preclusión también es administrar justicia”.

El proceso

En realidad, el proceso que se conoció en abril de 2021, cuando la campaña por la presidencia estaba al rojo vivo, cuando el fiscal Francisco Barbosa anunció la imputación de cargos por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tiene su origen en un contrato firmado en 2013.

En ese momento, Fajardo y su equipo económico decidieron firmar, con la asesoría de Findeter, un contrato de sustitución de deuda, que en la práctica significaba englobar lo que debía la Gobernación y pagarlo en un solo crédito con intereses muy bajos, un negocio muy favorable.

El ofrecimiento del crédito lo hizo la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y al gobernador Fajardo y a su secretaria Escobar les sonó la idea. Finalmente, se tramitó por 77 millones de dólares con CorpBanca. Todo marchaba sobre ruedas y parecía un negocio redondo, pero lo que no se esperaba era el aumento de la deuda por cuenta de la subida del precio del dólar.

El pago se hacía en pesos, pero la deuda se adquirió en dólares, y aunque por esos años la moneda estaba estable, en 2015 se disparó y de los 1.850 pesos que costaba al momento del acuerdo, escaló a casi 2.500 pesos. Por eso, para la Fiscalía, se podía probar que no hubo “un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera, ni existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”.

Sin embargo, pruebas recientes y la decisión de la Procuraduría han determinado que, junto con Findeter, el departamento de Antioquia llevó un trámite contractual ajustado a la norma. Un proceso de hace varios años, que casualmente despertó cuando Fajardo era candidato a la presidencia, pero que ha dado muchas vueltas.

Fajardo cumplió su periodo como mandatario de Antioquia y lo sucedió Luis Pérez; fue su secretario de Hacienda, Adolfo León Palacios, quien basado en un informe de la Contraloría señaló a Fajardo como el gobernador que había endeudado al departamento por el crédito en dólares. El asunto parecía haber parado ahí, pero llegó a la Fiscalía.

Lo tomó el nada célebre fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, uno de los articuladores del escándalo más grande que haya enfrentado la rama judicial conocido como el cartel de la toga, en medio del cual magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a cambio de fuertes sumas de dinero, torcieron los procesos contra altos funcionarios para que no terminaran condenados. Con Moreno no pasó nada, pero en 2021 el caso reventó.

La decisión de la Procuraduría

Lejos de la contienda electoral regional que está despegando, a Fajardo y su equipo el panorama les ha empezado a aclarar. La Procuraduría cerró la investigación contra él, su secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar, y su subsecretaria, Laura María Álvarez.

Entre los argumentos para terminar con el proceso “se acreditó que el Comité Financiero y Tesorería Departamental, en agosto 2013, analizó los riesgos del negocio y en razón a la estabilidad en la tasa de cambio que en los últimos años no había sobrepasado los 2.000 pesos (así se registraba en el Marco Fiscal de Mediano Plazo), sumado a la confianza que proporcionaba la línea de crédito Findeter, recomendó empezar la operación sin cobertura. La determinación sería objeto de revisión y se revaluaría en cada vigencia ante la necesidad de tomar la cobertura si había cambios inesperados en el valor del dólar”.

La decisión de no realizar cobertura a la operación no fue irresponsable, sino estudiada. Además, en ese momento, con la reducción de la tasa de interés, la Gobernación tuvo un ahorro cercano a los 1.335 millones de pesos. A todo esto, se suman las nuevas pruebas citadas, argumentos que parecen suficientes para que la Fiscalía solicite dar por terminado el calvario de Fajardo.