| Foto: Archivo SEMANA

NACIÓN

La petición del exministro Diego Palacio por el caso de la “yidispolítica”

El exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe pidió a los magistrados de la Corte Suprema que se aparten del caso.

9 de diciembre de 2020

En una carta revelada por SEMANA, el exministro Diego Palacio, pidió a los magistrados que revisarán su condena por la denominada “yidispolítica” que se aparten de su caso por considerar que no hay imparcialidad.

Se podría tratar de un nuevo choque entre el exministro Diego Palacio y la Corte Suprema de Justicia que entrará a revisar este proceso y otras 84 solicitudes más que tomaron la decisión de solicitar la revisión por el fallo que favoreció al exministro Andrés Felipe Arias con la doble instancia.

El documento básicamente relata los argumentos del ex ministro por la que se les recusa a todos los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por considerar que no hay suficientes garantías para la revisión de su condena.

Uno de los argumentos es que en la cartera que él estuvo, Protección Social, era totalmente ajena a la reelección presidencial y a la votación que se hizo en el Congreso de la República. Además indica que la conducta imputada no tenía nada que ver con las funciones que Palacio adelantó como ministro.

Palacio busca en la segunda revisión que se aclare su condena, aunque ya la pagó, pero quiere hacer uso de este recurso que es permitido actualmente. El ex ministro cree que no tiene garantías y por eso presenta la recusación.

“Según consta en el en el acta de la reunión del 4 de marzo de 2009, la sala penal discutió la presentación de la denuncia penal en contra de Diego Palacio. Fue esta sala la que formuló una denuncia en su contra”, dice el documento.

Esto quiere decir que Palacio considera que la misma sala que lo denunció en algún momento no es la adecuada para adelantar la revisión de su condena por lo que argumenta allí la recusación.

Con esta petición del exministro, los magistrados tendrán que entrar a revisar el documento y determinar si hay mérito para declararse impedidos y nombrar unos conjueces que se encarguen de este tema.

Diego Palacio, ministro de la Protección Social (La FM)

De hecho, uno de los párrafos de la impugnación que busca tumbar la condena señala lo siguiente: “La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ha considerado, desde su comienzo, que la investigación de la yidispolítica es de carácter político. La Corte Suprema tal y como estaba compuesta en mayo de 2008, aun sin yo haber enfrentado el juicio, ya estaba adelantando su posición de cómo censurar o reprochar la investigación en caso de que el resultado fuera un preclusión a mi favor”.

Un dato no menos importante es que el magistrado Gerson Chaverra será el encargado de definir el futuro judicial de Palacio. Lo curioso del asunto es que este es el mismo ponente que deberá decidir si “tumba” o no la condena de 17 años de prisión contra el exministro Andrés Felipe Arias.

Otro aparte de la impugnación y de la sustentación de la misma señala lo siguiente: “Los conjueces que me condenaron, en mi caso y por la “coincidencia” de actuar en un proceso en donde quienes los nombraron están denunciados penalmente por una de las partes o son los magistrados que fallarán en otros negocios en los que actúan como abogados litigantes, generan, cuando menos, inquietud en cuanto a su independencia e imparcialidad. Es obvio que su inclinación hacia una decisión ampararía a sus colegas”. Y agrega que para garantizar la independencia del magistrado, juez o conjuez es necesario aislarlo de “la influencia indebida de los jerarcas del propio Poder Judicial, lo cual no ocurrió en el presente caso”.

El argumento de la defensa de Palacio se centra en que debe existir imparcialidad en la Corte Suprema. Por esa razón, por ejemplo, se señala: “Para nadie es un secreto que existió entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno del presidente Álvaro Uribe un claro y abierto enfrentamiento, el cual se hizo más evidente en el segundo mandato (2006-2010). Este enfrentamiento, que fue público, llevó a que la corporación actuara como “cuerpo” y que, tal y como se dijo anteriormente, considerara que muchas de sus decisiones debían ser en legítima defensa”.