La polémica carta rogatoria de la Fiscalía a Estados Unidos para averiguar sobre Petro

Cuando la senadora Paloma Valencia reveló en el Congreso el video de Gustavo Petro recibiendo fajos de billetes, anunció que lo dejaría a disposición de la Fiscalía para que se investigara lo pertinente. Y poco después el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, explicó que tras recibir y revisar el material el ente acusador había hecho compulsa de copias a la Corte Suprema dado que el senador era un aforado constitucional “y la Fiscalía no puede hacer actos investigativos”. Martínez allí mismo agregó: “Pero como en ese video aparece un ciudadano, Juan Carlos Montes, según las versiones que se han conocido, la Fiscalía ya ha avanzado en esa investigación, ya se ha legalizado el video ante el juez de garantías y se ha citado a entrevista al señor Montes y al arquitecto Simón Vélez. Hoy mismo se están produciendo otros investigativos”, concluyó.

Algunos de los “otros actos investigativos” que el fiscal no entró a detallar son las gestiones que hizo el ente acusador con la embajada de Estados Unidos para lograr que dos fiscales pudieran viajar a Nueva York para entrevistar al extraditado narco Daniel ‘el Loco‘ Barrera. El nombre de este personaje de la mafia apareció en el tema del petrovideo por cuenta de los señalamientos –sin pruebas– que hizo el abogado Abelardo de la Espriella al indicar que la plata que recibió Petro supuestamente provenía de dicho narco.

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Para lograr acceso al extraditado narco la Fiscalía dirigió una carta rogativa al departamento de justicia de Estados Unidos. Tal como el propio fiscal general lo señaló, el ente acusador no tiene competencia para adelantar indagaciones relacionadas con el senador Petro. De ahí que sea polémica la argumentación que usó la fiscalía ante la justicia gringa. SEMANA conoció las doce páginas de la carta rogativa y encontró que varios de sus apartes configurarían una extralimitación pues pisa los linderos de la Corte Suprema de Justicia, único órgano competente para investigar a congresistas.

En la carta se pide al Departamento de Justicia “Se autorice la presencia en la ciudad de Nueva York” de los fiscales Leonardo Armando Colmenares y Daniel Ricardo Hernández, fiscal 6 ante el circuito de Bogotá y fiscal 7 delegado ante el Tribunal de Bogotá “para escuchar en diligencia de declaración jurada al señor Daniel Barrera Barrera, alias el loco Barrera recluido en el territorio estadounidense”.

Uno de los apartes inquietantes de la carta rogativa tiene que ver con la presentación que hace del asunto la Fiscalía. Se supone que los fiscales a cargo están indagando en lo relacionado a los particulares envueltos en el lío del petrovideo. Sin embargo, en el texto se señala que se trata de una investigación preliminar por tres delitos: cohecho impropio, lavado de activos y concierto para delinquir. Y lo que no cuadra es que el cargo de cohecho impropio es típico de los funcionarios públicos ya que este se define así: “El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria…”.

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En la página quinta del documento la Fiscalía argumenta sobre “Propósito de la solicitud de asistencia” y pasa a indicar por qué es importante la prueba requerida. Allí indica que se trata de una investigación compleja relacionada con actos de corrupción especialmente porque vincula a “funcionarios públicos en este caso adscritos al Congreso de la República, facultados para hacer leyes”. Y como ni el ingeniero Juan Carlos Montes ni el arquitecto Simón Vélez son congresistas se deduce que sin mencionar el nombre la Fiscalía está hablando del senador Gustavo Petro.

Pero más adelante cualquier duda se despeja porque la carta rogativa se hace más explícita: “De acreditarse, mediante el testimonio de Barrera Barrera que en efecto se ordenó el pago de sumas de dinero a favor del senador Gustavo Petro, para financiar su campaña o facilitar la implementación de un proceso de negociación, se podría establecer el monto, fechas, forma en que dichos pagos se realizaron, la identidad de otros partícipes y las verdaderas motivaciones para la toma de decisiones de carácter penal".

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La polémica carta rogatoria fue remitida al Departamento de Justicia de Estados Unidos el 3 de diciembre, a través de la oficina de asuntos internacionales de la Fiscalía. Y la respuesta no se tardó. El pasado 18 de diciembre se una carta enviada por el Loco Barrera desde su prisión en Estados Unidos y en respuesta al requerimiento de la Fiscalía colombiana. Allí aseguró: “Nunca he tenido relación alguna con el mencionado senador, como tampoco suministré dinero, financiación o ayuda alguna”. El narco además dice que está listo para ampliar su versión cuando sea necesario. La pregunta que queda abierta es si podrá la Fiscalía ir a entrevistarlo, o si la competencia le corresponde a la Corte Suprema de Justicia en virtud de la investigación que adelante contra el senador Petro.