Crece la polémica por la vacunación “irregular” del cantante vallenato Rafa Pérez y su esposa

El escándalo por la supuesta vacunación irregular del canta Rafa Pérez y su esposa Milagros Villamil, sigue creciendo, luego que las autoridades locales publicaran más detalles del caso, en el que la pareja es señalada de haberse “colado” en la lista de priorizados.

La historia se conoció después que, a través de redes sociales, varios usuarios denunciaran que el cantante vallenato, de 36 años de edad, había recibido, el pasado 12 de abril, la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 en el Hospital Local de Malambo Santa María Magdalena, un municipio del área metropolitana de Barranquilla.

El escándalo siguió aumentó luego que se divulgaran unos videos en los que se ve a Pérez y a Villamil en el momento en que ingresan al centro médico guiados por un trabajador y, al cabo de unos minutos, se les ve salir de forma tranquila.

Esto que hizo que muchos se preguntara por qué habían sido vacunados si no tenían más de 60 años, ni pertenecían a los grupos de segunda y tercera línea de trabajadores de la salud que han sido priorizados por el Gobierno nacional.

En su defensa, el hospital Santa María Magdalena se defendió señalando que a la pareja se le había aplicado la vacuna porque “estaban priorizados en inscritos en el aplicativo Mi Vacuna”, es decir que cumplían con todos los requisitos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud “para acceder a la aplicación del biológico”.

Es decir, este centro médico de Malambo explicó que la decisión de incluir a Pérez y Villamil en la lista no había sido de ellos, ya que no habían determinado su priorización, por lo que dijo estar dispuesto a que se realicen las investigaciones correspondientes.

Ante la avalancha de críticas, la clínica emitió un comunicado en el que señaló que el cantante y la esposa habían eran trabajadores, en la modalidad de prestación de servicios, y que habían sido contratados para desarrollar unas campañas de mercadeo y publicidad, tanto dentro de la infraestructura de la misma, como fuera, en su calidad de figura pública.

Pero, el escándalo no paró ahí. En las últimas horas, la Secretaría de Salud de Soledad informó que después de realizar una inspección halló la que la Clínica Oriental del Caribe, centro médico que incluyó a Pérez y Villamil en la lista de vacunación, estaba cerrado desde hace varios años.

En consecuencia, la secretaría de ese municipio del área metropolitana de Barranquilla, anunció que solicitará el listado de todas las personas que han sido inscritas como priorizadas en el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación, para así poder determinar si cumplen con lo parámetros establecidos por el Gobierno nacional.

Ese mismo centro médico, según la secretaria de salud del Atlántico, Alma Solano, priorizó a 11 personas incluyendo al cantante y a su esposa. De estas, 7 fueron vacunadas en una IPS de Barranquilla y 2 en Malambo.

Solano explicó que durante una visita a la Clínica Oriental de Soledad se pudo determinar que, aunque existe y cuenta con el registro de salud vigente, esta no está abierta, ni presta atención a pacientes hace un par de años. Por lo que anunció que dicha habilitación será cancelada. “Estamos organizando las evidencias y pruebas para ponerlas a disposición de la Superintendencia de Salud y la Contraloría General de la Nación”, añadió.

Este fin de semana, la gerente del hospital de Malambo, Eimy Liz Camargo Molina, señaló que había recibido en su celular amenazas de muerte ,a través de mensajes de texto, de parte de número desconocidos, que ya denunció ante la Policía.

“Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, órganos de investigación, como la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección (UNP), a adelantar de manera inmediata y con celeridad las pesquisas y medidas de su competencia para salvaguardar la integridad de nuestra gerente”, pidió la gerente, a través de un comunicado de prensa.

Por el incremento de casos de colados en las listas de priorizados de la vacunación, que ya llegan a 390 en el el país, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, señaló que han sido intensificadas las investigaciones Pidió al tribunal de ética médica que investigue al personal que burla la ley.