Jorge Iván Ospina, envuelto en un escándalo por contratar a jóvenes de la primera línea en la Alcaldía de Cali

La reciente investigación de la Procuraduría contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por la contratación de jóvenes de la autodenominada primera línea para labores puntuales de las secretarías de Movilidad e Infraestructura (por ahora) es apenas la punta del iceberg de la polémica que ha suscitado esta decisión del mandatario en la capital del Valle del Cauca.

Mucho antes de que el ente de control anunciara esta indagación preliminar, a Ospina ya le llovían las críticas desde varios sectores que no ven con buenos ojos estas contrataciones para realizar tareas como la regulación de tránsito y recuperación de infraestructura vandalizada en medio del paro nacional. Lo paradójico, dicen algunos, es que se les esté contratando para arreglar algo que ellos mismos dañaron. Ahí radica la polémica.

Varios concejales señalan a Ospina de ocultar información respecto a las supuestas negociaciones que la administración distrital hizo con los jóvenes de primera línea, lo que permitió el desbloqueo de varios puntos de Cali cercados por encapuchados casi por dos meses.

El alcalde caleño se reafirma en su posición de que no negoció nada con los jóvenes de primera línea, pero las evidencias son otras: tres semanas atrás, un puñado de manifestantes quiso tomarse nuevamente el punto de Puerto Rellena, oriente de Cali, el epicentro de las protestas, alegando que hasta el momento no se estaban cumpliendo los acuerdos pactados. Días después, se anunció el paquete de contratación a personas entre 18 y 25 años que participaron activamente en las revueltas y bloqueos.

Para el concejal Juan Martín Bravo, Ospina miente, pues evidentemente sí se firmaron acuerdos, y, aunque desde el cabildo le han pedido explicaciones al alcalde o que revele los compromisos adquiridos, estas quejas no han tenido eco en el despacho del mandatario. “Esos acuerdos los hemos pedido a la Alcaldía, pero no los han hecho públicos. Le pido al alcalde que le diga la verdad a los caleños”, subrayó el concejal Bravo.

Por otro lado, asegura que la convocatoria con la que la Alcaldía pretende contratar 2.500 jóvenes es injusta con el grueso de la población juvenil de Cali, porque solo se está beneficiando al sector que tomó vías de hecho y protagonizó actos de vandalismo, bloqueos y protestas en la ciudad. “Bienvenida la oportunidad de empleo para los jóvenes, pero por qué la Alcaldía no hizo una convocatoria pública de empleo para todo el mundo, y no solo beneficiar a las personas que participaron en la destrucción de la ciudad. No podemos premiar a personas que destruyeron la ciudad. Que les cuenten a todos los caleños cómo pueden participar en esas convocatorias de empleo”, agregó el concejal.

Frente a la poca claridad del proceso de contratación de estos jóvenes, la concejala Diana Rojas precisó que el alcalde está actuando de manera irresponsable. “Me preocupa que las decisiones que esté tomando sean para instrumentalizar la violencia”. Explicó que el problema no es emplear a esta población, sino que no haya transparencia en la selección de quienes aspiran a los cargos ofrecidos.

“Son decisiones que está tomando de manera apresurada para apagar un problema que lo tiene encendido, pero lo está haciendo sin ningún proceso serio. No estoy en contra de los jóvenes. Estoy en contra de que el alcalde los esté utilizando para mostrar supuestas banderas sociales”, afirmó la concejala Rojas.

Critica, además, que Ospina presente una bandera social cuando desde su administración recortó los recursos hasta en un 30 por ciento para proyectos sociales que venían adelantando las secretarías de Bienestar y Deporte. “El alcalde no se puede olvidar de que es un mandatario de turno. Me parece increíble que sea la Procuraduría quien tenga que pedir claridad sobre lo que se acordó con los muchachos de primera línea”.

En efecto, el documento de la Procuraduría le exige a Ospina una “Certificación en la que conste las razones de hecho y de derecho que originaron la decisión de contratar o vincular a la administración miembros de la primera línea a la Alcaldía”.

El ente de control también le pide al alcalde “Certificación en la que conste la forma en que se piensa vincular o se han vinculado los miembros de la primera línea a la Alcaldía. Adjuntar estudios de necesidad y conveniencia si los hubiere”. Y asegura que la investigación preliminar fue abierta por las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir el mandatario al vincular a estos jóvenes.

Para Gustavo Orozco, magíster en Seguridad y Terrorismo, a Ospina se le cuestiona que con su decisión estaría promoviendo la violencia y el delito como vías de hecho para lograr cargos en la administración distrital. “El empleo de los jóvenes de primera línea va en contravía de lo que necesita la ciudad, porque no envía el mensaje de recuperar un mínimo de orden, donde la vida tenga protección, donde no cualquiera pueda cometer daños; pero Ospina con estas acciones está diciendo que todos esos delitos tienen un premio y no serán castigados. Y ese es el mensaje que les estamos enviando a los jóvenes que no salieron a protestar ni a dañar la ciudad”, señaló Orozco.

Ospina responde

El alcalde caleño está seguro de que la investigación en su contra no prosperará, pues se trata de una mala lectura social, una decisión que va en contra de la inclusión y la oportunidad laboral para los jóvenes.

El mandatario insistió en que él está apoyando a quienes se encuentran en situaciones difíciles y no tienen oportunidades en igualdad de condiciones “Los temas sociales se resuelven con inversiones sociales, desde la integración y la reconstrucción de una sociedad. Con una mano amiga que educa y enseña lo que edifica a todos”. Ospina hizo un llamado por el respeto a la dignidad humana y aseguró que no entiende de dónde proviene la molestia ante una política de inclusión.

“Desestimo cualquier investigación que tenga ese carácter y me parece importante que la Procuraduría lo pueda evaluar. Pero también sé que existen sectores políticos, que en el interés de mantener encendida la ciudad, crean disturbios de opinión, percepciones falsas de lo que somos. No me avergüenzo ni un milímetro de proveer oportunidades a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad”, expresó.

Insistió el alcalde en que la defensa de los vulnerables forma parte de sus principios y formación, y que existe una lógica de brindar oportunidades y llamar a quien destruye para que construya y no vuelva a ser destructivo. Señaló también que los procesos de selección se harán bajo los requisitos de ley.

El alcalde recordó que, además de oportunidades de empleo, se están generando canales de ampliación de cobertura educativa y programas para atender la drogadicción, en una política integral que no solo es para los jóvenes de primera línea, sino para todos los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

El analista político Santiago Londoño cree que lo que está haciendo Ospina va en coherencia con su discurso. “Políticamente, el alcalde le ha apostado al diálogo. En función de eso, ha tenido coherencia en su mensaje al contratar a estos muchachos para eso, porque son labores que no son de carácter punitivo u oficial. Son labores en las cuales ellos se pudieron capacitar rápidamente”.

Lo que se conoce hasta el momento es que los jóvenes estarán regulando el tráfico donde no hay red semafórica producto de los actos de vandalismo. También se ocuparán de trabajos de reparaciones en vía pública, donde hoy solo están los destrozos como huella de ese estallido social que mantuvo a la ciudad secuestrada por un mes y medio.

Ospina, que sabe de su popularidad en picada, trata de reivindicarse con esos sectores sociales que lo llevaron por segundo periodo a la Alcaldía de Cali, pero sus acciones premeditadas resultan cada día más polémicas y cuestionables.