“La Policía lo negó, trató de ocultar la gravedad de lo ocurrido”: Claudia López, sobre el asesinato de Javier Ordóñez, a un año de su muerte

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recordó que hace un año el país conoció las primeras imágenes de la tortura a la que fue sometido el taxista y estudiante de derecho Javier Ordóñez, cuando dos policías lo agredieron con una pistola eléctrica (conocida como Taser). El hombre murió y la ciudad se convirtió en escenario de grandes protestas que se tornaron gravemente violentas.

A propósito, la mandataria señaló a un año del hecho que “la Policía lo negó” y “trató de negar la gravedad de lo ocurrido”, hasta que finalmente terminó aceptándolo.

Entre el 9 y el 10 de septiembre, trece personas fueron asesinadas por impactos de arma de fuego en Bogotá y Soacha, en lo que la mandataria calificó como “una auténtica masacre de jóvenes” en la ciudad.

Sobre lo que pasó esos días todavía hay muchas preguntas y quizá la más recurrente es: “¿Quién dio la orden de disparar contra manifestantes?”. Esto, porque cientos de videos demuestran que algunos uniformados se extralimitaron.

A propósito, la mandataria aseguró este 9 de septiembre que nadie dio la orden ni la autorización de usar armas de fuego “ni de defender a sangre y fuego los CAI que fueron vandalizados”, aunque reconoció que es evidente que el abuso policial ocurrió más allá de las órdenes impartidas desde el puesto de mando unificado.

De hecho, hay 68 investigaciones abiertas, aunque solo se han formulado imputaciones de cargos a tres miembros de la Policía por homicidio simple, pero no fueron siquiera separados de sus cargos. Además, en la Procuraduría tan solo se han definido cuatro fallos sancionatorios.

“Entendemos que son investigaciones complejas, hemos esperado prudentemente y con paciencia un año, junto con las familias, a que esas investigaciones avancen, pero transcurrido un año —y a pesar de la contundencia de la evidencia presentada a las autoridades—, el panorama es desalador”, sostuvo.

López recordó que en ninguno de los 300 casos de personas heridas, incluyendo a 75 agredidos por arma de fuego, se conocen oficialmente los nombres de los responsables.

“Siguen gozando de libertad, siguen gozando de trabajo y ni siquiera han sido suspendidos del servicio, pese a estar imputados por asesinato contra nuestros jóvenes”, dijo, señalando que con razón las familias de las víctimas se sienten abandonadas y humilladas.

Así, López arremetió contra la Policía Nacional, opinando que es inadmisible que en un año no haya tenido la “decencia”, el decoro y la empatía de suspender del servicio a los policías que sabe usaron sus armas de fuego entre el 9 y 10 de septiembre.

Por lo anterior, le solicitó a la institución que suspenda del servicio —respetando la presunción de inocencia— a quienes hayan usado sus armas en los lugares en los que hubo muertos en aquellos días de convulsión.

Después de lo anterior, reconoció que la mayoría de los integrantes de la Policía son ciudadanos trabajadores y entregados al servicio público. “Si el Estado, las autoridades y la Policía quieren recuperar la confianza ciudadana, tienen que hacer un acto real de enmienda. De nada sirven palabras de perdón de labios para afuera, cuando en la institución —para adentro— no hay cambio”, insistió.

Además, le lanzó pullas al presidente Iván Duque con respecto a la reforma estructural a la Policía. “Podrían ser sus hijos, podrían ser los hijos de cualquiera”, pronunció la mandataria local, quien insistió en la urgencia de modificar y desmilitarizar esa institución.

La alcaldesa les envió comunicaciones al fiscal general Francisco Barbosa y a la procuradora general Margarita Cabello, pidiéndoles celeridad en las investigaciones de los casos.