La Policía no ha masacrado a nadie: la dura respuesta del general Vargas a informe presentado a Claudia López

Al inicio de esta semana se conoció un informe presentado por el defensor del Pueblo, Carlos Negret, sobre el manejo que le dio la Policía a las protestas que desencadenó el crimen del estudiante de derecho Javier Ordoñez a manos de integrantes de la Policía.

El informe decía en términos generales, que tras el uso ilícito de armas de fuego por parte de los policías se había presentado una masacre contra jóvenes de escasos recursos económicos que salieron a manifestarse en contra del abuso policial.

“Los días 9 y 10 de septiembre de 2020, la Policía de Colombia reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha, donde se presentaron protestas por el asesinato de Javier Ordóñez en un procedimiento policial”, señala el informe.

Ante estos señalamientos el director de la Policía, el general Jorge Vargas, respondió que “La Policía no ha masacrado a nadie, no hemos dado esa orden”.

Dijo el oficial también que “no hemos dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia (…) de igual manera la Fiscalía General de la Nación tiene las investigaciones, es el organismo competente con la Procuraduría se lo hemos dicho de manera reiterada al país, por poder preferente la Procuraduría tiene las investigaciones”.

Así mismo el oficial cuestionó las cifras sobre muertos relacionados integrantes de la fuerza pública. Aseguró que las cifras no concuerdan con las que tiene la Policía. “Es la Fiscalía a partir de la experticia y el esclarecimiento que tiene precisamente que indicar quién es el responsable de esas muertes, porque muchas de ellas están fuera de los contextos que se están señalando”, aclaró el general Jorge Vargas.

El informe

El documento de más de 180 páginas señala entre otras que, “la masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes, en un contexto social complejo y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo, en los niveles nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia”.

En otro de sus apartes manifiesta que “Para esta Relatoría es claro que la acción violenta de los agentes de Policía se encarnizó en contra de los jóvenes de los sectores populares de Bogotá y Soacha y que el resultado de esta tragedia deja ver que existe una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública de la que se desprenden acciones autoritarias e ilegales en contra de los habitantes de ciertos sectores sociales”, manifiesta el documento.

Sobre el perfil de las víctimas de las protestas del llamado 9S del 2020, indica el informe “al hacer un paneo de las víctimas mortales encontramos que comparten algunas características socioeconómicas: sus familias o ellos son provenientes de diferentes regiones y llegaron a Bogotá en busca de oportunidades (13 de los 14 casos), sus edades se encontraban entre 17 y 27 años (diez de las 14 víctimas), no eran profesionales (once eran bachilleres, dos estaban haciendo una carrera y uno tenía formación técnica), o eran trabajadores informales o tenían contratos cuyos ingresos se encontraban cerca del salario mínimo (13 de 14). Dichos rasgos proponen una reflexión sobre si la Policía tiene un comportamiento más represivo y autoritario con los ciudadanos de bajos recursos”.

“Se documentó 14 asesinatos, lesiones de al menos 75 personas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y las heridas provocadas a al menos 216 miembros de la Policía”, remata el informe.