La carta de la presidenta de la JEP al Presidente de la República

Esta semana llegó al despacho del presidente Iván Duque una carta firmada por la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares. La comunicación, también remitida a varios embajadores, pide el apoyo crucial del Gobierno en un asunto en el que los magistrados vienen trabajando: la implementación de las sanciones que impartirá el Tribunal para la Paz a la mayoría de los más de 12.000 comparecientes, entre exguerrilleros, exmilitares y terceros civiles. 

Las llamadas ‘sanciones propias’ de la JEP afectan a aquellos que reconozcan temprano verdad y responsabilidad –sin ir a juicio– y consistirán en trabajos, obras y actividades que reparen el daño causado a las víctimas. En la práctica, se trata de construcción o mejoramiento de infraestructura, como vías, escuelas, centros de salud, polideportivos o centros comunitarios. También habrá sanciones de desminado, sustitución de cultivos y labores para la conectividad tecnológica de las zonas afectadas por la guerra.

Pero para acometer esa etapa la JEP requiere que antes el Gobierno amplíe el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Y que, además, ensanche sus tareas a fin de que se ocupe también de vigilar el cumplimiento de las sanciones. De momento, la Misión tiene el mandato de verificar y supervisar dos puntos del acuerdo de paz: 1) la reincorporación de los excombatientes de las Farc a la vida civil en lo social, económico y político; 2) las garantías de seguridad a los excombatientes, sus familias y las comunidades que han sufrido el conflicto armado. 

En la carta, la magistrada Linares le dice al presidente Duque: “Se hace necesario y urgente dado el avance de la operación de la JEP, especialmente de los macrocasos y, por ende, la proximidad de la imposición de las primeras sanciones, que se incluya como una de las funciones de la Misión el monitoreo y verificación de las sanciones propias que se impongan a todos los comparecientes sometidos a la JEP”. 

La petición coincide con que el mandato de la Misión está a punto de vencer. Para renovarlo, el Gobierno debe tramitar la solicitud ante el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y este debe acudir al Consejo de Seguridad. Esa delegación de la ONU en Colombia está integrada por 364 civiles, entre colombianos y foráneos, y 120 observadores internacionales policiales y militares que no portan armas. En terreno, la Misión opera en 200 municipios del país, donde se reincorporan a la vida civil 13.104 excombatientes de las Farc.

El presidente Duque ha dicho reiteradamente que prorrogará el mandato de la Misión por todo su periodo. Pero la solicitud de extender y ensanchar sus tareas aparece en un momento crítico. El partido de gobierno en el Congreso, con Álvaro Uribe y Paloma Valencia a la cabeza, insiste en impulsar un nuevo proyecto para reformar la JEP. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, alborotó el avispero al decir que convendría reformar la implementación del acuerdo. Y Cuba –país facilitador en el truncado proceso con el ELN– protesta porque el Gobierno Duque decidió ignorar los protocolos acordados, con el argumento de que no lo obligan porque los suscribió el Gobierno anterior.

El alto consejero para la Reincorporación, Emilio Archila, dice que ese contexto “de ninguna manera” tendrá incidencia en el tema de la JEP, y asegura que el Gobierno, como siempre, analiza el escenario con detenimiento antes de decidir. El mandato de la Misión vence en septiembre y los trámites oficiales para prorrogarla deben empezar un par de meses antes. Así que en los próximos días el Gobierno deberá anunciar su proceder definitivo.