De la defensa al ataque, por primera vez el Gobierno Santos denuncia al uribismo

El país está acostumbrado a que la oposición del Centro Democrático cargue con fuerza contra el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Al propio jefe de Estado lo han denunciado hasta por traición a la patria y sus ministros son blanco frecuente de los duros dardos que todos los militantes de esta colectividad -sin excepción- disparan a diario.

Corrupción, desviación de fondos, entrega del Estado al terrorismo y, entre muchos otros señalamientos, aumento desmesurado de impuestos que han empobrecido al país. En las acusaciones del uribismo al Gobierno siempre hay de todo, como en botica.

Pero ahora, y por primera vez en los casi 8 años de mandato del actual presidente, el Gobierno es el que pasa a la ofensiva. De denunciado el Ejecutivo pasó a denunciar al Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe Vélez, el hombre que llevó a Santos a la Casa de Nariño en 2010 y quien tan solo unos meses después saltó a la oposición para debilitarlo.

El protagonista de esta primera demanda gobiernista contra el uribismo es el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien acusó a la senadora Paola Holguín de calumnia, luego de que la legisladora dijera que el funcionario llevó a tener entidades adscritas a su despacho con más gastos de funcionamiento que de inversión.

Holguín, quien aspira a reelegirse a nombre del uribismo, afirmó que en Fonsecon, entidad adscrita al Ministerio del Interior, se vio un aumento grande, a su juicio, en los procesos de contratación de “apoyo profesional” y de “centros de integración ciudadana”.  

La senadora uribista es de la tesis que el “apoyo profesional” está enfocado en la contratación de personas cercanas al ministro, de extracción liberal y sucesor del también militante rojo Juan Fernando Cristo. Lo que dice es que estos procesos servirían para pagar favores políticos.

Y añadió Holguín que los “centros de integración ciudadana” son como canchas de fútbol con techo que se priorizan de acuerdo a la cercanía política de los mandatarios en donde se proyecta su construcción. Otra forma, dice, de pagar supuestos favores.

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“En 2017 solo de enero a agosto tenemos que el gasto de funcionamiento fue de $237.562.345.803 frente a una inversión de $54.000.000.000”, precisó la senadora Holguín como parte de su denuncia. Agregó que esta tendencia también se vio en años anteriores.

Una acusación de esta magnitud, basada en derechos de petición respondidos por el propio Fonsecon, fue rechazada de inmediato por Rivera. Como funcionario, toda decisión que tome debe pasar por su superior, en este caso el presidente Santos, por lo que el anuncio de una denuncia penal seguro tiene la bendición de la Casa de Nariño.

Lo que hizo el ministro del Interior fue denunciar a la senadora ante la Corte Suprema de Justicia, su juez natural, para que adopte contra la congresistas uribista las medidas que crea pertinentes en caso de que encuentre fundamento en el alegato del funcionario. En principio es por “calumnia agravada”.

En su cuenta de Facebook publicó los documentos que le entregó a la Corte Suprema: “Ustedes podrán observar el texto de la denuncia y los certificados anexos a la misma que dan cuenta de que las inversiones que aquí se realizan tienen un soporte normativo y unas reglas procesales que se han seguido rigurosamente”.

Rivera está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en el plano judicial para que Holguín rectifique o presente pruebas que sustenten lo que dijo, pero sin duda este nuevo camino que toma el Gobierno de saltar de la plaza a los estrados para responderle a la oposición es nuevo y en época electoral abre las puertas a duros debates.

Uribe dijo hace poco que Santos debería “estar preso” por el escándalo de corrupción de Odebrecht, y hasta otro expresidente, Andrés Pastrana, llevó una denuncia en ese sentido ante las autoridades. Si bien esto no ha prosperado, las respuestas siempre habían sido -hasta ahora- verbales. 

Esta demanda, además, será usada sin duda alguna por la senadora Holguín y su colegas de partido -incluyendo a Uribe- para reafirmar la narrativa de la persecución. Y es un hecho que la potenciarán en momentos en que el país renueva a su Congreso el próximo 11 de marzo y se alista para primera vuelta presidencial el 27 de mayo, dos contiendas en las que todo actor político del país tiene interés; incluyendo mandatario y expresidente.

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También es cierto que el Gobierno actual va de salida y su capital político ya se jugó a lo largo de 8 años, por lo que puede actuar con mayor libertad a la hora de tomar decisiones y medir sus impactos. Lo que se supo, además, es que la Casa de Nariño dio instrucciones de ir a los tribunales  ante casos de calumnias. Puede que la primera denuncia del Gobierno Santos contra el uribismo, seguramente, no será la última.