JUSTICIA

Odebrecht: Procuraduría investigará formalmente a exministra Cecilia Álvarez

Exfuncionaria deberá responder disciplinariamente por Ruta del Sol tramo dos y la adjudicación del proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Se agrava la situación de la exfuncionaria.

26 de abril de 2017
| Foto: SEMANA

La exministra de Transporte y de Comercio, Cecilia Álvarez, se acaba de convertir en la primera y más alta funcionaria del gobierno Santos en pasar a la etapa de investigación formal en la Procuraduría por el escándalo de Odebrecht en Colombia.

Álvarez deberá responder los interrogantes del Ministerio Público relacionados con el tramo dos de la Ruta del Sol y el proyecto con el que se buscaba recuperar la navegabilidad del río Magdalena.

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Lo que el Ministerio Público cuestiona es que Álvarez haya firmado los Conpes 3817 de 2014 de “Importancia estratégica del proyecto vial autopista ruta del sol” y el 3758 de 2013 que establecía el “Plan para establecer la navegabilidad del río Magdalena”. Ella -dice el Ministerio Público- estaría en conflicto de intereses, teniendo en cuenta que se había declarado impedida para actuar en temas relacionados con la Sociedad Portuaria de Cartagena y Buenaventura.

También se cuestiona su autorización para establecer el incremento de la tarifa de los peajes en la troncal Ruta del Sol, tramo 2, y la creación de dos peajes en el trayecto Ocaña – Gamarra. Por este caso puntual, las exministras Álvarez y Gina Parody fueron denunciadas por el Centro Democrático ante la Fiscalía.  

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La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas, entre ellas, la documentación correspondiente a Cormagdalena y al Ministerio de Transporte, así como conceptos emitidos en su momento sobre la improcedencia de la adición del contrato Ocaña-Gamarra. Para este caso existieron conceptos del Consejo de Estado y el recientemente divulgado por Néstor Humberto Martínez, en el que establecían que dicho contrato tenía que hacerse a través de licitación pública. 

Con la decisión de la Procuraduría, la exministra queda al borde de un pliego de cargos (equivalente a una acusación) dependiendo cómo avance la investigación.