La Procuraduría advierte que los crímenes de los exFarc contra los pueblos indígenas fueron más graves que lo descrito por la JEP

Son 10 los excomandantes de las Farc vinculados al macrocaso 5, en la Justicia Especial de Paz, y la Procuraduría pide a esa jurisdicción que en la imputación se utilice la calificación jurídica de los pueblos étnicos, tras advertir que su sistema describen de manera más acertada las afectaciones sufridas, “equiparables con el etnocidio y que incluso pueden ser más graves que los crímenes previstos por el Estatuto de Roma”.

La conclusión a la que llega la Procuraduría surge luego de escuchar las declaraciones de víctimas de estos hechos criminales y que anticipan una forma de violencia enfocada en razón de su situación étnica. “Esto, tras analizar las declaraciones de víctimas y comparecientes de 12 municipios del norte del Cauca y cinco del sur del Valle, que revelaron una práctica generalizada de violencia extrema contra comunidades y territorios indígenas y afrocolombianos”, dijo la Procuraduría.

Un documento de observaciones del Ministerio Público advierte que al interior del proceso hay hechos ilustrativos que demuestran una política concertada por parte de las antiguas Farc, de tal suerte que la recurrencia e intensidad de la violencia puso en riesgo de exterminio a las comunidades étnicas.

“Situación que ha sido reconocida por el Estado colombiano y que ha llevado a que se considere necesaria una calificación jurídica propia, a partir de las desarmonías denominadas por el pueblo Nasa: “fxi’zenxis ptxuçxa peba i’khnatx yuwe”, que traducida al español significa: el que viene a destruirnos y “Uma Kiwes Pxhiunxi Wee” , que significa: acabar de manera cruel con la madre tierra”, señaló la Procuraduría.

La Procuraduría demuestra, a lo largo de su análisis, que los delitos encontrados van mucho más allá de la calificación del caso dada por la JEP. Así las cosas y a partir del estudio, los expertos del ministerio público hacen las recomendaciones a la JEP para que plantee la posibilidad de asumir con los casos con ese enfoque de investigación.

“Lo hallado por el Ministerio Público, a través de los hechos cometidos por los comparecientes que son objeto de reproche en esta imputación, evidenció una intención de eliminar el grupo étnico a través de su disolución forzada y su integración a la comunidad mayoritaria”, revela el documento.

Fueron seis conductas imputadas por la JEP en el Auto y el Ministerio Público estudió otras, constitutivas de persecución, como reclutamiento forzado de menores de edad, confinamientos, desplazamiento forzado y lingüicidio, que demuestran la configuración de la citada desarmonía establecida en el derecho propio indígena.

“Para el caso particular de reclutamiento forzado de menores de edad indígenas, la Procuraduría revisó 419 casos en los que determinó que además de la comisión de este delito, las víctimas también fueron sometidas a hechos de violencia y esclavitud sexual, planificación obligatoria y abortos forzados so pena de fusilamiento”, explicó la Procuraduría.

Como si fuera poco, la Procuraduría advirtió que los asesinatos y desapariciones forzadas hubo 51.125 muertes violentas en el contexto del Caso 05, un número que es mayor a la población total de los municipios en la zona priorizada, salvo por Santander de Quilichao, Palmira y Padilla.