Procuraduría indicó que las víctimas de violencia sexual deben tener acceso efectivo a la justicia transicional

Al cierre del Tercer Congreso de Justicia Transicional, la procuradora Margarita Cabello Blanco se refirió a la escalada de violencia que afecta al país e hizo un llamado a la unidad de las instituciones para construir sobre lo construido en cuanto a la paz.

En los diálogos adelantados salieron diferentes propuestas y una de ellas fue vincular a toda la sociedad en la búsqueda de la verdad frente a los crímenes sexuales y de género, aportando testimonios y pruebas para consolidarla. Esto llegó de parte de la abogada defensora de víctimas de la Corte Penal Internacional, Paolina Massidda, quien, además, resaltó que se debe hacer un esfuerzo por evitar la impunidad y el silencio, y así lograr justicia para las víctimas con su debida reparación.

En este mismo contexto, la procuradora delegada ante la JEP, Uldi Jiménez, dijo que la sociedad tiene que estar preparada para afrontar el macrocaso 11 sobre hechos de violencia sexual y de género, que ya no es una expectativa, sino una realidad, y lamentó que las comunidades vulnerables sigan siendo afectadas por el conflicto.

Asimismo, la Procuraduría Delegada de Intervención ante la JEP entregó a esa magistratura sus observaciones frente al macrocaso 01, subcaso bloque Noroccidental de las Farc, en las que pidió que se impute a sus máximos comandantes por crímenes de lesa humanidad como esclavitud, violencia sexual, tortura y desaparición forzada, entre otros, contra menores de edad, mujeres y ancianos.

Por otra parte, es importante mencionar que la discusión giró en torno a la centralidad de las víctimas en el sistema de justicia transicional, y la necesidad de adaptar los postulados judiciales a las realidades de cada comunidad, para llegar a un proceso en donde las sanciones no solo tengan componentes de reparación y restauración, sino también contributivo en beneficio de las víctimas.

A su vez, el procurador delegado de Intervención ante la JEP, Jairo Acosta, aseguró que aún quedan muchos pendientes por resolver en la JEP antes de poder reconocer los derechos de las víctimas, por lo que esos dos años que le quedan al sistema no pueden constituirse en un límite para conseguir ese objetivo.

Cabe mencionar que aparte de hablar sobre las disertaciones sobre trabajos y obras reparadoras y el régimen de condicionalidad, el Tercer Congreso de Justicia Transicional tuvo un espacio dedicado a las mujeres como voceras y gestoras de paz.

La actriz Alejandra Borrero, quien ha trabajado desde hace años con las víctimas del conflicto, reconoció la resiliencia y el camino que han generado en búsqueda de la reconciliación y la paz, especialmente las mujeres en los territorios, representantes de etnias o comunidades afro.

Por su parte, Zeneida López, delegada de Seguimiento al Acuerdo de Paz, aseveró que el conflicto afectó a los territorios más vulnerables y empobrecidos y es en estas regiones donde deben estar enfocados los recursos. También habló de asegurar que las víctimas puedan ingresar al Sistema General de Regalías y se involucren en todo el proceso de los Programas de Desarrollo y Enfoque Territorial (PDET).

La gran conclusión de este tercer congreso la dio el delegado Acosta al asegurar que por primera vez en un evento de esta magnitud son las víctimas con sus historias, sus posiciones respecto al sistema transicional y aquellos proyectos empresariales que han emprendido para iniciar una nueva vida, quienes están en el centro.

Ante estos hechos, es importante mencionar que la Alianza Cinco Claves había realizado un llamado público a la JEP para que garantizara el acceso a la justicia de mujeres, niñas y personas LGBTQ víctimas de violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes motivados en la sexualidad de la víctima, fijando una fecha para la apertura del macrocaso 11 anunciado el pasado julio de 2022 mediante el Auto SRVR 103 de 2022.