Sorpresivo interés de la Procuraduría por guerrilleros enfermos

Son comunes las andanadas del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, al proceso de paz ante cualquier cosa que parezca ser una concesión a las FARC, como lo fue el indulto otorgado recientemente a 30 guerrilleros presos. Por ello, resulta sorprendente su última petición, en la que pide la excarcelación de algunos miembros de ese grupo armado ilegal.

Según la Procuraduría, hay decenas de insurgentes que pagan condenas en diversos penales del país y deben ser puestos en libertad a la mayor brevedad, en vista de las enfermedades graves que padecen. Así se lo hizo saber el organismo de control a los Ministerios del Interior y el de Justicia, a la Fiscalía, al Inpec y a Caprecom.

A propósito de la huelga de hambre anunciada por exintegrantes de las FARC que permanecen privados de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, el organismo de control adelantó un estudio sobre las condiciones de salud que enfrentan muchos de ellos. Los resultados reflejan que decenas de ellos sufren enfermedades graves que no pueden ser tratadas en las cárceles.

Teniendo en cuenta que la intención del Gobierno es la de conceder indultos a guerrilleros que han sido condenados, la Procuraduría cree que los enfermos deberían tener la prioridad. A juicio de la entidad, no conceder la libertad a estas personas implica desconocer el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Para el Ministerio Público, el deber que tiene el Gobierno de conceder este tipo de beneficios en aras de la conquista de la paz implica valorar especialmente la situación de los integrantes de grupos armados ilegales que padecen situaciones de calamidad tan apremiante como esta.

¿Cambio de actitud?

El tono de este pronunciamiento del organismo de control es muy distinto al de la carta que el procurador Ordóñez le dirigió al Gobierno cuando conoció su anuncio sobre la liberación de 30 guerrilleros condenados. En ese entonces, se refirió exclusivamente a las limitaciones a las que se enfrentaba el Ejecutivo ante ese tipo de indultos.

En ese entonces, Ordóñez aclaró que la concesión sólo podía ser para guerrilleros condenados por delitos políticos. Eso significa que, a juicio de la Procuraduría, sólo podían ser indultados responsables por delitos como la rebelión o la asonada.

De ahí que la decisión no podía cobijar a sentenciados por delitos comunes, lo que para esa entidad significaba que los juzgados por narcotráfico tampoco podrían ser objeto del beneficio.

Cabe recordar que en esa misma comunicación el procurador señaló que los indultados debían comprometerse a renunciar a las FARC. Si quienes terminan siendo beneficiarios son personas en grave estado de salud, lo más probable es que no tengan cómo dejar de cumplir con esa condición que Ordóñez pretende que se les imponga a los candidatos al perdón judicial.