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La Procuraduría pide que el hacker Sepúlveda se quede por fuera de la JEP

El Ministerio Público asegura que sus delitos de espionaje al proceso de paz no tienen relación con el conflicto interno, y que la justicia ya se pronunció sobre su solicitud de amnistía.

30 de abril de 2019
El hacker Sepúlveda a pedido su entrada a la JEP.

Andrés Sepúlveda, sentenciado a 10 años de prisión, ha buscado con insistencia la amnistía a través de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Procuraduría acaba de emitir un concepto en el que asegura que el hacker condenado por espionaje, concierto para delinquir y otros tres delitos informáticos, no cabe por la puerta de la justicia transicional.

El Ministerio Público asegura que las conductas delictivas en las que incurrió Sepúlveda no tienen conexión con el conflicto armado, "y no constituyen una contribución al esfuerzo de guerra de alguno de los actores del conflicto". El hacker fue el protagonista de un escándalo en el contexto de las elecciones presidenciales de 2014, cuando se le descubrió en medio de una trama de espionaje a los negociadores de paz en La Habana, miembros de las Farc, entre otros.

Por eso, su defensa había argumentado que sus actuaciones tuvieron una connotación política. La información que pretendía recaudar de los organismos del Estado tenía como destinatario al Centro Democrático, para adelantar sus estrategias políticas de cara a las elecciones, le dijeron en su momento a la JEP.

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El otro argumento de la Procuraduría en contra de la solicitud del hacker es que la justicia ordinaria ya le había negado los beneficios de la JEP, y que esa decisión no puede ser modificada ahora. "Las solicitudes de beneficios resueltas por la justicia ordinaria antes del 15 de enero de 2018, fecha en que empezó a funcionar la JEP, son cosa juzgada y no pueden ser modificadas en un nuevo proceso", explicó el ente en un comunicado.

Aunque se le negó en un principio su entrada a la JEP, Sepúlveda volvió a solicitar el ingreso, diciendo que aportaría toda la verdad del caso. Y es a esa petición a la que se opone el Ministerio Público.

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"La Jurisdicción Especial para la Paz no puede convertirse en otra instancia contenciosa para revivir los debates probatorios o jurídicos que los procesados ya perdieron en la jurisdicción ordinaria, o para buscar la suspensión de los procesos, cuando los hechos no tienen ninguna relación con el conflicto y por lo tanto no son de competencia de la JEP", aseguró la Procuraduría.

La JEP, que tomará la decisión final en el caso del hacker, le pide a los civiles que se postulan que presenten un proyecto sobre la verdad que pueden aportar en sus casos, y que no ha sido revelada en otras instancias. La Jurisdicción evaluará el caso, seguramente teniendo en cuenta también el concepto de la Procuraduría.