La propuesta de Uribe de derogar la JEP vuelve a sonar mientras la CPI aplaude al tribunal de paz

“Es una vieja propuesta nuestra”, admitió el propio exsenador Álvaro Uribe en varias entrevistas radiales este martes cuando explicó uno de los elementos más críticos de su borrador de referendo que incluye anular la Jurisdicción Especial de Paz. Al respecto, agregó: “En cuanto a la JEP, es una vieja propuesta del partido, ahí hay la opción de que se discuta si se mantiene con unas reformas de fondo o se deroga".

En la entrevista con Blu Radio, a Uribe le preguntaron de qué forma una eventual derogación de la JEP o la creación de una supercorte –otra de las ideas que contiene el borrador– contribuiría a resolver los problemas de impunidad que aquejan a los ciudadanos del común. Ante eso, el exsenador del Centro Democrático respondió: “¿Cómo tenemos una justicia más cumplida? Nosotros pensamos que esa reforma arriba puede ayudar mucho a irradiar hacia abajo una mejor justicia”.

La JEP lleva apenas tres años operando y está ad portas de empezar a dar resultados concretos en cuanto a juzgamiento con los primeros escritos de acusación en asuntos tan importantes como los secuestros y los falsos positivos. A la fecha hay 12.600 personas sometidas a la JEP, han abierto siete macrocasos con más de 380.000 víctimas acreditadas, han realizado más de 100 audiencias y han escuchado alrededor de 430 versiones. En el caso 007, que se ocupa del reclutamiento de menores, también hay avances significativos. Ese expediente, si sigue su curso habitual, podría señalar responsables en tres años desde su inicio.

Además, contrario a lo que se dice, la JEP no es un tribunal creado para resolver los líos judiciales de los exguerrilleros. 2.730 miembros de la fuerza pública que han cometido graves delitos en el conflicto están expiando sus culpas en la JEP y de esos, 241 han logrado salir de la cárcel en libertad anticipada.

De otra parte, aunque el cronómetro señala tres años de operaciones de la JEP, en realidad el primero estuvo enredado por cuenta de los mil bemoles que se presentaron desde el Congreso. Los peros, precisamente, fueron liderados por el partido del expresidente Uribe. De una parte se trató de impulsar todo un paquete de enmiendas a la jurisdicción, conocidas como objeciones a la JEP. Ese propósito terminó derrotado y aún se cuestiona que el gobierno Duque haya gastado sus energías políticas en el primer semestre de mandato en ese empeño.

Pero el uribismo también se opuso férreamente a la expedición de la ley estatutaria de la JEP. Este es el paquete de normas que contiene los procedimientos, pautas y disposiciones que requieren los magistrados del tribunal de paz para cumplir su labor. El naufragio de las objeciones y los palos a la rueda de la ley estatutaria implicaron valioso tiempo perdido.

De cualquier forma, las posturas a favor y en contra en el Congreso son parte del juego de poderes y contrapoderes, de eso se trata la dinámica del Legislativo. Sin embargo, con la nueva insistencia de Uribe –ahora en forma de borrador de referendo– resurge un debate que el país suponía superado.

La propuesta aparece cuando se está dando relevo en la presidencia de la JEP. La presidenta Patricia Linares entregó este lunes su informe de gestión en un acto que estuvo encabezado por el procurador Fernando Carrillo.

El jefe del Ministerio Público afirmó que “en estos tres años de existencia la JEP ha hecho más de lo que ha hecho la justicia ordinaria en toda su historia en materia de esclarecimiento de hechos graves del conflicto armado”. Y tras agradecerle a la presidenta saliente, y lanzar una pulla contra el Gobierno por restringir los recursos para la jurisdicción, pidió que “dejen trabajar en paz a la JEP”.

Por su parte, James Stewart, vicefiscal de la Corte Penal Internacional, durante el Encuentro Internacional “Respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas” aseguró que la justicia transicional y la justicia de la CPI no riñen la una con la otra. Por el contrario, si se desarrolla un trabajo articulado, Colombia no solo logrará perfeccionar un modelo que busca investigar y enjuiciar a los máximos responsables de los delitos cometidos en el marco del conflicto, sino que “terminará siendo referente para el mundo”.

Para el representante de la fiscalía del tribunal internacional, la coordinación que se ha dado con la JEP está enfocada “sencillamente en entender cuáles son los procesos que se llevarán a cabo en un país que terminó siendo pionero en el diseño de un sistema que incluyó toda una gama de mecanismos, utilizados por las sociedades, para lidiar con el legado de violaciones graves a los derechos humanos y lograr que haya rendición de cuentas, justicia y reconciliación”.

A ese mismo argumento se sumó la jueza de la CPI, Luz Ibáñez Carranza. Para ella, “ambas jurisdicciones apuntan a sancionar y prevenir atrocidades masivas. Una tarea noble, pero sumamente ardua. Como dirían: es como apuntar a un blanco en movimiento”. Ibáñez agregó que “es falsa la presunta dicotomía entre justicia y paz. La una no está divorciada de la otra. Es más, la justicia es base y pilar fundamental para una paz estable y duradera”.

Así que mientras el expresidente Uribe insiste con darle una estocada a la JEP, la Corte Penal Internacional manifiesta apoyo y compromiso con esta jurisdicción.