La puerta giratoria

La puerta giratoria es como se le conoce a la práctica de funcionarios que saltan del sector privado al público, o viceversa. Aunque esto siempre ha existido en Colombia, en las últimas semanas se ha vuelto el centro de la polémica por las denuncias contra altos funcionarios del gobierno anterior que pasaron en menos de un año al sector privado y porque con la promulgación del nuevo Estatuto Anticorrupción, sancionado por el presidente Santos la semana pasada, el tiempo que deben esperar los altos funcionarios del gobierno para buscar empleo en el sector privado aumentó de uno a dos años.

La pelotera se armó porque la red de veedurías ciudadanas denunció ante la Procuraduría a tres de los exministros del gobierno Uribe: Hernán Martínez, quien fue titular de la cartera de Minas y Energía; Luis Guillermo Plata, de Comercio, y el excanciller Jaime Bermúdez, que salieron de sus cargos y, sin haber cumplido el año que exigía el Código Disciplinario, ingresaron a las juntas directivas de la minera Medoro, del Grupo Bavaria y del Grupo Sura, respectivamente. El debate se acaloró en Twitter cuando el expresidente Uribe defendió a punta de trinos a sus exministros y criticó al ministro del Interior y de Justicia, principal impulsor de esta ley, y se terminó de calentar en los medios de comunicación, que han ido revelando cada vez más nombres de otros exfuncionarios que saltaron a empresas privadas, la mayoría del sector minero energético.

El debate de la puerta giratoria es de fondo y está lleno de matices. Por un lado, es indispensable reglamentar el conflicto de intereses que pueden tener exfuncionarios de cierta jerarquía con acceso a información privilegiada y por las funciones que desempeñaron. Por otro lado, también hay que considerar el tiempo que debe esperar un funcionario desde que renuncia a su cargo para rehacer su vida en el sector privado. Y es justo en este punto donde la discusión se vuelve más difícil.

El país es signatario de la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción de la OEA, desde 1996. Este organismo les hace seguimiento y evaluaciones periódicas a las acciones que los países deben emprender, sobre todo en materia legislativa. Según una funcionaria del gobierno que ha asistido a las reuniones de la OEA, "el tema de la puerta giratoria siempre era uno de los ítems importantes de discusión, y parte de las recomendaciones de las convenciones era la ampliación del término". El proyecto original del Estatuto Anticorrupción, de hecho, sugería una inhabilidad de tres años, pero en las discusiones en el Congreso se acordó que dos era un tiempo intermedio sano, pues el Código Disciplinario Único establecía que había que esperar un año.

El aumento del tiempo de inhabilidad ha suscitado preocupación en los pasillos de las entidades públicas, pero también entre otros sectores que consideran que la medida desincentiva que nuevos talentos se vinculen laboralmente al Estado, que de por sí no ofrece las mejores condiciones, especialmente por los bajos salarios, pero también porque ante tanto escándalo de corrupción, hay temor entre las nuevas generaciones de que puedan terminar empapelados. Resulta irónico, porque tal vez nunca como ahora se necesitan personas calificadas y honestas trabajando por el país. Ante estas consideraciones, cabe preguntarse: ¿qué tan conveniente y necesaria es una norma como esta para un país con instituciones débiles y desprestigiadas, presas de las cuotas políticas y de prácticas burocráticas, pero al que le faltan funcionarios con buena formación y experiencia en otros sectores?

Otros países también se hacen esta pregunta desde hace varios años. En el Japón les dicen amakudari, que significa "caídos del cielo", a los empleados públicos de alto nivel que al cumplir los 50 años salían a buscar altos cargos en las empresas privadas para retirarse, especialmente en el sector financiero. Esta práctica desencadenó una crisis en 1996, porque los bancos donde trabajaban los amakudari incentivaron a los japoneses a endeudarse para comprar vivienda, que no tenían cómo pagar. La falta de vigilancia y control del Ministerio de Finanzas, de donde venían los altos ejecutivos, propició la crisis que le costó al Japón más de 65.000 millones de dólares.

La misma historia se repitió hace dos años en Estados Unidos, en donde la puerta giratoria entre Wall Street y Washington ha sido en parte culpable de la crisis financiera que no solo afectó a este país, sino al mundo. Más de 25 funcionarios han pasado de los bancos a la Casa Blanca durante los mandatos de Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush y Barack Obama. Los más célebres son Robert Rubin y Hank Paulson, ambos exdirectores de Goldman Sachs y luego secretarios del Tesoro de Clinton, de Bush y de Obama, respectivamente.

Este escándalo y el de más de doscientos funcionarios del Pentágono que pasaron a trabajar con contratistas militares entre 1997 y 2004 motivaron a Estados Unidos a endurecer sus leyes contra la puerta giratoria en los últimos cinco años, y para ciertos cargos hoy existe un periodo restrictivo de dos años. No obstante, esta ley sigue siendo blanda al lado de la de países como Francia, donde hay restricciones de tres años o hasta de por vida en algunos casos, y que castiga el incumplimiento con dos años de cárcel y multas de 30.000 euros. En España existe una oficina dedicada a evaluar el potencial conflicto de intereses de los futuros empleados, y luego de que salen de sus cargos les hacen un seguimiento riguroso a sus declaraciones de renta y deben esperar hasta tres o cuatro años antes de ingresar al sector privado.

Pero en Colombia no existe un servicio público bien remunerado, de carrera y calificado, como en estos países europeos. Al contrario. Según lo demuestran los estudios de Transparencia por Colombia, de 159 entidades públicas evaluadas, en 66 de ellas la mitad de los funcionarios son contratistas, así cumplan funciones misionales. Como la puerta giratoria solo cobija a quienes son "servidores públicos", se abre un boquete en la norma y es posible que esta modalidad de contratación se utilice más ahora para quienes quieran utilizar estos cargos como trampolín para saltar al sector privado inmediatamente después, sin tener que esperar dos años.

La mayoría de funcionarios conoce las normas, pero también las trampas, y frente a los tiempos de inhabilidades que buscan ponerle una talanquera a la puerta giratoria se han visto todo tipo de casos. Hay quienes han seguido la norma al pie de la letra, los que afirman que la ley depende de cómo se interprete y los que la rompen de frente o soterradamente.

Una de las exfuncionarias que no están de acuerdo con la forma en que los medios de comunicación han presentado el dilema e interpretado la norma es la exviceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico, Acueducto y Alcantarillado del Ministerio de Medio Ambiente Leyla Rojas. Ella pasó a trabajar como gerente general de Sostenibilidad de la empresa minera MPX un mes después de que salió del Ministerio. "No conocí a este grupo empresarial antes, fue a través de 'head hunters' que me contactaron, y para conocer más de la compañía, me tocó 'googlear'. En el proceso de contratación, que fue muy largo, definieron que no había inhabilidades para mi vinculación", dice.

Este punto del nuevo Estatuto solo cobija a los funcionarios que cumplieron funciones de inspección, vigilancia, control o regulación en la entidad a la cual estuvieron vinculados. Esta definición ha sido utilizada para justificar la presencia de los tres exministros que hoy ocupan sillas en las juntas directivas donde no hay un conflicto de intereses aparente. Pero como lo explica el congresista Germán Barón, quien fue ponente del Estatuto Anticorrupción, las juntas directivas son las que definen el rumbo de las empresas y las que toman las decisiones, por eso pueden ser hasta más importantes que un gerente.

Hasta aquí, los casos discutibles. Entre los casos más dramáticos de puerta giratoria está el del exdirector de Ingeominas Julián Villarruel. Ocho meses después de salir de la dirección, el 6 de septiembre de 2007, fue nombrado primer director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Minería, una asociación de compañías mineras exploradoras creada para "realizar 'lobby' con agentes del sector público y privado", entre otras actividades, según las propias actas de su junta directiva. Un año después se fue a trabajar a la empresa B2Gold y ahora dirige el proyecto Gramalote CL, que comparte Anglo Gold con otra empresa minera, desde 2008. Según la empresa, su cargo actual es "en asuntos que no se relacionan con sus funciones en el sector público".

Como lo recordó el experto en corrupción Robert Klitgaard, invitado a la sanción del Estatuto Anticorrupción, las personas que se vinculen al sector público no lo deben hacer pensando en el sueldo que van a dejar de recibir, sino en servirle por un tiempo al país, como quienes cumplen con el servicio militar. Un periodo posterior de dos años de trabajo en fundaciones, organismos internacionales o desde la academia es una manera honorable de continuar con esa vocación de servicio, en la que se puede compartir una experiencia valiosa como es haber sido director de una entidad pública.

Esta es una noble teoría, pero con ribetes de irrealidad, sobre todo entre los funcionarios más jóvenes, sin tantos pergaminos académicos y de menor rango, que sufren al pensar que tendrán que estar dos años en retiro forzoso y sin sueldos competitivos mientras sus pares en el sector privado ascienden. Por otro lado, quienes han trabajado para entidades mixtas o del Estado son los que más saben en algunos campos científicos y es legítimo que ellos puedan desempeñarse posteriormente en el sector privado si creen que desde allí pueden crecer profesionalmente y encontrar mejores sueldos. Según Lasillavacía.com, varios funcionarios que comparten algunos de estos argumentos y que no tenían claridad sobre cómo quedaría reglamentada la ley renunciaron a sus cargos en entidades como el INCO, la semana pasada, para no quedar inhabilitados.

Frente al dilema de la puerta giratoria y el conflicto de intereses, ¿cuál es entonces la solución? En este debate no hay fórmulas mágicas ni la cosa es blanca o negra, pero una idea que se ha contemplado desde hace años en el país es aumentar los salarios de los empleados públicos, como lo hicieron en Singapur, o continuar pagándoles un año más de salario a los funcionarios mientras se les cumple su periodo de inhabilidad, como en España. Pero pensar en aumentar los salarios en un país como Colombia, donde el 80 por ciento de los colombianos vive con menos de cuatro salarios mínimos, es políticamente inviable. La necesidad de aumentar los salarios de los cargos medios y altos del gobierno, que sin duda estimularía que personas de alto perfil y sólida preparación se lancen al sector público, se enfrenta a la realidad de un Estado pobre y de un país lleno de necesidades.

Otra idea es jugársela con medidas preventivas como la inhabilidad de dos años y que los órganos de control impongan sanciones ejemplarizantes y efectivas a los funcionarios corruptos, pero también a las empresas privadas que son cómplices. "Hay que desbaratar el mito de que solo los funcionarios públicos son corruptos", dice Elizabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia. Solo de esa manera volverá a restablecerse el honor del servicio público, y tal vez así, al contrario de los japoneses que buscan empleo en la empresa privada luego de años de experiencia como servidores públicos, los mejores colombianos terminarán poniendo su experiencia al servicio del Estado.