LA PUNTA DEL ICEBERG

El miércoles 29 en la mañana estaba reunida toda la pesada. Encabezado por el procurador general de los Estados Unidos, Richard Thornburgh, el grupo incluía también al jefe de la agencia antidrogas norteamericana, DEA, John Lawn, y a las cabezas del FBI, la administración de impuestos (IRS) y la aduana. La rueda de prensa para la cual se habían dado cita tenía por objeto hacer público lo que Thornburgh calificó como "el mayor golpe dado por nuestro gobierno al lavado de dólares provenientes del narcotráfico". La operación que había permitido semejante éxito, tenía un nombre sugestivo que indicaba que lo que estaba saliendo a flote podía no ser más que el principio de la historia. En efecto Polar Cap bien podía traducirse como "la punta del iceberg". Y el iceberg en este caso parecía llegar bastante hondo.

Para Colombia, la noticia hubiera podido ser una de las tantas en las cuales se repiten, desde Washington u otras ciudades norteamericanas, nombres como el del cartel de Medellín, Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa, etc. Pero un elemento le daba una vuelta de tuerca al asunto, que lo convertía en algo realmente excepcional. Se trataba de la vinculación a la lista de acusados por el gobierno norteamericano, de las oficinas de Panamá y Colombia del Banco de Occidente, entidad que aparecía como eslabón clave de un complejo montaje de vasos comunicantes que habría permitido, según las autoridades de EE.UU., el lavado de más de 1.200 millones de dólares entre 1987 y 1988.

La sorpresa en Colombia se debía a que posiblemente ninguna entidad financiera del país gozaba de un prestigio tan grande como el Banco de Occidente que, bajo la conducción del constructor Luis Carlos Sarmiento Angulo, se había convertido en el banco de mostrar, en el mejor ejemplo de manejo sano de la cartera y posiblemente, en el único que había logrado sobrepasar, sin romperse ni mancharse, la grave crisis financiera de la primera mitad de la decada, que determinó que, en un momento dado, tres cuartas partes del sistema bancario nacional hubieran sido virtualmente nacionalizadas. Seguramente fue ese mismo prestigio el que permitió que --a pesar de los titulares de prensa y de las noticias de radio y de televisión --el banco siguiera contando al final de la semana, con el respaldo de sus clientes.

LA ACUSACION
La información dada a conocer en Colombia sobre el caso era antes que nada confusa. En ninguna parte se explicaba con un mínimo de claridad cómo resultaba implicado en la operación el Banco de Occidente, pues a pesar de que el gerente general y la jefe de cuentas de la filial del banco en Panamá, aparecían involucrados, muchos no entendían cómo se podía extender la acusación al banco como entidad en Colombia. SEMANA conoció el texto completo del indictment (pliego de cargos) de la investigación presentado en una corte de Atlanta, y pudo así develar ésta y otras partes esenciales de la historia.

La operación Polar Cap fue un trabajo coordinado de la DEA, el FBI y las administraciones de impuestos y aduana de los Estados Unidos. Por lo menos dos agentes encubiertos de la DEA fueron infiltrados en la organización llamada "La Mina" que, según las autoridades norteamericanas, actuaba bajo las órdenes de Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa y Gustavo Gaviria, como cabezas del cartel de Medellín, con el fin de introducir y distribuir cocaína en los Estados Unidos, y sacar de ese país los beneficios en dólares de estas ventas ilegales.

"La Mina" contaba con un grupo de operadores a órdenes del cartel que, según las autoridades de Washington, son los colombianos Gerardo Moncada, Eduardo Martínez, Jaime Alberto Parra, Juan Carlos Ospina y Jorge Quintero, con quienes estuvieron en permanente contacto los agentes encubiertos durante más de dos años. Moncada era, según la acusación, el encargado de manejar la distribución de la droga en Estados Unidos, así como la recolección y transferencia de los dólares producto de las ventas, desde los centros de distribución, hasta el Banco de Occidente Panamá. Martínez trabajaba básicamente en Medellín y Panamá, con el encargo de coordinar el manejo de los fondos en la cuenta del Banco de Occidente Panamá, y su transferencia a Colombia, Uruguay, Francia, Luxemburgo, España, Alemania, Suiza y algunos países de la comunidad británica, lo que revelaría hasta dónde llegan las ramificaciones de la organización, en una sorprendente lista de países a donde, al parecer, se han extendido las inversiones del cartel.

Según la información reunida por los agentes encubiertos --que incluye grabaciones, documéntos, números de cuentas corrientes en distintos lugares del planeta y nombres de otros implicados--, Martínez y otros miembros de la organización --incluidos los propios agentes encubiertos --estaban en permanente y directo contacto con William Guarín Pulecio, gerente general del Banco de Occidente Panamá, y la jefe de cuentas corrientes de esa entidad, Carmen Clara García de Paredes. Con base en el indictment, SEMANA logró establecer la siguiente lista, con los principales elementos en que se basa la acusación contra los dos altos ejecutivos del Banco de Occidente Panamá, y que habrían sido descubiertos por los agentes secretos que se infiltraron en la organización:

*En julio del 87, bajo la conducción de uno de los sindicados, Juan Ospina, la organización abrió la cuenta "Integrated Financial Group" en el Banco de Occidente Panamá, con la colaboración de Clara García.

*En octubre 27 del mismo año, en Medellín, Francisco Serrano --otro de los implicados-- y Eduardo Martínez conversaron sobre la operación de lavado de dólares que se estaba coordinando desde Atlanta. Martínez presentó extractos bancarios que reflejaban operaciones de lavado de más de 12 millones de dólares e indicó que el resto de las operaciones debían ser conducidas a través de Clara García en el Banco de Occidente Panamá.

*En enero del 88, en las oficinas del Banco de Occidente, en Panamá, Martínez presentó a un agente encubierto a William Guarín y Clara García, con quienes discutieron las actividades de lavado de dólares a través de ese banco. Clara García dio consejos y prestó asesoría sobre cómo podía hacerse más eficiente la operación de lavado de dólares. La misma mujer entregó documentos para que fueran firmados por el agente encubierto, destinados a prevenir un rastreo de la operación por parte de las autoridades norteamericanas.

*Poco después, Martínez le dijo al agente encubierto que él le había pagado dinero a William Guarín y Clara García para que protegieran el dinero lavado de una posible incautación por parte de las autoridades panameñas, que en esos momentos habían comenzado a congelar cuentas bancarias debido a la crisis cambiaria que se estaba presentando en Panamá, como resultado de los problemas entre el general Manuel Antonio Noriega y e gobierno norteamericano.

*En marzo del 88, en Aruba, Martínez y otro implicado se reunieron con dos agentes encubiertos, para discutir algunos aspectos de la operación "La Mina". Uno de los implicados dijo que debido a la inestabilidad política de Panamá en esos días, él y Martínez habían estado en constante comunicación con Clara García, para discutir si el banco seguía en capacidad de prestar el servicio de lavado, a pesar de la situación panameña y de las medidas tomadas por el gobierno del istmo.

*Poco después, aún en Aruba, Martínez habló con los agentes encubiertos sobre algunos problemas que había tenido la operación en Atlanta. Martínez le sugirió a los agentes encubiertos que entraran en contacto con Clara García y William Guarín, "quienes podían prestarles asesoría técnica" sobre el asunto. Agregó que los dos funcionarios del Banco de Occidente Panamá "era gente de confianza, que sabía y entendía lo que él estaba haciendo, y que, en beneficio del Banco de Occidente, le había prestado a Martínez un buen servicio por más de diez años".

*Ese contacto de los agentes encubiertos con Clara García se produjo días después. Los agentes la llamaron por teléfono desde Atlanta a Panamá. Ella les dijo que el Banco de Occidente Panamá no creía que fuera una buena idea abrir una cuenta a nombre del banco en Atlanta, como se había pensado inicialmente.

*En octubre del 88, en Panamá, Clara García dijo que "su junta directiva estaba supervisando personalmente todas las transferencias de dinero; y que el banco y sus directivas habían sido amenazados por los "dueños" del dinero para que descongelaran las cuentas que habían sido congeladas por el gobierno panameno". Clara García dijo a un agente encubierto que, con la situación que estaba viviendo Panamá, ni ella ni el banco podían garantizar la protección del dinero proveniente de las operaciones de lavado. Ella le aconsejó al agente encubierto que buscara otro banco.

Hasta aquí, a pesar de que los hechos y conversaciones de que fueron testigos los agentes encubiertos son a veces confusos --como en el caso de las amenazas al banco por parte de los "dueños" del dinero--, lo que sí parece quedar en claro es que Guarín y en especial Clara García, no sólo eran conscientes de que estaban participando en una operación de lavado de dólares, sino que en ocasiones asesoraban a Martínez y a otros miembros de la organización sobre cómo optimizar el mecanismo.

Lo que no parece para nada claro es la vinculación del Banco de Occidente de Colombia, que tiene sede en Cali, y que también fue acusado ante la Corte de Atlanta como coparticipe en la operación. La clave de esta última acusación podría estar en otro de los puntos del indictment, que dice: "En un día cercano al 23 de febrero de 1989, a través de una llamada telefónica entre Allanta y Medellín, Eduardo Martínez informó a un agente encubierto que Clara García le había dicho que no usara por ahora el Banco de Occidente Panamá, pues el presidente del Banco de Occidente Cali había ordenado que el banco no aceptara más dinero de Martínez, ya que el banco estaba bajo sospecha de lavar dinero de narcotráfico y el banco no quería un cuestionamiento adicional".

El presidente del Banco de Occidente Cali era y sigue siendo Francisco Castro, con quien SEMANA trató infructuosamente de comunicarse en repetidas oportunidades entre el jueves y el viernes de la semana pasada. En este punto surge por lo menos una pregunta: si es verdad que Castro pidió que no se le recibiera más dinero a Martínez, porque el banco estaba bajo sospecha de lavar dólares, ¿qué tan consciente era Castro de la procedencia del dinero? Para las autoridades norteamericanas esta duda no parece existir, ya que en uno de los apartes del indictment acusa tanto al Banco de Occidente Panamá como al Banco de Occidente Cali de "facilitar voluntaria y conscientemente el encubrimiento y transporte" del dinero lavado.

LO QUE VIENE
En las horas que siguieron a la publicación de las noticias, el banco emitió dos comunicados, uno el miércoles y otro el viernes. En el primero, negó todos los cargos: "El Banco de Occidente desmiente categóricamente cualquier participación en el lavado de dólares (...) y está en capacidad de explicar cada una de las actuaciones y operaciones bancarias..." En el segundo, el tono cambió ligeramente: "Si acaso hemos sido víctimas inadvertidas en el trámite de fondos que puedan haber tenido vinculaciones con actividades ilícitas, esto se ha dado sin nuestro conocimiento, ni participación intencional y de ser así, en desafío de las claras políticas establecidas por la organización a este respecto". La confusión era explicable. El primer comunicado había sido redactado antes de que el banco conociera los cargos, mientras que el segundo se escribió cuando, al parecer las directivas de la entidad tenían mayores detalles.

Al final de la semana quedaban flotando en el ambiente muchos interrogantes. Uno de ellos, relacionado directamente con la investigación, era si los funcionarios del Banco de Occidente de Panamá, que fueron retenidos el viernes por las autoridades panameñas, habían actuado en las operaciones sin informar a las directivas y al banco en Cali, como parecía sugerirlo el segundo comunicado de la entidad. Este es uno de los muchos asuntos sobre los que en mucho tiempo y mientras se desarrolla juridicamente el proceso iniciado con la demanda instaurada por las autoridades norteamericanas en Atlanta, no se podrá decir la última palabra. Un segundo interrogante es posible que empiece a resolverse más pronto: aparte de la acusación y del congelamiento de cuentas del Banco de Occidente en bancos de los Estados Unidos, ¿qué efectos puede tener el caso en las importantes actividades internacionales que desarrolla el banco? Para la entidad, como puede leerse en el comunicado del viernes, "la congelación de recursos ordenada, que consideramos una emboscada arbitraria y desmedida, no afecta la capacidad del Banco de Occidente, ni de su filial en Panamá, para atender de manera oportuna y completa a todos y cada uno de los compromisos que se hagan exigibles con la clientela y con los bancos corresponsales".

Pero más allá de todo esto, también surgen interrogantes sobre la actitud de las autoridades norteamericanas en este caso, así como en otros en el pasado. Es evidente que la compleja operación de lavado de dólares en la cual, según la acusación, habría participado el Banco de Occidente no podría haberse realizado sin el concurso de numerosos bancos norteamericanos desde cuyas oficinas en varias ciudades de los Estados Unidos se hacían las transferencias a Panamá. ¿Acaso esos bancos norteamericanos fueron asaltados en su buena fe? El hecho es que contra ellos, las autoridades de EE.UU. no instauraron demanda alguna, al contrario de lo que sucedió con el Banco de Occidente, que desde este punto de vista aparece como una especie de chivo expiatorio de la situación. Seguramente el caso obligará a los bancos colombianos que poseen filiales en Panamá a establecer una serie de controles para evitar verse, en el futuro, implicados en una acusación similar a la que hoy enfrenta el Banco de Occidente. No en vano el indictment asegura que la filial del Banco Ganadero en Panamá habría comenzado a recibir consignaciones del implicado Eduardo Martínez, cuando surgieran los problemas con el de Occidente.

Sin embargo, lo único que no plantea interrogante alguno es el hecho de que, definitivamente, los perjuicios que el problema del narcotráfico le sigue causando a Colombia resultan cada vez más difíciles de manejar. Se supone que, debido a los gigantescos niveles de consumo de cocaína en los Estados Unidos, el negocio está moviendo anualmente en ese país unos 150 mil millones de dólares. Según las investigaciones norteamericanas, "La Mina" --posiblemente la más importante organización de lavado del cartel de Medellín-- habría limpiado en dos años 1.200 millones de dólares menos del 1% del total de los dólares que mueve en EE.UU. el negocio de la coca en un solo año. ¿Quién lava el resto? ¿Dónde se invierten esas gigantescas cantidades, ya que se calcula que a Colombia no llegan más de mil millones de dólares al año? Y, finalmente, ¿qué hacen las autoridades norteamericanas para romper los eslabones no colombianos de la cadena? Mientras estos puntos no se aclaren, e independientemente de la responsabilidad que a individuos y organizaciones colombianas les quepa en el asunto, Colombia seguirá sintiendo que es el principal, si no el único "paganini" del problema del narcotráfico en el mundo.-